El Proyecto de Ley de la Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo, que está en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), refuerza las medidas de control en el marco de las normas vigentes y se adapta a las 40 Recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), señaló este martes el Ministerio de Economía y Finanzas Pública.

“Se realiza esta aclaración luego de las declaraciones del senador de Comunidad Ciudadana, Rodrigo Paz, quien asegura que este proyecto de ley, según su criterio, estaría otorgando atribuciones irrestrictas a la UIF, aspecto no coincide con la esencia de la norma”, indicó esa Cartera de Estado mediante una nota de prensa.

El proyecto de ley pretende integrar, organizar y coordinar los esfuerzos de todas las entidades involucradas en el combate de las actividades delictivas de Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento al Terrorismo, a efectos de generar sinergias que permitan potenciar y hacer más eficaz el combate de esos delitos.

“Este proyecto de ley contempla actividades para instituciones públicas y bajo ninguna forma constituye un instrumento de persecución política, ni sindical, ni comercial, sino por el contrario es una decisión de Estado que busca proteger a la sociedad y su economía de los efectos nocivos de estos actos delictivos”, señala la nota.

Agrega que el no contar con medidas de prevención y detección oportunas, conlleva a que en el futuro el país incumpla los estándares internacionales mencionados, lo cual se traducirá en sanciones con consecuencias negativas para Bolivia, como ser restricciones para el sistema financiero y la economía nacional, convertidas en mayores exigencias en transacciones financieras internacionales que afectarán al sector empresarial y repercutirán en operaciones cotidianas que realizan los bolivianos como ser las remesas, transferencias, giros y operaciones de comercio exterior.

En noviembre de 2021 el Estado Boliviano será sometido a una evaluación del cumplimiento de las 40 recomendaciones emitidas por el Grupo de Acción Financieras Internacional. 

Marco normativo

En el marco de lo dispuesto en la Ley N° 393, de 21 de agosto de 2013, la UIF tiene como atribuciones investigar los casos en los que se presuma la comisión de delitos de legitimación de ganancias ilícitas, financiamiento al terrorismo y otros de su competencia; y realizar el análisis, tratamiento y transmisión de información para prevenir y detectar los delitos relacionados. 

“A tal efecto, puede solicitar información sobre actividades inusuales o sospechosas vinculadas a la Legitimación de Ganancias o Financiamiento del Terrorismo y no así de forma irrestricta, como desafortunadamente refleja la publicación realizada”, indica el reporte.

La nota explica que la facultad de realizar acciones de oficio se encuentra prevista desde la gestión 2010, en el artículo 18 de la Ley 004 para casos de corrupción, por lo cual, la estrategia busca que se formule la actualización de esta normativa para la Legitimación de Ganancias Ilícitas, aspecto que también está contenido en el artículo 485 de la Ley N° 393 de Servicios Financieros, promulgada el año 2013.

“Todas las normas señaladas, guardan correspondencia con las obligaciones emergentes en diversos tratados internacionales suscritos por el país para la lucha contra dos de los crímenes transnacionales, como es el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo”, asegura.

El Ministerio de Economía explicó que la UIF, a nivel internacional, se maneja bajo el principio de acceso a la información y Bolivia estaría fuera de esos parámetros si esa instancia boliviana no tiene acceso, en el marco de las recomendaciones de la GAFI, a objeto de investigar los crímenes antes señalados.

Hasta el sexto mes de este año, el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN) recaudó el 57,1% de la meta de Mercado Interno (MI) proyectada para la gestión 2021, como efecto de las medidas gubernamentales para reactivar la economía boliviana, que incluyen la inyección de más de $us 4.000 millones de inversión pública. 

El presidente del SIN, Mario Cazón, detalló que la meta de recaudación de MI hasta diciembre de este año es de Bs 25.810,3 millones, y a junio de 2021 se recaudó Bs 14.744,3 millones; es decir, que ya se cumplió con el 57,1% de la meta de esta gestión, según una nota de prensa publicada este martes.  

Otro punto de referencia es la recaudación que el Gobierno de facto obtuvo entre enero y junio de 2020, que solo llegó a Bs 10.723,6 millones, es decir, un 32,4% de la meta proyectada para toda la gestión pasada. 

Cazón consideró que el mayor cumplimiento de la meta de recaudación 2021, en relación la gestión anterior, es el resultado del trabajo desplegado en los últimos meses por el SIN para que los contribuyentes cumplan con sus obligaciones tributarias de forma voluntaria, según su capacidad económica y en el marco de la normativa vigente. 

Como parte de esta labor, la administración tributaria desarrolla una intensa campaña de información para recordar al contribuyente, por ejemplo, fechas de vencimiento del pago de impuestos. 

Además, proporciona asistencia tributaria de manera continua a través de la línea gratuita 800-10-3444, redes sociales digitales y el chat en línea de la página web www.impuestos.gob.bo. También presta este servicio en las "Plataformas de Atención al Contribuyente" que tiene en sus oficinas de los nueves departamentos del país.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, informó este martes que durante el primer semestre de este año, más de 7.336 familias se beneficiaron con 2.996 soluciones habitacionales que demandaron una inversión de Bs 127 millones. 

"En este semestre, hemos ejecutado 2.996 soluciones habitacionales y entonces hemos inyectado más de 127 millones de bolivianos y, obviamente, esto hace que la reactivación económica sea verídica y se pueda sentir en el bolsillo del hermano boliviano", dijo Montaño en rueda de prensa.

La autoridad explicó que la construcción y distribución de las unidades habitacionales se realiza principalmente en el eje central (La Paz, Cochabamba y Santa Cruz), donde se registra mayor cantidad de habitantes. 

"El número de miembros beneficiados con una vivienda son más de 7.336 familias", señaló el Ministro, quien destacó que la construcción de estas unidades habitacionales generó 2.788 empleos directos y 4.716 fuentes de trabajo indirectas. 

Resaltó que la actividad de la construcción es como "una máquina de reactivar la economía del pueblo boliviano" porque se beneficia el albañil, el electricista, el plomero, el ferretero, incluso las personas que se encargan del servicio de alimentación.  

"Por eso, es que pedimos también a nuestros hermanos alcaldes de nuestros nueve departamentos de toda Bolivia, 341 municipios, (que) deben de honrar su contraparte. Saben los alcaldes que para la construcción de viviendas también ellos se comprometieron a poner su granito de arena", exhortó.

Montaño recordó que se planteó un proyecto de ley, que actualmente se encuentra en tratamiento en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), que autoriza un fideicomiso de Bs 2.000 millones para financiar proyectos de inversión pública de las entidades territoriales autónomas, como las alcaldías. 

"Entonces, mis hermanos alcaldes tienen aquí platita de dónde recurrir, ya es responsabilidad de cada uno de ustedes que puedan también exigir que se apruebe lo más rápido posible esta ley y que con eso ustedes también van a poder honrar este compromiso de realizar y construir más viviendas para todos los bolivianos", acotó.

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, informó que el Gobierno nacional conmemorará el 2 de agosto, Día de la Revolución Agraria, Productiva y Comunitaria, en el municipio de San Julián del departamento de Santa Cruz, con "sorpresas".   

"Nuestro acto por el Día de la Revolución Agraria Productiva va a ser en San Julián, en Santa Cruz, donde necesitamos mostrar la fuerza de nuestros productores", dijo Alcón el sábado, según un video publicado por el Ministerio de Desarrollo Rural esta jornada en su cuenta en Facebook.  

La autoridad señaló que durante 14 años (2006-2019) se aplicaron medidas en favor de los productores del país; sin embargo, en 11 meses del golpe de Estado, este sector, al igual que otros, fue afectado. 

Indicó que, gracias a las medidas económicas y sociales implementadas desde noviembre de 2020 con el Gobierno del presidente Luis Arce, el sector productivo y otros comienzan a reactivarse.

“Tenemos muchas políticas, porque el presidente Luis Arce siempre menciona (que) tenemos que darle fuerza a la producción, a nuestra producción, trabajar con nuestros productores y en Bolivia tenemos esa diversidad, así que habrá sorpresas para el 2 de agosto”, indicó Alcón.

El ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), Remmy Gonzales, anunció a inicios de este mes que, para el Día de la Revolución Agraria Productiva y Comunitaria, el Gobierno nacional viabilizará Bs 1.000 millones para proyectos de apoyo en la producción de alimentos.

La autoridad mencionó que el Jefe de Estado y el vicepresidente David Choquehuanca tienen el propósito de apoyar la producción de alimentos para los bolivianos, según una nota de prensa de esta cartera de Estado.