El Juzgado Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto dispuso la detención preventiva por cuatro meses de Juan C. Y. C. L., Pablo A. C. P., Wilson Q. CH., Vladimir P. A., Rosa M. M. G., Fanny M. V. C., y Nayeli V. CH. T., dirigentes de la Universidad Pública de El Alto (UPEA), por su presunta responsabilidad en la muerte de siete estudiantes que cayeron de un cuarto piso de esa casa de estudios.

Según un reporte de prensa de la Fiscalía, los detenidos son con probabilidad autores del delito de homicidio culposo y lesiones culposas que habrían cometido en contra de 11 estudiantes, de los cuales siete fallecieron y cuatro están heridos.

De las personas imputadas, los varones fueron enviados al penal de San Pedro y las mujeres al centro penitenciario de Obrajes, informó el fiscal departamental de La Paz, Marco Antonio Cossío, en la audiencia de medidas cautelares.

“Durante la audiencia, la Fiscalía presentó los elementos de convicción que demuestran la probabilidad de autoría de los sospechosos, la declaración de testigos del hecho, acta del levantamiento de cadáveres, acta de precinto policial, informe de la Universidad Pública de El Alto, entre otros elementos que consideró la autoridad jurisdiccional. Asimismo, se demostró la existencia de riesgos procesales de fuga y obstaculización", dijo Cossío, según el reporte.   

Por su parte, el fiscal de Delitos Contra la Vida de la ciudad de El Alto, Favio Maldonado Parada, explicó que la probabilidad de autoría de los imputados se centra en la convocatoria por parte de los dirigentes del Centro de Estudiantes de las diferentes carreras del Área de Economía y Ciencias Financieras a una asamblea extraordinaria estudiantil presencial que se realizó el martes 2 de marzo en las instalaciones de la UPEA.

Maldonado agregó que esta convocatoria fue en contravención a las disposiciones previstas en un decreto, y disposiciones municipales que prohíben la aglomeración de personas y reuniones masivas para evitar la propagación del COVID-19.

Además, se presume que los dirigentes tenían pleno conocimiento de las pugnas que existían entre ambos frentes y aun así llamaron a asamblea, poniendo en peligro la vida de los universitarios, añade el informe.

Dicha asamblea concentró a un gran número de estudiantes que subieron al piso cuatro, del Área de Ciencias Económicas, Financieras y Administrativa, donde cedió la baranda, lo que causó la caída de 11 estudiantes al vacío, de los cuales siete fallecieron y cuatro resultaron heridos.    

El Fiscal dijo que en la intervención del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), al momento de hacer el levantamiento legal de los cuerpos, se evidenció que los estudiantes habrían fallecido por múltiples traumatismos en la cabeza, faciales y en el cuerpo. No se pudo realizar la autopsia médico legal porque los familiares firmaron actas de oposición, indica el reporte de prensa.

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, confirmó este jueves la aprehensión de Carlos A., uno de los acusados de abuso sexual a estudiantes universitarias en el caso denominado “El confesionario UCB”.

“Ante las denuncias realizadas por mujeres que fueron acosadas sexualmente por el señor Carlos A. en la Universidad Católica Boliviana #UCB, informo a la población de su aprehensión. No se puede permitir más violencia a la mujer, ni acosos sexuales de ninguna naturaleza (sic)”, informó la autoridad gubernamental, a través de su cuenta de Twitter.

El acusado fue aprehendido luego de que se realizaran denuncias públicas relacionadas a abusos sexuales en fiestas universitarias en una página de Facebook con el nombre de “El confesionario UCB”.

Ante la situación, la Universidad Católica Boliviana (UCB) dio a conocer esta jornada que da asistencia psicológica y legal con un equipo multidisciplinario a las estudiantes que denunciaron violaciones.

El Gobierno, mediante el Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, habilitó el correo electrónico Esta dirección de correo electrónico está siendo protegida contra los robots de spam. Necesita tener JavaScript habilitado para poder verlo. para recibir más denuncias con la protección de la identidad de las personas afectadas.

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, informó este jueves que las Fuerzas Armadas (FFAA) movilizarán 15.933 efectivos para precautelar la seguridad nacional durante el proceso electoral de los comicios subnacionales a realizarse el próximo 7 de marzo.

Citado en un boletín institucional, la autoridad estatal detalló que la entidad castrense pondrá a disposición del Tribunal Supremo Electoral efectivos militares de sus tres fuerzas para realizar operaciones de seguridad y custodia, en el marco del resguardo del material de sufragio en los recintos de votación y su posterior traslado, con el fin de garantizar el normal desarrollo de los comicios subnacionales.

“Las FFAA dispondrán de todo el personal que se requiera para hacer el trabajo de la custodia del material electoral, particularmente en el área rural, sectores que son muy alejados en nuestro país, de manera que este material llegue con la debida seguridad, sea trasladado desde el punto de sufragio de la unidad educativa hasta el órgano Electoral”, afirmó.

Novillo aseguró que ese “es un trabajo de apoyo al proceso eleccionario, por lo que la entidad castrense movilizará todo el personal que el Tribunal Supremo Electoral requirió, en función de las cantidades de mesas, ánforas y el personal que trasladará este material”.

De acuerdo a un listado oficial, las FFAA movilizarán un total de 15.933 efectivos del Ejército, Fuerza Aérea y la Armada Boliviana durante el proceso electoral en todo el país, de los cuales, 3.639 se desplegarán en el departamento de La Paz, 1.201 en Oruro, 865 en Potosí, 795 en Pando, 1.957 en Beni, 3.460 en Santa Cruz, 2.067 en Cochabamba, 635 en Chuquisaca y 1.314 en Tarija.

El Ministerio Público informó este jueves que del 1 de enero al 28 de febrero de esta gestión se reportaron 6.332 casos de violencia contra las mujeres en Bolivia. Ante la situación, anunció la apertura de oficinas para atender estos casos a solo denuncia verbal.

Según los datos registrados en la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, de los 6.332 casos inmersos en la Ley Nº 348, el mayor número se encuentra en el departamento de Santa Cruz con 2.241. Le sigue La Paz con 1.175; Cochabamba tiene 997; Tarija, 610; Potosí, 529; Chuquisaca, 328; Beni, 216; Oruro, 170; y Pando, 66.

La directora de la Fiscalía Especializada en Delitos en Razón de Género y Juvenil, Pilar Díaz Berríos, anunció que las salas de recepción de denuncias verbales serán inauguradas en las nueve fiscalías departamentales.

“El trabajo que estamos realizando es para mejorar la atención a las víctimas de violencia de género y poder agilizar los procesos penales, evitando la impunidad”, dijo Díaz.

Para el 9 de marzo, se tiene previsto desarrollar el conversatorio denominado “Violencia de Género en Tiempos de Pandemia”, modalidad virtual, entre otras actividades que se programaron como acciones inmediatas ante los hechos de violencia en el país.

“En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el Ministerio Público organiza una serie de actividades del 8 al 12 de marzo del presente año, siendo nuestro principal evento el conversatorio virtual, donde tendremos expositores de talla internacional y se contará con la participación de las máximas autoridades del Órgano Judicial, Tribunal Constitucional Plurinacional, además de representantes de instituciones involucradas en la atención de casos de violencia de género”, dijo Díaz.

El Conversatorio “Violencia de Género en Tiempos de Pandemia” contará con la participación de expertos internacionales como Miguel Ángel Urbina Martínez de Guatemala; Françoise Roth, Representante de las Naciones Unidas, entre otros.

Abordarán las siguientes temáticas: “El Contexto de la Pandemia por COVID-19 y su Incidencia en la Violencia de Género”, “Retos y Dificultades en el Inicio del Procesamiento de Hechos por Violencia de Género en el Contexto de la Pandemia del COVID-19”, “Alcance y Eficacia de las Medidas de Protección Previstas en la Ley Nº 348 en el Contexto de la Pandemia por COVID-19”, entre otros.

Dentro de las actividades programadas, se planificó la suscripción del convenio con el Comité de Género del Órgano Judicial y Tribunal Constitucional Plurinacional para la capacitación de jueces y fiscales con una guía fiscal para investigar con perspectiva de género, la conformación de la Mesa Interinstitucional Nacional de Lucha Contra la Violencia de Género y el desarrollo del Consejo Nacional del Ministerio Público.