La diputada por el Movimiento Al Socialismo (MAS), Deisy Choque, informó que el Primer Encuentro Nacional de la Caña y Derivados 2021, que se desarrolló en pasados días en la ciudad de Montero (Santa Cruz) fue todo un éxito y que cuya finalidad era reflejar la actividad del sector cañero y el dinamismo económico que genera en la región del oriente boliviano.

“Es importante que las autoridades de diferentes instancias del Estado y las confederaciones puedan entender cómo funciona este sector. Muchas veces se entiende que el cañero es como un empresario, pero es más, genera un gran movimiento operativo para la reactivación económica del país”, dijo la diputada que gestionó la actividad.

Asimismo, explicó que en el proceso productivo de la caña intervienen los encargados que labran la tierra, así como los zafreros quienes cosechan, los distribuidores, transportistas, administrativos, entre otros. 

“También hay los pequeños productores que tienen crédito bancario, otros que tienen problemas con los agroquímicos, aquellos que son afectados por las sequías, pero todos ponen el hombro para reactivar la economía de Bolivia”, describió la legisladora. 

En ese sentido indicó que en la circunscripción 52 de Santa Cruz están establecidas tres de las siete industrias que tiene el país, que generan gran movimiento económico y mano de obra, logrando empleos directos e indirectos para más de 1.000 productores y al menos 800 funcionarios de la industria.

La siembra de la caña se realiza cada cinco años y requiere una fuerte inversión. Por el tema del etanol, muchos productores incrementan la frontera agrícola y empiezan a producir más caña.

La zafra se realiza una vez al año y esto genera la contratación de zafreros, transportistas y una cadena de servicios dentro de la industria, beneficiando con trabajo a la población.

La economía de la región se mueve en torno a la producción de caña de azúcar principalmente en los municipios de Saavedra, Fernández Alonso, Mineros, Okinawa, San Pedro, Santa Rosa del Sara y parte de Montero.

La Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel S.A.) aportó al Estado un monto de Bs 4.629 millones desde su nacionalización, hace 13 años, hasta junio de 2021 para el pago de la Renta Dignidad a las personas de la tercera edad.

“Gracias a las ganancias obtenidas, se destinó este monto para el pago de este bono social que contribuye a la economía de las personas adultas mayores del país”, dijo el gerente general de Entel, Roy Méndez, según un comunicado de prensa.

Según el reporte, Entel contribuye al pago de la Renta Dignidad con el 47,47% de sus utilidades.
Adicionalmente, este año aportó de manera mensual el 10% de los ingresos de telefonía móvil e internet para el pago del beneficio.

En el marco del "Día de la Dignidad de las Personas Adultas Mayores", que se celebra cada 26 de agosto en Bolivia, la empresa nacionalizada desarrolló su campaña “Voluntariado de Entel” con jornadas de integración para sensibilizar y promover el respeto a las personas adultas mayores.

"La nacionalización contribuyó a la expansión de los servicios de telefonía e internet móvil. En este nuevo escenario de soberanía nacional, la inversión del Estado y la rentabilidad de la empresa, aseguran un acceso equitativo a las telecomunicaciones y a nuevos servicios, aspectos que contribuyen al desarrollo económico del país y al pago de bonos sociales, como la Renta Dignidad y el Bono Juancito Pinto", indicó la empresa.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este jueves que los gobiernos subnacionales, tienen la posibilidad de acceder al Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), que cuenta con Bs 2.000 millones para la otorgación de créditos, para garantizar la ejecución de obras.

Explicó que mediante la promulgación de Ley Nº 1389 y su debida reglamentación, se autoriza la constitución del Fideicomiso, destinado a financiar proyectos de inversión pública de las entidades territoriales autónomas (ETA’s).

“Ya no hay pretexto alguno, para que gobernadores y alcaldes digan que no tienen recursos económicos para cumplir con su contraparte de inversión en obras”, dijo Montaño.

En lo que concierne al Ministerio de Obras Públicas, dijo que se “atacará de manera frontal” todas aquellas obras que tengan que ver con vías y refirió a las contrapartes pendientes en proyectos carreteros que tienen Beni, Santa Cruz, Pando y Chuquisaca.

Detalló también las deudas que tienen esos gobiernos departamentales como contraparte: Beni, Bs 183 millones; Santa Cruz, Bs 50 millones; Chuquisaca, Bs 34 millones; y Pando una deuda por Bs 36 millones.

“Ahora no tienen excusas para decir que no tienen recursos económicos. Cada gobernador y cada alcalde debe acercarse al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para solicitar estos recursos, que serán desembolsados por el Ministerio de Economía, a través del Tesoro General de la Nación (TGN)”, ponderó.

Apuntó que el esfuerzo del Gobierno nacional hace que esos recursos económicos “frescos” puedan invertirse en obras y tengan el avance correspondiente de acuerdo a cronograma.

“Son buenas noticias para los bolivianos, son buenas noticias para nuestros hermanos alcaldes y gobernadores”, acotó la autoridad.

La cocina es el principal punto para las conexiones de gas domiciliario ya que, con ésta, las familias ya no precisan comprar garrafas, gracias a que el hidrocarburo llega por cañerías; sin embargo, este servicio también permite más conexiones como calefones y estufas a gas, lo que mejora la calidad de vida de los usuarios con costos más económicos, aseguró este jueves el responsable distrital de Redes de Gas La Paz - El Alto de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Eddy Revollo.

“Lo llamamos Confort 3; ingresamos a un punto de la cocina y dejamos otro punto previsto para estos casos. Con el punto previsto, el usuario corre con la cuenta para comprar un calefón o una estufa y pagar por la instalación a una empresa legalmente establecida”, explicó, citado en un reporte de prensa.

Según el Decreto Supremo N° 1996 la instalación de gas domiciliario es gratuita hasta los 22 metros, si se supera esa longitud, las empresas instaladoras realizan un cobro por metro adicional al propietario del domicilio. 

“De acuerdo con el decreto, el usuario no paga nada por la instalación desde el medidor hasta las tomas a 22 metros. En el supuesto caso de que desde el medidor a la cocina del usuario exista una distancia de 28 metros, la diferencia por los 6 metros, la paga el usuario a la empresa instaladora”, precisó Revollo, 

Entre los requisitos técnicos establecidos para la instalación de gas domiciliario se solicita que la dimensión del espacio donde se realice la conexión tenga mínimamente 8 metros cuadrados (m3), estar destinado exclusivamente a la cocina y no compartirlo con el dormitorio; además, debe tener una ventana o puerta hacia un patio o la calle. 

“Respecto a los requisitos legales, se precisa la cédula de identidad del propietario del inmueble, una fotocopia de la misma, folio real o tarjeta de propiedad y una factura de pago de luz o agua”, agregó Revollo. 

Desde la nacionalización de los hidrocarburos, el acceso al gas domiciliario se democratizó e incrementó porque la instalación pasó de ser privada a ser gratuita. 

“En El Alto tenemos cubiertos el 100% de los distritos, pero éstos tienen zonas que crecen en la medida que avanza la población, pero trabajamos día a día para llegar a todos. Mientras que de los 23 distritos de La Paz se tiene cubierto el 60%”, mencionó.

Una recomendación adicional, dijo, es que los trabajos de conexión deben ser realizados por empresas legalmente establecidas para evitar riesgos.

“Si el usuario desea corroborar que la empresa está autorizada, puede visitar la web https://bit.ly/3AOZURx de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH)”, precisó.

Cualquier información adicional puede ser obtenida contactándose con los teléfonos gratuitos de YPFB: 800-10-9889 y 800-10-6006.