El fiscal departamental de Santa Cruz, Roger Mariaca, informó este lunes que se investiga el feminicidio de una joven, quien fue desmembrada y semienterrada; las autoridades realizaron el levantamiento del cadáver el pasado domingo en la localidad de Lomas Centellas, del municipio de Porongo, en Santa Cruz.

“Se está investigando conjuntamente con la Policía, con la FELCV (Fuerza Especial de Lucha contra la Violencia). Queremos ser responsables al momento de informar, con más seguridad, por eso se ha realizado, en la autopsia, las pericias correspondientes”, indicó Mariaca en contacto con Red Uno.

El Fiscal detalló que el cuerpo de la víctima tiene tatuajes que podrían ayudar a identificarla, por lo que aún se trabaja en ello.

Por su parte, el director de la Fuerza Especial de Lucha Contra la Violencia (FELCV) de Santa Cruz, José María Velasco, indicó que, según las investigaciones, la víctima tendría entre 25 a 30 años de edad, con evidentes signos de violencia extrema, que desencadenaron en el desmembramiento de sus manos y pies.

El cuerpo de la joven será sometido al examen forense y los efectivos de la FELCV esperan identificarla por los tatuajes.

La FELCV y la fiscalía realizan una investigación exhaustiva para dar con el autor o autores de ese feminicidio en el departamento de Santa Cruz.

El abogado de las víctimas de la masacre de Senkata, Thomas Becker, informó este lunes desde Estados Unidos (EEUU) que el proceso contra el exministro de Gobierno del régimen de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, abre la posibilidad para nuevos procesos judiciales.

“Esto es parte de una historia muy complicada, de un año muy duro y ojalá abra la puerta para más juicios. Bueno, para la justicia de todas las víctimas”, dijo el abogado estadounidense en entrevista con Bolivia Tv en Miami, en relación al Gobierno de facto.

Murillo se encuentra preso en EEUU desde mayo de este año. Es investigado por un caso de soborno y lavado de dinero por gestionar la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor para el Gobierno boliviano a través de la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Becker dijo que el caso de Murillo es sólo uno de los muchos vinculados a hechos ilícitos que se registraron durante el régimen de Áñez, sobre todo, aquellos vinculados a la vulneración de derechos humanos.

Durante 2019, luego del golpe de Estado denunciado por el entonces presidente Evo Morales tras los comicios presidenciales de esa gestión, se registraron hechos de violencia en varias regiones del país. Uno de esos escenarios fue la zona de Senkata en la ciudad de El Alto, donde 10 personas fallecieron como consecuencia de una intervención de las fuerzas combinadas entre Policía y Fuerzas Armadas (FFAA).

El exministro de Gobierno del régimen de Jeanine Áñez, Arturo Murillo, se enfrenta a varios escenarios en la audiencia programada para el 9 de septiembre en EEUU, donde es acusado soborno y lavado de dinero.

La información la dio a conocer este lunes Daniel Pulencio, abogado de Greenberg Traurig, el bufete internacional de abogados que contrató Bolivia para el caso.

Por la mañana, se conoció que Murillo logró un acuerdo en EEUU para pagar una fianza de $us 250.000 y defenderse en libertad.

“No se conocen cuáles son las demás condiciones de la libertad; pero, cuando consiga los 250 mil dólares, seguramente, como es la regla general, se van a acordar otras condiciones para la fianza, las cuales van a incluir posiblemente la entrega de su pasaporte, brazalete electrónico, prohibición de transitar por fuera de su casa dentro de determinadas horas y prohibición de viajar por fuera de este distrito judicial”, explicó Daniel Pulencio en entrevista con Bolivia TV desde Miami.

Sostuvo que, en caso de que Murillo accediera a la libertad condicional, la única posibilidad de que vuelva a ser detenido es si recibe sentencia o porque estando en libertad durante el proceso cometa otros delitos como la obstrucción de justicia, intimidación de testigos, destrucción de documentos, entre otros relacionados al caso.

El abogado aclaró que no es un requisito en la ley americana el declararse culpable de un caso, por lo que el exministro de Áñez no está obligado a admitir responsabilidad para lograr un acuerdo de fianza.

“Sin embargo, la regla general es que cuando un acusado como él está pidiendo permanentemente aplazamientos en esta etapa del caso es que está en proceso de declararse culpable, no lo sabemos; pero, es la regla general”, dijo.

Murillo está en el Centro de Detención Federal de Miami desde mayo y tiene un número de identificación, es el preso N° 02358-506. Es acusado de soborno y lavado de dinero por gestionar la adquisición de gases lacrimógenos de la empresa Cóndor para el Gobierno boliviano mediante la intermediaria Bravo Tactical Solutions LLC (BTS) por un precio de $us 5,6 millones, es decir, con un sobreprecio de $us 2,3 millones.

Según un reporte del canal estatal Bolivia TV, la justicia estadounidense definió la mañana de este lunes la nueva audiencia para el  9 de septiembre.

“En esa audiencia, seguramente van a pasar dos cosas: número uno, la corte va a preguntar cómo se declaran y es posible que en ese momento todavía no estén preparados para declarase culpables, entonces el proceso continúe y, número dos, la corte va a preguntar cuál es el estatus del acceso al expediente y si la Fiscalía ha dado acceso al expediente, como se llama aquí: descubrimiento a los acusados”, informó Daniel Pulencio.

El subdirector de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (Felcc) de La Paz, Juan José Donaire, informó este lunes que el Departamento de Cibercrimen investiga las nuevas ofertas irregulares de venta de certificados de vacunación contra el COVID-19. Advierten con procesos penales a los responsables de esta falsificación de documentos.

“Tenga la seguridad la ciudadanía de que vamos a intervenir y, obviamente, la Policía Boliviana, dentro del ámbito de la prevención realiza este trabajo de prevención y finalmente el tema de intervención a este tipo de actividades ilícitas”, indicó Donaire en contacto con radio Éxito.

Efectivos de la Policía realizan controles virtuales en las diferentes redes sociales para identificar a las personas que están estafando a la ciudadanía, con la venta de documentos falsos.

El jefe policial informó que, en muchos casos, los detenidos alegan desconocimiento del delito, por lo que advirtió que aquellas personas que realicen o pretendan realizar este tipo de actividades ilícitas dejen este accionar porque podrían asumir un proceso penal, bajo los cargos de a falsedad ideológica o material, uso de instrumentos falsificados, entre otros.

“Aquellas personas que estén con esta actitud, invitamos a que depongan este tipo de afectación a la buena fe de la ciudadanía, y obviamente podría adecuar su conducta al tema de falsedad ideológica o material, uso de instrumentos falsificados, a partir de esos delitos podemos estar operando conforme a los antecedentes que podamos recabar”, explicó.

Asimismo, exhortó a la ciudadanía a no fomentar este tipo de ilícitos con la compra de estos documentos falsificados. Solicitó hacer su denuncia ante la Felcc mediante su plataforma virtual o de manera presencial para que efectivos policiales puedan asesorarlos y que no sean víctimas de estafas.