El viceministro de Lucha contra el Contrabando, Daniel Vargas Carrasco, informó este martes que el personal del Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEOLCC) comisó tres camiones que transportaban varios quintales de maíz de contrabando por la localidad de Chua Cocani, provincia Omasuyos del departamento de La Paz. 

“El CEOLCC ha comisado tres camiones de alto tonelaje que contenían quintales de maíz, que no contaban con la documentación correspondiente para que el producto sea internado legalmente al país”, manifestó, citado en un boletín institucional.

La autoridad estatal explicó que los camiones de alto tonelaje comisados con el alimento de contrabando, fueron entregados a la Aduana Nacional para su aforo correspondiente, de acuerdo a procedimientos normativos vigentes.

“Allá se determinará la cantidad exacta del comiso originado en el municipio de Chua Cocani, del departamento de La Paz”, concluyó.

El Ministerio de Justicia exhortó este martes al Consejo de la Magistratura a elegir a sus autoridades bajo criterios de meritocracia, ética y moral.

“El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional reitera su exhortación al Consejo de la Magistratura a privilegiar en todo momento la elección de autoridades bajo criterios de meritocracia, independencia, ética y probabilidad moral y profesional”, señala un comunicado emitido por esa Cartera de Estado.

Según el documento, esa institución valora como positivo el avance en la nominación de administradores de justicia, que al inicio de la presente gestión de Gobierno y después de la recuperación de la democracia, requería el nombramiento de más de 300 acefalías.

“Sin embargo, la sociedad aguarda que esos nombramientos recaigan en profesionales del Derecho sin antecedentes de prevaricato o manipulación de la justicia”, asegura.

Asimismo, señala que el Ministerio solicitó a la Magistratura copias legalizadas del proceso de selección de jueces, al verificar irregularidades y anomalías en la administración de pruebas y proceso de calificación de los postulantes, sin haber recibido respuesta hasta la fecha.

En la nota, recuerda que una candidata a jueza fue sorprendida con las respuestas del examen de postulación anotadas en la palma de la mano y que anteriormente se constató la circulación de la batería de soluciones a una prueba entre los aspirantes, hecho que derivó en la suspensión del examen de admisión.

El comunicado surge a raíz de la nominación como juez de un exfiscal departamental de La Paz involucrado en el proceso irregular del caso Bebé Alexander, y que promovió la sentencia del médico Jhiery Fernández sin pruebas científicas que demuestren su culpabilidad en el hecho.

El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este martes, en conferencia de prensa, que junto a la Alcaldía de La Paz se proyecta un plan piloto para la implementación de una Estación Policial Integral (EPI) modelo para atender a las mujeres víctimas de violencia.

“Vamos a generar los esfuerzos necesarios para generar este plan piloto, donde en un mismo lugar esté la Policía Boliviana, el Ministerio Público, estén los juzgados, estén los psicólogos, esté el IDIF, en fin, estén todas las instancias correspondientes para que la mujer ya no tenga que peregrinar justicia y abandonen sus causas y luego, el día de mañana, se conviertan en feminicidios”, señaló.

El plan piloto tiene como fin evitar la revictimización de las mujeres agredidas, que hoy en día tienen que trasladarse de institución en institución en busca de justicia.

“Este plan piloto que estamos lanzando busca no revictimizar a las mujeres, busca darles facilidades y que los agresores de nuestras mujeres en Bolivia, y esencialmente en el municipio de La Paz, obtengan justicia de manera pronta y oportuna y puedan sentirse seguras”, dijo Del Castillo.

Por su parte, el alcalde de La Paz, Iván Arias, dijo que la experiencia, que por ahora será local, podría replicarse en todo el país.

“Vamos a tratar de implementar una experiencia piloto en un macro distrito, donde creemos que tenemos las condiciones; en todo caso se va a hacer una revisión conjunta con la Policía y el Ministerio para ver, sino a futuro, construir una infraestructura adecuada”, manifestó.

En la reunión sostenida entre ambas autoridades, también se acordó iniciar un proceso de descentralización de las oficinas del Servicio General de Identificación Personal (Segip), para facilitar a la población paceña el trámite de cédulas de identidad y licencias de conducir.

Además, se determinó la interoperabilidad de las cámaras de seguridad de la alcaldía municipal con las de la Policía Boliviana para brindar mayor seguridad para la población paceña.

“Este tipo de medidas que estamos lanzando de manera coordinada, sin interesar los colores políticos y siempre en beneficio del pueblo, esperemos que sean replicadas en los 340 municipios de Bolivia”, finalizó la primera autoridad del Ministerio de Gobierno.

El pasado 21 de mayo fue detenido en Naple – Florida, Rodrigo Méndez, jefe de Gabinete y uno de los hombres de confianza del exministro de facto, Arturo Murillo, acusado de haber recibido una millonaria cantidad de dinero en sus cuentas de Estados Unidos (EEUU).

Méndez, quien se encontraba asilado en el país norteamericano, fue objeto de una investigación por parte del FBI que pinchó teléfonos, correos y mensajes desde noviembre de 2019 y que terminó con un proceso por lavado de dinero y sobornos en esa nación.

“La orden de apremio ejecutada para Méndez fue bajo el US Foreign Corrupt Practices Act (Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero de EE. UU.), por formar parte de un esquema de corrupción y lavado de dinero en la compra de gases lacrimógenos y otros para el Gobierno de Bolivia, en noviembre 2019 a abril de 2020, en el gobierno de facto de Jeanine Añez”, señala un reporte de Detrás de la Verdad.

El informe del FBI devela una serie de sobornos y pagos que se hicieron en EEUU y Bolivia por la compra de agentes químicos en diciembre del año 2019 a la empresa Cóndor por parte del Ministerio de Defensa por encargo del Ministerio de Gobierno.

En octubre de 2020, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) aprobó el informe final de la Comisión Especial Mixta de Investigación sobre la compra de material no letal contra disturbios, que recomendaba remitir una copia a la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar acciones legales contra cuatro autoridades: tres ministros y el presidente de la Aduana Nacional; además del extitular del ministerio de Economía, Óscar Ortiz, por encubrir la presunta comisión de actos de corrupción y daño económico al Estado en la adquisición realizada entre noviembre y diciembre de 2019.

El informe también establecía acciones penales contra los ministros de la Presidencia, Yerko Núñez; de Gobierno, Arturo Murillo; de Defensa, Fernando López; el extitular de Economía y Finanzas, Óscar Ortiz; y el presidente Ejecutivo a.i. de la Aduana Nacional, Waldo Ramos, “quienes omitieron responder a los requerimientos realizados por la Comisión Especial Mixta de Investigación de la ALP en el marco del proceso de investigación”.