Los heridos de bala y víctimas de armas letales que fueron atacados por la Unión Juvenil Cruceñista (UJC) en agosto de 2020, en la provincia de San Ignacio de Velasco, de Santa Cruz, claman justicia. Las víctimas fueron amedrentadas cuando realizaban un bloqueo pacífico en defensa de la democracia y en rechazo al gobierno de facto de Jeanine Añez.
“Seguimos con los proyectiles en el cuerpo, son como 33 heridos con proyectiles en el cuerpo con armamentos de fuego. Hemos llegado a tener hermanos con 49 proyectiles en el cuerpo, donde ha venido la Unión Juvenil Cruceñista a tirarnos bala como unos animales”, dijo Wilber Ramos, una de las víctimas de esos hechos en contacto con Bolivia TV.
Las víctimas llegaron a la sede de Gobierno para pedirle al ministro de Justicia, Iván Lima, que se investiguen estos hechos y que no queden en la impunidad.
Ramos identificó a varios responsables de esta masacre, quienes los tacharon de terroristas, situación que nunca se logró comprobar ya que es gente que se dedica a la agricultura.
Indicó que, según algunos testimonios de los afectados, miembros de la UJC, en ese entonces, portaban armas de fuego, bazucas y otro tipo de armas que habrían sido utilizados para herir a bloqueadores de esas comunidades.
Por su parte, Agustín Vásquez, otra de las víctimas, informó que recién el 13 de enero empezaron a operarse quienes estaban con proyectiles en el cuerpo, gracias a la gestión de los Ministerios de Salud y de la Presidencia.
“Casi 13 entraron a la cirugía, de los 13 dos dieron COVID, no pudieron ser atendidos y tres de ellos son de riesgo alto (dos tienen el proyectil incrustado en la columna y el tercero en el corazón)”, aseveró.
