La viceministra de Seguros de Salud y Gestión del Sistema Único de Salud (SUS), Alejandra Hidalgo, informó este miércoles que el Ministerio de Salud destinará 331.600 vacunas, entre Sinopharm y Sputnik V, para el departamento de Santa Cruz, de las 1,5 millones que llegarán al país hasta el 15 de mayo.

“Del lote de 1,5 millones de vacunas (…) 331.600, entre dosis de Sinopharm y Sputnik V, serán destinadas a Santa Cruz”, dijo a los periodistas. 

El martes llegó al país 334.400 dosis de la vacuna china Sinopharm a la ciudad de Cochabamba en un vuelo de Boliviana de Aviación (BoA) procedente de Beijing (China), de ese primer lote se llevó al departamento de Santa Cruz 68.400 dosis que arribaron la madrugada de este miércoles.

“Las dosis que corresponden al departamento de Santa Cruz, son 68.400 que se está haciendo entrega hoy (miércoles) para que se pueda dar continuidad a todo el proceso de vacunación”, afirmó.

Hidalgo explicó que la llegada de las vacunas al país, y a Santa Cruz, fue verificada para que se cumpla con todas las medidas de traslado y llegue a la cadena de frío necesaria del Programa Ampliado de Inmunización (PAI).

La Viceministra dijo que se ampliarán los puntos de vacunación a través de los convenios firmados con las instituciones y universidades en Santa Cruz y que se sigue coordinando para la instalación de más puntos de inmunización.

El coordinador de la Fiscalía Departamental de La Paz, Sergio Bustillos, informó este martes que el Ministerio Público admitió la denuncia penal planteada por el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, contra Jeanine Áñez porque asumió la presidencia de esa instancia legislativa en 2019 mediante un procedimiento irregular, violando el Reglamento General de la Cámara Alta.

“El Ministerio Público ha recibido la denuncia por parte del presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, en contra de la señora Áñez (y abrió) la investigación por el tipo penal de prolongación de funciones (…) tanto como presidenta del Senado como también como presidencia del Estado Plurinacional”, manifestó, citado por La Razón en su versión digital.

La denuncia penal del caso fue planteada por la presunta comisión de los delitos de incumplimiento de deberes, resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes, sedición, conspiración, anticipación y prolongación de funciones y otros.

Por su lado, el abogado de Áñez, Luis Guillén, anunció que pedirá que la denuncia se sume a otro proceso contra su cliente que fue planteado por la exdiputada Lidia Patty por la supuesta perpetración de los delitos de terrorismo, sedición y conspiración.

“Una persona no puede ser juzgada dentro de este país por un mismo hecho y la demanda presentada por Andrónico Rodríguez relata los mismos hechos que se están ya dilucidando en el marco de la investigación del caso terrorismo, sedición y conspiración”, manifestó a los periodistas.

Hace algunos días, el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, explicó que el Reglamento Interno de la Cámara Alta, en su artículo 35 parágrafo II, establece que: “para asegurar la participación y pluralidad política de la Cámara, la Presidencia, Primera Vicepresidencia, Primera y Tercera Secretaria corresponderán al bloque de mayoría; y la Segunda Vicepresidencia y la Segunda Secretaria al bloque de minoría”.

En este contexto, señaló que a Áñez, en su condición de senadora, lo que le correspondía era convocar a sesión y conformar la directiva, hecho que no sucedió.

“Entonces no sé cuál ha sido su interpretación jurídica para declararse presidenta del Senado, cuando no le correspondía, de ninguna manera le correspondía y después presidenta del Estado”, cuestionó.

Finalmente, mencionó que se recabó grabaciones, documentación y registros de la reunión de legisladores y otros funcionarios que participaron de este hecho irregular.

La viceministra de Igualdad de Oportunidades, Miriam Huacani, informó que los avances del proceso para la modificación de la Ley Integral N° 348 para garantizar a las mujeres una vida libre de violencia, fueron presentados a las comisiones de Derechos Humanos y Mixta Contra Feminicidios de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), en un documento que sistematiza más de mil propuestas para el mejoramiento de esa norma.

La autoridad explicó que las modificaciones a la ley se trabajaron con el consenso de varias organizaciones sociales y de la sociedad civil, por ello es preciso que la población conozca los avances realizados para seguir trabajando de forma conjunta.

“Vamos a reformar juntos la Ley 348, y principalmente vamos a buscar consensos, ésta normativa se está trabajando de abajo hacia arriba, la población ha ido depositando sus propuestas y éstas se van a ir socializando a nivel de los nueve departamentos. Para ello contaremos con el acompañamiento de nuestros legisladores", afirmó Huacani.

Por su parte, el presidente de la comisión de Derechos Humanos de la ALP, José Jáuregui, explicó que la presentación del informe del Estado de Situación de la Violencia Contra la Mujer en Bolivia, que contiene más de mil propuestas, concluye con la segunda etapa para la modificación de la ley.

“Esta semana se va a iniciar la tercera fase, que está vinculada al desarrollo de nueve foros departamentales para hacer conocer los avances que a la fecha se tienen y tengo que informar que estos foros iniciarán esta semana con el departamento de Oruro en ese sentido que tengan la plena seguridad que lo que se está haciendo es la construcción de una norma junto con las organizaciones de la sociedad civil”, expresó.

Jáuregui remarcó la importancia de que el proyecto de ley tenga absoluto consenso entre las instituciones e instancias involucradas en la lucha contra los feminicidios.

La viceministra Huacani, afirmó que uno de los objetivos de ese trabajo es el de “recuperar el espíritu de la Ley 348 que es la protección a la mujer”.

En ese sentido, destacó que entre una de las propuestas esta la implementación de nuevos tipos de violencia, que no fueron contemplados antes, como la violencia digital y la violencia gineco-obstetra; sin embargo, las diferentes propuestas serán socializadas en foros departamentales para generar diálogo, debate y consenso.

El procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, dijo que la cúpula de la Iglesia Católica y los delegados de la Unión Europea deberían explicar al país su participación en las reuniones privadas que analizaron el “Plan A” y el “Plan B” que derivó en la implantación de un golpe de Estado en 2019, en la autoproclamación de Jeanine Áñez y en la violación de Derechos Humanos.

La autoridad, entrevistada este lunes en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, ratificó el contenido del informe denominado “Comunicación conjunta de los procedimientos especiales. Desarrollo de las protestas y otras situaciones de tensión derivadas tras las elecciones generales del 20 de octubre de 2019 en Bolivia”.

“El informe obedece a un requerimiento que se ha realizado por parte del Alto Comisionado de las Naciones Unidas. La Procuraduría ha cumplido con la presentación de este informe”, dijo la autoridad.

Esta respuesta estatal tiene una contextualización de lo ocurrido en 2019, incluye el desconocimiento de resultados electorales, los comicios, la jornada de votación, la integridad sobre el informe de la OEA, el golpe de Estado, la violación a los Derechos Humanos en el país, la asunción “absolutamente inconstitucional de Jeanine Áñez a la Presidencia de facto, rompiendo todos los procedimientos”, agregó la autoridad, quien dijo que también se añadió reportes sobre las masacres de Senkata, Sacaba y otras ocurridas en 2019.

El informe estatal detalla con precisión quiénes participaron en el golpe de Estado y cómo se gestó esa actividad con la participación de actores nacionales y extranjeros, dijo el Procurador.

“Con relación a la participación de otros actores, está la Iglesia Católica, están algunos delegados internacionales que efectivamente deben dar en algún momento cuenta de su participación en esto. Es decir que lo que han forzado es un golpe de Estado, ha existido un golpe de Estado de hecho, han querido tomar el poder, han estado un par de días en negociaciones, han estado en gestiones para imponer un gobierno con un Plan A y con un Plan B”, manifestó.

Explicó que, en esa reunión, la “cúpula de la Iglesia Católica que ha participado efectivamente en las sesiones en las cuales se decidía poco más quién iba a ser presidente sucesor de Evo Morales, cuando la Constitución ordenaba que debería suceder en el cargo luego de considerarse las renuncias”.

El informe de la Procuraduría indica que entre el 11 y 12 de noviembre de 2019, ante las renuncias del entonces Presidente y Vicepresidente Constitucionales del Estado, “se convocó a una reunión a realizarse en instalaciones de la Universidad Católica Boliviana cuyos asistentes fueron: Jorge Tuto Quiroga; Teresa Morales; la entonces diputada del MAS, Susana Rivero y la Iglesia Católica. Esta última fue la facilitadora del diálogo junto a la Unión Europea y la Embajada de España, representados por el obispo Eugenio Scarpellini, León de la Torre y Carmelo Angulo”.

“De la reunión, también participaron la entonces presidenta del Senado, Adriana Salvatierra; el expresidente Carlos Mesa, el empresario Samuel Doria Medina, el entonces Senador Oscar Ortiz, el exdefensor del Pueblo y representante del CONADE, Rolando Villena (fallecido el pasado 23 de enero).  Se sumaron Ricardo Paz, Roberto Moscoso, Luis Vásquez Villamor, Giovanna Jordán, Juan Carlos Núñez y Jerjes Justiniano”.

El Procurador dijo que no se claudicará en buscar justicia para las víctimas del golpe de Estado y se buscará la verdad “le duela a quien le duela”.

Dijo que el informe busca la verdad de lo ocurrido y que los responsables del golpe de Estado tengan la sanción respectiva.