El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, enumeró este domingo ocho diferencias entre el crédito otorgado por el Fondo Monetario Internacional (FMI) al gobierno de facto de Jeanine Áñez, y la actual distribución de recursos hecha al gobierno del presidente Luis Arce, elegido democráticamente en octubre de 2020.

“Esto no es un crédito, porque las diferencias entre lo que hicieron las autoridades del gobierno de facto y lo que ha ocurrido ahora es diametralmente distinta. He hecho ocho diferencias para que la gente entienda que esto no es un crédito, sino una distribución de recursos. No porque sean DEG (Derechos Especiales de Giro) se trata de un crédito, todas las operaciones que hace el FMI con un país las hace en DEG; en este caso, la distribución de estos recursos ha sido una decisión de su junta de gobernadores, que hace posible esta asignación para el país”, explicó en el programa “El 7 a las 7” de Bolivia Tv.

La autoridad indicó que en primer lugar, el Gobierno nacional no solicitó ningún recurso al FMI, al contrario de lo que pasó en el gobierno de facto que sí solicitó, con notas, un crédito.

Detalló que en este caso, la distribución de recursos no dependía del FMI, sino de la junta de gobernadores que la componen todos los países que tienen representación en el organismo internacional.

Montenegro señaló que otro elemento que importante es que no existe ninguna obligación por parte del Gobierno nacional de enviar una carta para solicitar esos recursos; en cambio, en el gobierno de facto tanto el exministro de Economía, José Luis Parada, como el expresidente del Banco Central de Bolivia (BCB), Guillermo Aponte, mandaron una carta, incluso estableciendo ellos mismos las políticas a las que iban a someter al país para adquirir esos recursos.

Otro elemento, indicó, es que la operación de distribución de recursos no fue hecha solamente para Bolivia, sino para todos los países, situación que no compromete las rentas del Estado; a diferencia de la anterior operación en la que sí hubo un compromiso para obtener recursos.

“El exministro Parada comprometió las rentas del Estado enviando una nota, habilitando un pagaré de Estado, una fe del Estado para tal propósito, nosotros no mandamos nada. Esta es una asignación, no es un crédito, es una distribución, incluso esto incrementa nuestras Reservas Internacionales Netas (RIN)”, aseveró.

Montenegro indicó que para esta operación no fue necesario que el Ministro de Economía haga una nota comprometiéndose a aplicar políticas fiscales contractivas, ni ninguna política fiscal que corrija las finanzas públicas y que no es necesario devolver los recursos; en cambio, en la anterior operación sí existía un cronograma de fechas para devolver, en forma de cuotas, amortizando el interés y el capital en determinadas fechas.

“Comprometer un pagaré es comprometer es comprometer un papel del TNG y si no cumples eso el FMI se lo puede llevar, eso es lo que ha hecho una autoridad en el gobierno de facto, esas son las diferencias que se deben aclarar”, enfatizó.

También dijo que para la llegada de esos recursos no es necesaria la aprobación de un Decreto Supremo, tal como lo hizo el gobierno de facto que proyectó una norma para ello.

Asimismo, indicó que no es la primera vez que ocurre una asignación por parte del FMI al país, sino que ya ocurrió en 2009 en el marco de la crisis financiera internacional.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, informó este domingo que el gobernador del departamento de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, adeuda más de Bs 112 millones como contraparte para la construcción de al menos ocho carreteras de esa región del país; por ello, le pidió cumplir con su compromiso firmado con la Administración Boliviana de Carreteras (ABC). 

“Hemos llegado a Santa Cruz con la Ley N° 1389 y el Decreto Supremo Reglamentario N° 3606 para que los gobernadores y alcaldes ahora puedan recurrir a recursos frescos del fideicomiso de más de 2.000 millones de bolivianos. Entonces le hago recuerdo al Gobernador de Santa Cruz sus adeudos a la ABC por contraparte”, remarcó la autoridad en conferencia de prensa.

Recordó que el pasado 26 de agosto el Gobierno nacional aprobó el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), que cuenta con Bs. 2.000 millones para la otorgación de créditos a las regiones para garantizar la ejecución de obras.

En el caso de Santa Cruz, dijo que el Gobierno Autónomo Departamental adeuda por la carretera Muyupampa – Ipatí Bs 4.100.000, por el Puente Arce –  Aiquile–  La Palizada Bs 18.978.000, por la rehabilitación tramo Palizada – Comarapa Bs 8.956.000, por el tramo San Ramón – San Javier – Concepción Bs 726.000, y por la Doble Vía Puente Yapacaní – Puente Ichilo Bs 24.203.000.

Además, por la construcción de la carretera El Espino –Charagua – Boyuibe Bs 10.612.000 con un fondo rotatorio de Bs 23.803.000, por el puente El Torno – Espejo Bs 1.904.000 y del fondo rotatorio debe Bs 5.133.000, de la carretera Santa Cruz – Warnes, lado este, un fondo rotatorio de Bs 13.629.000.

“Aquí me detengo para decirle al señor Gobernador, está concluido el proyecto a diseño final de la carretera construcción Las Cruces – Buena Vista y tenemos asegurado el financiamiento de 112 millones de dólares por parte de la CAF (Corporación Andina de Fomento). La contraparte comprometida por la gobernación es de 70 millones de dólares. Por tanto, le pido que confirme, señor gobernador, la contraparte, sino seguirá parada esta carretera”, sostuvo Montaño, según una nota de prensa.

En el Estrecho de Tiquina, efectivos del Cuarto Distrito Naval “Titicaca”, en las tareas de Lucha Contra el Contrabando realizaron la inspección y verificación de vehículos de transporte público donde se encontró productos alimenticios de procedencia peruana sin documentación legal para su comercialización.

“El decomiso que se realizó de acuerdo al DS N° 25729 para garantizar la seguridad alimentaria, a través de una alimentación sana, adecuada, y en cumplimiento a la Resolución Administrativa del Servicio Nacional Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria N° 07/2018”, informó el capitán de Navío, Marcelo Castellón, según un boletín de prensa.

En el operativo se decomisó 20 cajas con durazno, ocho cajas de galletas y tres baldes de trucha, todo de procedencia peruana sin registro sanitario.

Asimismo, se informó sobre la retención de tres cajas con máquinas planchadoras de polera y tres sacos de tela que eran transportados por una persona que se comprometió a presentar la factura de compra del material.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, anunció este domingo que el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP), que cuenta con un fondo de Bs 2.000 millones, permitirá generar alrededor de 80.000 empleos directos y 100.000 indirectos.

“Estamos estimando que si la mayoría de los municipios y gobernaciones acceden a estos dos mil millones (de bolivianos), el efecto multiplicador de la economía y empleo daría aproximadamente entre 80.000 y 100.000 empleos directos e indirectos”, afirmó en el programa “El 7 a las 7” de Bolivia Tv.

Montenegro recordó que el análisis realizado por el Gobierno nacional identificó que son alrededor de Bs 2.000 millones en obras paralizadas en las regiones, por ello es que el FARIP se constituyó con un fondo de ese mismo monto.

La autoridad recordó que el Decreto Supremo N° 4575 es el que reglamenta la Ley del 389 de Fideicomiso para el Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública-

Indicó que muchas de las Entidades Territoriales Autónomas (ETA’s) hasta la fecha no pudieron realizar su aporte local para ejecutar varias obras que habían sido paralizadas, a pesar de que el Gobierno nacional puso su parte.

Remarcó que ahora ya no tienen excusas porque pueden recurrir al FARIP con interesantes condiciones como el plazo de pago hasta 18 años, con una tasa de interés del 2%, periodo de gracia de dos años y en moneda nacional.

“Con estas condiciones que está dando el FARIP a las ETA’S se hace posible obtener estos recursos para concluir obras”, aseguró.

Dijo que los efectos más importantes son mayor inversión pública, generación de empleo y dinámica regional, que no solo se limita a mejores condiciones para la región, sino a manera individual de las personas.

“Todos los que están alrededor de esa economía local y regional van a sentir el efecto multiplicador de que la gobernación o el municipio hagan el esfuerzo de endeudarse, porque estos recursos son del país pero a condiciones muy blandas”, sostuvo.

Explicó que las regiones solo deben presentar su solicitud al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) una vez que tengan las normas de endeudamiento aprobadas por sus asambleas legislativas o concejos municipales.

Además, dijo que se recalcularán los límites de endeudamiento para que las regiones puedan acceder a esos recursos, por ello las ETA’s podrán enviar su solicitud al Ministerio de Economía para conocer su nueva capacidad de endeudamiento a partir del lunes 30 de agosto.

“Es un tema de voluntad económica, política que tienen que ejercer las gobernaciones y municipios, además de moral, porque las regiones requieren de la ejecución de los proyectos”, aseveró.