Santa Cruz, 23 de noviembre de 2022 (ABI).– Los violentos bloqueadores en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra violaron el Derecho Internacional al agredir a personal sanitario, obstaculizar el paso de ambulancias, utilizarlas con otros fines y restringir el acceso de pacientes a centros médicos.
En situaciones que no alcanzan el umbral de un conflicto armado, la Cruz Roja Internacional establece que se deben aplicar las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) para proteger el acceso a la asistencia de salud.
En 33 días de paro cívico en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, sin embargo, se vulneraron esos principios universales establecidos por el Comité Internacional de la Cruz Roja.
En la urbe cruceña, epicentro de la medida de presión, y la más poblada de Bolivia, se reportaron formalmente más de 20 agresiones a trabajadores del área de salud, se impidió, además, el paso de ambulancias con pacientes, se utilizó esos vehículos para transportar explosivos caseros y pirotécnicos, y se restringió el acceso de pacientes a centros médicos.
De acuerdo con el representante del Sindicato de Trabajadores del Hospital San Juan de Dios, Ulises Guzmán, la Gobernación, cuyo titular, Fernando Camacho, es uno de los impulsores del paro, “no ha dado las garantías” a médicos y enfermeras para circular con libertad.
“¿No sé qué están esperando, quizás que alguien de nuestro sector muera para que recién nos den las garantías?”, reprochó Guzmán en contacto con medios de prensa local.
El Derecho Internacional Humanitario se aplica en casos de conflictos armados y tiene carácter vinculante para los Estados y el principio del DIDH, de acuerdo con la Cruz Roja Internacional, está vigente en todo momento porque se trata de situaciones que no son de conflicto armado.
Proteger y respetar al personal sanitario
El principio del Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIH) establece que el personal sanitario tiene derecho a estar protegido en las mismas condiciones que los heridos y los enfermos.
“La detención del personal sanitario, por el hecho de prestar atención sanitaria, puede equipararse a una violación de los derechos humanos, aun cuando se haga legalmente, de conformidad con la legislación nacional”, establece la Cruz Roja Internacional, organización independiente y neutral que brinda protección y asistencia humanitarias a las víctimas de conflictos armados y otras situaciones de violencia, y promueve el respeto del DIH.
Ética médica
La resolución 37/194 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que guarda relación con los principios de ética médica, establece que, en situaciones de carácter violento, pero que no se acercan al conflicto armado, así como en tiempos de guerra, los Estados no deben castigar al personal sanitario por cumplir actividades sanitarias compatibles con la ética médica, ni obligarlo a cometer actos que contravengan tales normas.
La primera autoridad política de Santa Cruz, a pesar de quejas oficiales de médicos y enfermeras, no presentó ni siquiera una denuncia formal a la fuerza pública contra los abusos de los bloqueadores al personal médico.
Unidades y medios de transporte sanitarios
De conformidad con el derecho internacional a la salud, los Estados tienen la obligación inderogable, señala la Cruz Roja Internacional, de asegurar el acceso a la infraestructura de salud.
“En consecuencia, deberán respetar las unidades y los medios de transporte sanitarios. Los Estados no podrán hacerlos objeto de ataques ni utilizarlos para imponer medidas de aplicación de la ley o establecer otras medidas similares”.
Los principios del DIDH señalan, además, que “los Estados deberán adoptar medidas para la protección de las unidades y los medios de transporte sanitarios contra ataques o uso indebido por terceras partes”.
Bloqueadores, ambulancia y féretros
Los bloqueadores en la urbe cruceña se dedicaron también a “exigir” dinero para el paso de ambulancias y vehículos particulares, y se reportó un caso en que se abordó un trasporte con personal sanitario y se les exigió a los ocupantes, bajo amenaza, “presentar” su credencial médico.
En otros incidentes, muy frecuentes, se “exigió” en sitios cercanos a centros médicos que los pacientes acrediten su condición física, o “presenten su cita médica”, para dejarlos transitar con libertad e ingresar a los nosocomios.
En las horas de “abastecimiento”, en las que se permitió circular con normalidad, los sistemas de salud fueron desbordados porque los pacientes pudieron llegar a ellos.
Muchos de ellos llegaron con síntomas de Covid-19. Santa Cruz presentó las estadísticas más altas de contagios de la enfermedad y también la más alta letalidad durante la primera ola, que coincidió con el régimen de Jeanine Áñez.
El gobierno Añez enfrentó la crisis sanitaria de forma caótica y “el aumento de muertes que siguió fue uno de los peores del mundo”, denunció en su momento el influyente The New York Times.
“Malvivientes”, como calificó la institucionalidad cívica a los bloqueadores en algunos puntos de la ciudad, llegaron al extremo de no permitir la circulación de carros fúnebres.
Los familiares, a ser violentamente agredidos, experimentaron escenas de pánico, como lo prueban videos que se hicieron virales, cuando abrieron los ataúdes para “comprobar” que había un cadáver.
Familias asustadas y preocupadas, obligaron a las empresas fúnebres a manifestarse contra el bloqueo y la vergonzosa noticia dio vueltas al mundo.
“En importante mantener la serenidad en los bloqueos y tratar con dignidad a los muertos y con mucho respeto y consideración a sus familiares”, señaló un funcionario de una empresa fúnebre.
La Asociación de Funerarias se declaró en emergencia ante la peculiar situación, mientras personal sanitario expone su integridad personal cada día en cumplimiento de su delicada labor.
Mac/Afbs
