El ministro de Justicia y Transparencia Institucional, Iván Lima, destacó este jueves que la agrupación Creemos, a través de Luis Fernando Camacho, manifestó su predisposición para buscar justicia por las masacres y corrupción perpetradas durante el gobierno de facto de Jeanine Añez e invitó a la bancada de Comunidad Ciudadana (CC) a unirse a la lucha contra la impunidad por esos delitos de lesa humanidad.
Lima, en horas previas, señaló que todas las fuerzas políticas que conforman la Asamblea Legislativa Plurinacional deben viabilizar los juicios de responsabilidades contra Añez y sus excolaboradores, acusados por delitos de lesa humanidad y daño económico al Estado, a fin de evitar la impunidad de sus actos.
El miércoles pasado, Lima declaró a través de Twitter: “La aprobación de juicios de responsabilidades por las masacres y corrupción en el gobierno de facto de Áñez requiere de votos de las bancadas de Mesa y Camacho para los 2/3. Si ambos rechazan significa que apoyan la impunidad para autores de esos delitos”.
Este jueves, Camacho, a través de esa red social respondió: “Fuimos claros al condenar la corrupción del gobierno transitorio y todas las muertes de bolivianos deben investigarse y sancionarse”.
El titular de Justicia, en conferencia de prensa, destacó la decisión de Camacho. “Agradezco las palabras de Luis Fernando Camacho, es una respuesta al pedido de que exista una autorización congresal para hacer justicia para las víctimas de las masacres, no veo la misma voluntad en el señor Carlos Mesa”, dijo, según un reporte de prensa institucional.
Luego, Lima invitó a Mesa a sumarse a la búsqueda de justicia y no permitir que las graves vulneraciones de los derechos humanos queden en la impunidad.
“Hay que pedir precisión al expresidente Carlos Mesa e invitarlo a que ingrese a un debate jurídico y deje la retórica (…), para llevar adelante los juicios de responsabilidades se necesita los 2/3 en la Asamblea Legislativa, ya hay una señal clara del señor Camacho y esperamos que el señor Mesa pueda unirse para hacer justicia por las masacres sangrientas”, manifestó.
La autoridad recordó que tanto la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como la Constitución Política del Estado (CPE) establecen que se debe llegar a la reparación integral del daño cometido mediante las vulneraciones y hacer justicia.
“Hay un litigio, hay caminos procesales que se van a seguir y se tiene que respetar el debido proceso, pero nunca en un país puede haber impunidad estructural, eso no lo permite la Convención Interamericana ni nuestra Constitución”, dijo, según agrega el informe.
Por otra parte, el Ministro también desmintió a Mesa sobre una supuesta amnistía otorgada al expresidente Evo Morales. “Por ningún motivo la amnistía significaría impunidad, es desinformación decir que se le aplicó a Evo Morales, él no ha hecho ninguna solicitud, y no se ha procedido en ningún caso a más de un mes de vigencia de la amnistía, en la modalidad que han denunciado algunos actores políticos”, sostuvo.
“No hay un sólo caso en que se haya aplicado la amnistía por algún móvil que no sea por razones de salud de las personas que están hacinadas en los recintos penitenciarios”, aclaró.
Lima agregó que la posibilidad de declarar amnistía está bajo control de la Defensa Pública, instancia que depende del Ministerio de Justicia y que requiere de una homologación por parte del Órgano Judicial.
El Ministerio de Justicia presentó ante la Fiscalía General del Estado cuatro proposiciones acusatorias contra la exmandataria de facto y algunos de sus exministros para someterlos a juicios de responsabilidades.
La primera acusación se dio por daño económico al Estado e incumplimiento de deberes al dictar el Decreto Supremo 4277, que autorizó un millonario crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) sin la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional y dejando una multa elevada que debe encarar el país.
La segunda acusación tiene relación a la vulneración del derecho a la libertad de expresión, tras la promulgación de los decretos 4231, 4200 y 4199 durante la primera ola de la pandemia por coronavirus; hecho que derivó en detenciones y persecución.
La tercera acusación se refiere a la concesión por 15 años del servicio de registro público y comercio a la privada Fundempresa, sin haberse desarrollado los procedimientos y dejando al descubierto delitos de corrupción y daño económico al Estado.
La cuarta acusación tiene relación a la vulneración de derechos registrados a partir de las normativas promulgadas en el escenario de pandemia, al evitar el ingreso de bolivianas y bolivianos que permanecieron durante semanas varados en zona fronteriza con Chile, entre ellas madres, niños y ancianos, vulnerando derechos humanos fundamentales, añade el boletín.
Asimismo, diputados presentaron en horas previas una acusación ante la Fiscalía contra la mandataria de facto, por delitos de lesa humanidad cometidos durante los operativos militares y policiales de noviembre de 2019.
Tras la asunción del gobierno de facto, se firmaron decretos supremos que otorgaron impunidad a las fuerzas del orden e incrementaron su presupuesto; en ese escenario se registraron dos masacres: el 15 de noviembre de 2019 en Sacaba, Cochabamba, y el 19 de ese mismo mes en Senkata, El Alto, donde más de 30 civiles desarmados fueron asesinados, varias decenas resultaron heridos y cientos fueron detenidos, torturados y perseguidos, según señalan al menos cinco informes de comisiones e instituciones internacionales y nacionales de defensa de los derechos humanos.
