Cochabamba, 23 de agosto de 2022 (ABI).- El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, y otros siete alcaldes de Cochabamba están obligados a contratar a 118 personas con discapacidad. Una Acción de Cumplimiento dispuso hacer efectivo el mandato legal de inserción laboral de personas con discapacidad en un 4% en el sector público y en un 2% en el sector privado.
El ministro de Justicia, Iván Lima, informó de la presentación del recurso y de un fallo constitucional favorable hacia las personas con discapacidad, quienes tienen el derecho de acceder de forma directa o a través de un familiar a una fuente de empleo en el sector público y privado.
La Sentencia Constitucional dictada dispuso que hasta enero de 2023 las alcaldías de Cercado-Cochabamba, Entre Ríos, Vinto, Punata, Tapacarí, Chimoré, Mizque y Sipe Sipe cumplan la inserción laboral de 118 personas con discapacidad, o la inserción de padres o madres de hijos menores de 18 años con discapacidad grave y muy grave, tutores o conyugues.
“Si bien esta sentencia va a pasar al Tribunal Constitucional Plurinacional para revisión, es de efecto inmediato, y le exhortamos al alcalde Manfred Reyes Villa y a los alcaldes de los municipios que han sido demandados, que puedan dar cumplimiento a la ley”, afirmó Lima, según un boletín institucional.
De verificarse similar incumplimiento en otras alcaldías se recurrirá a similar acción. “De la misma manera exhortamos al resto de los alcaldes y gobernadores del país, que cumplan la ley, la ley está para cumplirse. Esperamos que no tengamos que presentar acciones de cumplimiento en otros departamentos, pero lo vamos a hacer en caso de que incumplan la ley”, anunció.
El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, y el Comité Nacional de Personas con Discapacidad (CONALPEDIS) interpusieron la Acción de Cumplimiento en contra de 18 alcaldías y cuatro empresas privadas del departamento de Cochabamba, demandando el cumplimiento de los artículos 1 y 2 de Ley 977, y consecuentemente de los artículos 70 y 71 de la Constitución Política del Estado, relativos a la inserción laboral de personas con discapacidad en un 4% en el sector público y un 2% en el sector privado.
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