El fiscal Departamental de La Paz, William Alave Laura, informó este miércoles que se emitió una resolución de imputación formal en contra de dos exfuncionarios de la Gestora Pública de la Seguridad Social, que son José L. P. P., exgerente de Inversiones a.i, y Ricardo G. Z. E., profesional de gerencia, por los delitos de conducta antieconómica e incumplimiento de deberes. 

Ambos son investigados por presuntas transacciones irregulares en la Gestora, que habrían provocado un daño económico al Estado de al menos Bs 43 millones. La Fiscalía solicitará la detención preventiva de los procesados.  

“El Ministerio Público se basó en los elementos de convicción de auditoría interna, de revisión a las operaciones de compra y venta de Títulos y Valores, fotocopia legalizada de los informes emitidos por la Gerencia Nacional de Inversiones desde marzo hasta agosto de 2020, documentos legalizados de las actas y resoluciones del directorio que estuvo al frente de la Gestora durante el hecho, entre otros que serán puestos a consideración de la autoridad jurisdiccional”, explicó el Fiscal Anticorrupción, Johan Muñoz. 

De acuerdo a la investigación, los exfuncionarios procedieron, mediante correos electrónicos institucionales, en siete oportunidades a la compra y venta de Valores de Depósitos a Plazo Fijo (DPFs) desde la Gerencia de Inversiones de la Gestora con la autorización del exgerente General. Sergio I. F. M. y Luis V. C. P., exgerente de Inversiones a.i. 

“La Gestora tenía tanto capital que podía comprar directamente del banco sin necesidad de usar de intermediaria a la Bolsa de Valores, además la compra y venta de los valores se habrían realizado sin un informe técnico de inversiones que puede detectar ganancia o pérdida de capital”, señaló Muñoz.

Agregó que todos estos indicios permitirán al Ministerio Público pedir en la audiencia de medidas cautelares la detención preventiva de los imputados mientras dure la investigación en el penal de San Pedro de La Paz, de acuerdo con un boletín institucional.

La directora general ejecutiva de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), Ana María Morales, informó este miércoles que se presentó ante la Fiscalía de La Paz una denuncia penal contra el exministro de facto Arturo Murillo Prijic y contra Aida Luz Lorena Melean Coronado, por haber ordenado el allanamiento de las oficinas de esa entidad el 16 de octubre de 2020.

Durante el gobierno de facto, un grupo de personas que se identificaron como funcionarios del Ministerio de Gobierno, procedieron al allanamiento de las instalaciones de la UIF, ingresando a las oficinas e impidiendo el normal desarrollo de las funciones de los servidores públicos, prohibiendo la posibilidad de estar en sus escritorios y reuniéndolos en un ambiente durante toda la jornada laboral.

Los funcionarios del Ministerio de Gobierno ingresaron a estas dependencias violando la política de seguridad de la institución y los protocolos de entrada y salida que deben cumplir todas las personas que ingresan a esta entidad.

“Nosotros debemos aplicar medidas de seguridad al ingreso de nuestras instalaciones, protegiendo la forma como transmitimos la información, a quienes permitimos entrar a nuestras instalaciones. Lamentablemente, estos protocolos han sido vulnerados y con eso ha sido vulnerado el estándar internacional”, denunció Morales en conferencia de prensa.

Arturo Murillo habría sido denunciado por los delitos de allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, manipulación informática, alteración, acceso y uso indebido de datos informáticos, entre los principales ilícitos.

La denuncia interpuesta también en contra de Aida Luz Lorena Melean Coronado, es por los delitos de allanamiento, estorbar o impedir el ejercicio de funciones, uso de instrumento falsificado y resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes.

La sindicada pretendió tomar posesión como directora general ejecutiva de la UIF, portando para ello una Resolución Suprema que no contaba con las formalidades legales requeridas para este efecto.

La acusación también pide identificar a los autores, cómplices e instigadores que no fueron reconocidos y que fueron enviados desde el Ministerio de Gobierno por órdenes de Murillo.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, denunció este miércoles que se identificó hechos corrupción al interior de Entel durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, vinculados al pago de $us 390.000 a una “empresa fantasma” de Perú para la realización de trabajos bajo el rótulo de “confidencial”. Dijo que, tras una auditoría, se logró recabar los respaldos necesarios y ya se presentó la acción legal contra los responsables.

“Hemos detectado que se ha pagado ilegalmente a una empresa fantasma en Perú, por un monto de más de 390.000 dólares, y aquí, evidentemente, estamos demostrando que nuestro gobierno de Lucho y David, estamos trabajando incansablemente contra la corrupción”, afirmó en conferencia de prensa.

Montaño señaló que se detectó que Carola V. F., quien actualmente ocupa el cargo de Analista de Gerencia de Finanzas, habría autorizado “ilegalmente” el pago hacia una empresa “fantasma”, generando daño económico a Entel y al Estado boliviano.

Remarcó que el hecho se cometió durante la gestión de Iván Arias, quien fungía como Ministro de Obras Públicas, y de Eddy Luis Franco, que desempeñaba el cargo de gerente general en Entel.

“Queremos decir, caiga quien caiga, vamos a seguir en la lucha frontal contra la corrupción y obviamente, que nadie salga a defender a esta gente que se ha embolsillado ilegalmente recursos económicos que pertenecen a cada uno de los bolivianos”, sostuvo.

El Ministro indicó que ya se presentó la denuncia formal, tanto en Bolivia como en Perú, contra las personas vinculadas con este hecho de corrupción. “Supuestamente ellos (la empresa) tendrían que haber hecho un servicio en los nodos de la fibra óptica que nosotros instalamos desde el océano Pacífico hasta Bolivia y, obviamente, ellos indicaron que era confidencial y que nadie podía hacer auditoría alguna”, explicó.

La Dirección General de Régimen Penitenciario informó este miércoles que la expresidenta de facto, Jeanine Áñez, se negó a recibir atención del médico internista de esa institución y, según laboratorios realizados, la paciente presenta una infección que puede ser tratada dentro del penal de Miraflores, donde se encuentra recluida.

“La Dirección General de Régimen Penitenciario informa que la privada de libertad, Jeanine Áñez, se negó a recibir la atención de médico internista de Régimen Penitenciario en horas de la tarde del 20 de abril del presente año”, indica un comunicado publicado en sus redes sociales.

El reporte señala que los informes de laboratorio realizados a la interna, indican que la paciente presenta una infección urinaria, por lo que debe recibir tratamiento, además, plantea la posibilidad de una intoxicación alimentaria.

“Ante este cuadro clínico, la recomendación médica indica tratamiento con antibiótico, terapia vía parental de fácil acceso, misma que puede ser realizada sin dificultades en los ambientes donde se encuentra actualmente”, señala el documento.

Los abogados de Áñez solicitaron el martes su internación en la Clínica Alemana de la ciudad de La Paz, para que sea atendida por la infección que padece.

Áñez cumple una detención preventiva en el centro penitenciario de mujeres de Miraflores, La Paz, mientras se realizan las investigaciones por el golpe de Estado desatado en noviembre de 2019.