Fue el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, quien hizo este lunes una gran revelación: La ruta del dinero de la corrupción por la compra de gases lacrimógenos durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez llegó hasta “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”, empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center, de Santa Cruz, y la inmobiliaria “El Doral”, de Cochabamba.

“La buena noticia que podemos manifestar al pueblo boliviano es que ya tenemos identificado dónde se encuentra el dinero de la corrupción y gran parte de estos recursos han sido invertidos en la construcción del World Trade Center de Santa Cruz y en la inmobiliaria El Doral”, aseveró el Ministro, según un reporte de prensa de esa cartera de Estado.

Las investigaciones realizadas determinaron que existió un sobreprecio de $us 2,3 millones en la adquisición del material antidisturbios, mismos que fueron distribuidos entre los componentes de un clan mafioso.

Del Castillo denunció una serie de sobornos que se realizaron con el dinero producto del sobreprecio. El primero fue a Rodrigo Méndez, quien recibió la suma en efectivo de $us 582.000 de manos de un familiar cercano de Philip Lichtenfeld. Parte de este dinero fue para Arturo Murillo.

El segundo soborno fue para Philip Lichtenfeld quien recibió tres trasferencias bancarias de la empresa intermediaria Bravo Tactical Solutions (BTS) por un monto de $us 920.000, añade el informe. 

"Según el reporte bancario de las transacciones, el cliente beneficiario figura como 'Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.', empresa que tiene participación en los proyectos: World Trade Center de Santa Cruz y la inmobiliaria 'El Doral' de Cochabamba", agrega el informe del Ministerio de Gobierno. 

El proyecto World Trade Center de Santa Cruz está siendo emplazado en el municipio de Porongo, en la urbanización Colinas del Urubó, a 700 metros del río Piraí. Está constituido por dos torres gemelas, de 27 pisos, revestidas de vidrio. Las torres contarán con 21 pisos de oficinas de 700 metros cuadrados cada una. Un puente conectará ambos edificios. En la parte superior, habrá cinco pisos de entre 300 y 500 metros cuadrados construidos especialmente para brindar una vista privilegiada. Esto implicará un total de 48.000 metros cuadrados de oficinas VIP, clase triple A, según un informe publicado en el periódico Los Tiempos.

Entre los inversionistas de este proyecto se encuentra Philips Lichtenfeld, quien es descrito en la nota de prensa como "gestor del grupo Ravi, una fábrica de botellas, tapas y envases con presencia en siete países y con sede principal en Cochabamba".

Los otros inversionistas son los argentinos Damián Bacman, Alejandro Ginevra, dueño de Gnvgroup, indica el reporte de prensa.

Según el periódico El Sol de Pando, el World Trade Centers Association cedió a Lichtenfeld y Bacman la franquicia para Santa Cruz.

El reporte del impreso añade que "Philip Lichtenfeld es heredero de una de las industrias de envases y tapacoronas más antigua y exitosa de Bolivia, la empresa Ravi. Una importante y reciente operación en la que estuvo vinculado empresarialmente fue la transferencia de la franquicia de la línea boliviana de detergentes Ola, propiedad de su familia, a la trasnacional británico-holandesa Unilever, que desde 2019 produce esa marca originada en Cochabamba".

Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.

Según el Ministro de Gobierno, el dinero de la corrupción producto de la red armada en la gestión de Jeanine Áñez, también llegó hasta “Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A.”.

En estos proyectos también participa Philip Lichtenfeld, según el Testimonio e instrumento Nº 411/2017.- "Escritura pública sobre un aumento de capital autorizado, suscrito y pagado y consiguiente codificación parcial de la constitución de sociedad y sus estatutos, que realiza la sociedad anónima Proyectos Inmobiliarios El Doral S.A" de fecha 29 de marzo de 2017 y disponible en el sitio web de Edictos Legales del periódico cruceño La Estrella del Oriente. (https://www.edictos.bo/testimonio-492/ ).

Según el documento, Philip Lichtenfeld aportó a esa sociedad la suma de Bs. 1.680.000 correspondientes a 168 acciones nominativas de Bs 10.000 cada una, es decir, 11,49% del capital accionario estimado en Bs 14.620.000.

Los otros accionistas son José Cristian Jiménez Poveda, Jonny Hugo Fernández Rioja, Alan Morales Aliendre, Santiago Pablo Bacman y Damián Leandro Bacman (socio de Philip Lichtenfeld en el proyecto de WTC).

Al respecto, el Ministro de Gobierno indicó que se trabaja para recuperar el dinero desviado de los recursos públicos.

“Vamos a trabajar como Ministerio de Gobierno para recuperar cada centavo que se le ha robado al pueblo boliviano durante la pandemia. Han utilizado la excusa de comprar gases lacrimógenos para robarse 2,3 millones de dólares”, dijo Del Castillo este lunes.

La excanciller del gobierno de facto, Karen Longaric, avaló los tres decretos que autorizaban la compra con sobreprecio de gases lacrimógenos y armamento no letal para el Ministerio de Defensa a través del Ministerio de Gobierno, negociado que fue realizado por Arturo Murillo junto a sus principales colaboradores.

Longaric, de origen croata al igual que Murillo Prijic, nunca observó dicha compra desde su Despacho, admitiendo como Canciller las compras con sobreprecio a través de empresas intermediarias, según señaló este lunes el ministro de Justicia, Iván Lima.

“Ya es momento que la señora Longaric haga su declaración, que le diga al país, como corresponde en el debido proceso, por qué ella ha permitido la aprobación de esos decretos, por qué como Canciller ha permitido que la relación directa con Brasil permita robarle al Estado boliviano”, subrayó.

Ante el anuncio de su convocatoria a declarar a la Fiscalía en calidad de testigo en el caso, la excanciller del régimen golpista, al igual que sus colegas del gabinete de Jeanine Áñez, respondió y dijo que “la lógica administrativa es que cada ministro responde por su área”, en un intento de alejarse de sus responsabilidades y de negar su cercanía con Murillo.

En este sentido, el titular de Justicia ratificó la convocatoria para Longaric y para todos sus colegas del gabinete de facto para que digan su verdad ante la Fiscalía y respetando el debido proceso.

“Si tiene explicaciones, que las dé ahora, todo esto que han hecho los políticos de lavarse las manos lo van a tener que explicar ante la Fiscalía y si tienen una verdad, si tienen la posibilidad de convencer al país que no tienen relación con Arturo Murillo, tendrá que decirnos también por qué no lo ha denunciado en el tiempo oportuno”, mencionó.

Por su parte, el diputado Juanito Angulo (MAS) recordó a Longaric que su relación con Murillo fue tan cercana que, en diciembre de 2019, designó a su hermana, Jacqueline Mercedes Murillo Prijic, como cónsul de Bolivia en Miami (Estados Unidos), sin importar que incurría en un acto de nepotismo.

“Esto no es nepotismo. Creo que cuando una persona está capacitada para ejercer el cargo, el tema del parentesco no debería ser un óbice”, justificó Longaric en ese entonces.

El Legislador pidió que la exautoridad sea convocada a declarar, no solo por avalar la compra irregular de armamento no letal con sobreprecio, sino por incurrir en un caso flagrante de nepotismo.

“No es posible que se designe a la hermana de un ministro como cónsul, eso es ilegal y por eso tiene que responder la excanciller Longaric, tiene que ser convocada y declarar por qué procedió con esta designación sabiendo que era irregular, en este caso de nepotismo. Pero esta es solo una muestra de otras irregularidades que se han cometido en el régimen de facto”, recordó el legislador.

El Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional informó este lunes que se solicitará a la Fiscalía General del Estado (FGE) que cite a todo el gabinete de Jeanine Áñez, incluida ella, para que declaren por los casos de corrupción que se ocasionaron tras la aprobación de los primeros tres decretos de su gobierno de facto.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, señaló que los ministros del gabinete del régimen golpista de Jeanine Áñez firmaron tres decretos que no tenían sustento legal, a través de los cuales se procedió a la compra irregular de gases lacrimógenos. 

“No hay los informes técnicos ni legales que sustenten la emisión de los tres decretos que fueron, sin duda, los que motivaron la compra irregular, se autorizó la contratación por excepción, se autorizó la transferencia de recursos, se autorizó la compra a través de un intermediario, a través de estos decretos supremos”, ratificó en una entrevista radial.

Siles indicó que es por esta razón que el Ministerio de Justicia solicitó que se los cite a declarar en calidad de testigos para que aclaren su participación en la emisión y firma de los decretos supremos cuestionados: 4090, 4116 y 4168.

“Queremos que aclaren ante el Ministerio Público, no ante la opinión pública ni los medios de comunicación sobre cuál ha sido su intervención en la emisión de estos decretos supremos, que sin duda fueron los que motivaron la compra irregular, daño económico al Estado, posteriormente el soborno, el lavado de activos, la legitimación de ganancias ilícitas, como dice nuestra legislación”, explicó.

La autoridad aclaró que será la investigación del Ministerio Público la que determinará la situación procesal de los convocados luego de que presten su declaración.

“A juicio nuestro, institucional, creemos que, por el simple hecho de haber firmado estos decretos supremos posiblemente contrarios a la Constitución y las leyes, contrario a la propia Ley de Armas, hacen responsables a estas autoridades que solidariamente, como dice la Constitución, deben responder por sus actos”, declaró.

Asimismo, aclaró que, en el tema de la compra de gases lacrimógenos, se llevan adelante dos procesos penales diferentes, gases lacrimógenos uno y dos.

“El uno es un proceso que data de enero del presente año en el cual están imputados el señor López, Murillo y otras personas, se están investigando hechos de corrupción a momento de realizarse la compra por contratación, por excepción de gases lacrimógenos y es en este proceso que el Ministerio de Justicia ha pedido el día de hoy que se cite a declarar en calidad de testigos a todas las autoridades del gobierno de facto”, precisó.

El caso gases lacrimógenos dos fue iniciado la pasada semana con base en un informe emitido por la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), sobre retiros a cargo de personas que habían sido encomendadas por Murillo y de su entorno tanto laboral como familiar, y transferencias de dinero posiblemente proveniente de hechos de corrupción.

“Son dos casos diferentes. El primero, donde el Ministerio de Justicia, a través del Viceministerio de Transparencia, es parte coadyuvante; y el segundo, donde el Ministerio de Gobierno es también parte coadyuvante junto con el Ministerio Público” precisó Siles.

La viceministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción, Susana Ríos, dijo este lunes que los integrantes del gabinete de Jeanine Áñez deben explicar ante los fiscales, los procedimientos, las motivaciones y el control en la aprobación de tres decretos que fueron el marco para que el exministro del gobierno de facto, Arturo Murillo, junto a una red nacional e internacional, pueda comprar equipos antidisturbios con un sobreprecio de más de $us 2,3 millones.

Ríos, entrevistada en el programa 180, de radio Patria Nueva, dijo que su despacho es parte del proceso judicial que se impulsa contra Murillo, el exministro de Defensa, Luis Fernando López, y otros exfuncionarios públicos que estuviesen involucrados en la adquisición irregular de gases lacrimógenos con sobreprecio.

Esta compra con el millonario sobreprecio, motivó la detención de Murillo en EEUU quien está acusado de soborno y lavado de dinero.

"Entre diciembre, enero y febrero se aprobaron varios decretos. Estos decretos tenían, como fondo, facilitar una compra de material antidisturbios a favor del Ministerio de Gobierno que, por hecho de estos decretos y una forma extraña y fuera de la norma, se realizó a través del Ministerio de Defensa. En esa oportunidad se entendió que esa compra tenía el objetivo de evitar el pago de impuestos porque el Ministerio de Defensa, por la Ley LOFA (Ley Orgánica de las FFAA) tiene la posibilidad de comprar este material bélico con exención tributaria", dijo la Viceministra.

Por la firma de esos decretos, los entonces integrantes del gabinete de Áñez deben explicar los motivos para la autorización, los procedimientos que se siguió y los mecanismos de control que se efectuaron a una transacción internacional total de $us 5,6 millones.

"Yo esperaría que la señora Jeanine Áñez y todo su gabinete, más bien, nos den luces de todo lo que ha pasado, ¿cuál ha sido el procedimiento a partir del cual se han aprobado estos decretos?, y, sobre todo, ¿cuáles fueron las motivaciones?, (…) que nos ayuden a aclarar por qué se han emitido estos decretos, ¿por qué se ha dado este singular procedimiento?, ¿por qué se ha permitido esta compra?, ¿por qué no se ha hecho el control sobre este sobreprecio?, manifestó.

Ríos dijo que si los exministros no tienen responsabilidades en la aprobación de los decretos, deberían acudir voluntariamente a la Fiscalía para esclarecer su participación en la compra de gases lacrimógenos con sobreprecio.