Tarija, 02 de septiembre de 2022 (ABI).- En el marco de la denuncia formal presentada el martes por el Gobierno Municipal de Tarija en contra de la empresa Convisa y el banco Bisa, el Ministerio Público emitió los primeros requerimientos para investigar un presunto tráfico de influencias en cuanto al fallo judicial que impide el cobro de las boletas de garantía tras la rescisión del contrato por el puente “millonario” 4 de Julio, obra impulsada por el exalcalde Rodrigo Paz Pereira.
Fue el director de Asuntos Jurídicos de la alcaldía, Roberto Ugarte, quien comunicó que la Sala Social y Contenciosa emitió una resolución que deja en suspenso la ejecución de las boletas en favor del municipio y el registro del contrato en el Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes).
El funcionario dijo que la denuncia refiere que existió una serie de irregularidades en este caso. Detalló que el Reglamento de Garantías le da plazo de un día a la entidad financiera para concretar el pago de las boletas, pero el banco emitió una resolución luego de seis días, cita El País de Tarija.
Ugarte cuestionó que con este actuar se benefició a Convisa, aunque la primera responsabilidad de la entidad bancaria debería responder a la alcaldía.
En tanto, el alcalde de Tarija, Johnny Torres, manifestó que la Sala Social y Contenciosa del Distrito tomó decisiones sin conocer la situación del puente “millonario” 4 de Julio porque Convisa abandonó la obra.
“Lo que me extraña es que en 48 horas la Sala (Social y Contenciosa del Distrito) haya resuelto por admitir un recurso y ahora que nosotros pedimos su reposición se está demorando, tengo la seguridad que eso no va a pasar porque Convisa no tiene la razón en ningún tema, se ha agotado el plazo de todas las multas, la empresa no puede alegar que la Alcaldía no le ha dado período de multas, no falta nada por darle y hemos hecho de todo para que la obra se pueda entregar”, alegó.
La fiscal departamental, Sandra Gutiérrez, detalló, a su vez, que la denuncia del municipio argumenta que “el actuar de los vocales no se habría adecuado a lo que señala la ley, que habría un tráfico de influencias”.
“Nosotros, como Ministerio Público, tenemos que recabar todas las pruebas, una vez que tengamos todo eso vamos a analizar lo que corresponde. Si se tiene que ampliar la investigación a otras personas, lo vamos a hacer”, anticipó.
Al momento el caso se encuentra en etapa preliminar. El Código de Procedimiento Penal establece un plazo de 20 días hábiles para que el Ministerio Público emita una resolución.
Los hechos
El 12 de agosto, el alcalde Johnny Torres decidió rescindir el contrato por la construcción del puente “millonario” 4 de Julio con la empresa Convisa, por incumplimiento de plazos.
La construcción del puente se inició el 10 de julio de la gestión 2018, cuando se encontraba de alcalde el actual senador de Comunidad Ciudadana (CC) Rodrigo Paz Pereira, la misma tenía una inversión de Bs 73,2 millones.
Según el contrato, debía haberse entregado en un plazo de 900 días calendarios, fecha que vencía el 25 de diciembre de 2020, sin embargo, mediante orden de cambio le dieron 19 días más, luego aplicaron un contrato modificatorio y cedieron otros 31 días más, luego aplicaron otra orden de cambio y ampliaron por 172 días el plazo de entrega, que concluyó el 4 de agosto del 2021, pero tampoco fue cumplido.
Luego se amplió el plazo de entrega, esta vez por 98 días más, por lo que el puente debía entregarse el 10 de noviembre de 2021, con lo cual no se cumplió por ello se empezaron a aplicar multas, superior a los 51.296,94 bolivianos por día.
En virtud de la decisión del alcalde Torres, el municipio inició los trámites para cobrar la boleta de garantía de la empresa porque no cumplió con la entrega de la obra, pero no lo pudo concretar.
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