El ministro de Justicia, Iván Lima, dijo que la propuesta de Carlos Mesa, de la agrupación Comunidad Ciudadana (CC), para reformar la justicia en 90 días, es en realidad un intento de “segundo golpe de Estado” ya que implicaría pedir la renuncia de los fiscales, el acortamiento del mandato de los magistrados judiciales y la paralización de la justicia, además de buscar un pacto de silencio e impunidad.

La autoridad, entrevistada en el programa Primer Plano, de Bolivia Tv, indicó que el gobierno cumplirá las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en el marco de la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes vigentes en el país.

“Para llegar a una solución, a una reforma integral no solamente es necesario cambiar al Fiscal General y a las altas autoridades de Sucre, esta es la única propuesta de Comunidad Ciudadana que definitivamente no hace más que ser un segundo golpe de Estado. No le puede obligar a las autoridades de la justicia que renuncien obligatoriamente y pensar en procesarlos parte de que el señor Mesa al menos presente una denuncia contra ellos. No hay nada de eso. Este es un ejercicio retórico, que le gusta mucho, de desinformar al país”, manifestó.

La posición de la autoridad surgió luego de que Mesa propuso las renuncias y procesamiento de los fiscales y el acortamiento de mandato de las autoridades judiciales como paso previo para viabilizar el juicio de responsabilidades contra Jeanine Áñez en la Asamblea Legislativa Plurinacional.

Lima recordó que ninguna de las recomendaciones del GIEI indica que se debe procesar penalmente al Fiscal General o se le obligue a renunciar. Tampoco indica que se acelere el acortamiento de mandato de los magistrados.

“Pretender un segundo golpe de Estado o pretender que, por el peligro que tiene el señor Mesa del juicio que debe enfrentar en el caso Quiborax, a una distorsión de las instituciones y a renuncias obligatorias, no es adecuado, no es patriótico y no puede ser otra cosa que un pacto silencio e impunidad que no vamos a permitir de ninguna manera”, agregó.

La Policía Boliviana aprehendió este martes a un cuarto miembro de la denominada Resistencia Juvenil Cochala (RJC), identificado como Fabio Bascopé, para que dé su declaración informativa por destrozos registrados el 6 de octubre de 2020 en el edificio de la Fiscalía General del Estado (FGE) de la ciudad de Sucre, capital del departamento de Chuquisaca.

Según una nota publicada por el periódico Correo del Sur, el sindicado fue trasladado cerca del medio día desde Cochabamba a dependencias del Ministerio Público.

Un video que circula por redes sociales muestra a Bascopé en el asiento del conductor de un vehículo, quien habla con un efectivo policial sobre una orden de aprehensión emitida en su contra.

El miembro de la RJC menciona que llegó a la ciudad de Sucre para presentarse ante el Ministerio Público, mientras pide que se le muestre el documento sobre su aprehensión.

“Voy a decir que la traigan entonces (la orden de aprehensión)”, menciona el policía en el inicio de una llamada telefónica respecto a la solicitud de Bascopé.

Entre tanto, el miembro de la RJC dice que está dispuesto a prestar su declaración informativa por el caso de los destrozos registrados el año pasado.

“He venido para dar la cara. Acá estoy con todos los papeles, la familia, todo. Hemos venido justamente por eso. No me estoy escondiendo”, asevera en el audiovisual.

Según datos de los medios de comunicación, la investigación del caso permitió hasta el momento que el líder de la RJC, Yassir Molina, y Mario Bascopé cumplan una detención preventiva en el penal de San Roque de la ciudad de Sucre.

Por otro lado, Milena Soto fue beneficiada con una detención domiciliaria que cumple en la ciudad de Cochabamba.

Los sindicados fueron imputados por la comisión de los delitos de organización criminal, deterioro de los bienes del Estado y tenencia ilegal de armas.

La estrategia de victimización y mentiras de Jeanine Áñez afecta a la población penitenciaria y ya generó protestas en las cárceles de Miraflores, San Pedro, Chonchocoro y Palmasola, indicó el director General de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, quien reiteró que se respetan los derechos de la expresidenta de facto y se le brindan condiciones que los otros privados de libertad consideran como privilegios.

Limpias, entrevistado en Bolivia Tv, indicó que los pronunciamientos de los internos de esos centros de reclusión señalan que existe un malestar ya que “todos somos iguales ante la ley” y no debería haber privados de libertad de primera y de segunda categoría.  

“Pareciera que esta victimización que se hace de parte de la señora Áñez, está afectando a la población privada de libertad en su conjunto”, sostuvo.  

La autoridad dijo que se constataron protestas y señales de malestar en el centro de reclusión de mujeres de Miraflores, en el penal de San Pedro, en la cárcel de máxima seguridad de Chonchocoro, en La Paz, y en el penal de Palmasola, en Santa Cruz. Esas manifestaciones no serán intervenidas debido a que son pacíficas, indicó.

Manifestó que mañana miércoles sostendrá reuniones con las y los representantes de los privados de libertad con el fin de conocer formalmente sus demandas.

“Por un lado (familiares y abogados de Áñez) nos dicen que vulneramos derechos, lo cual hemos desmentido esas falacias y mentiras” y otros dicen que ella tiene sus privilegios, agregó.

La autoridad penitenciaria ratificó que la expresidenta de facto recibe cada día las visitas de familiares, de sus abogados, recibe desayuno, almuerzo y cena especial traída por sus cercanos desde fuera de la cárcel (debido a que ella rechazó consumir los alimentos del penal), además de que se le permitió que todas las noches sea acompañada por un familiar para superar su estado anímico.

Además de ello, cuenta con atención médica las 24 horas y acceso irrestricto a su médico de cabecera, quien fue es el profesional que instruyó el tratamiento que recibe.

Dijo que este martes, Áñez recibió la visita de delegados de la Defensoría del Pueblo y fue llevada a una revisión médica externa para preservar su estado de salud física y mental.

La Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de El Alto, denunció que Jeanine Áñez aplica la misma estrategia del dictador chileno Augusto Pinochet para usar lo humanitario, la salud, con el fin de salir en libertad y luego fugar de la justicia. Esa organización teme que, si le dan detención domiciliaria, ella aborde al día siguiente una avioneta, salga del país y deje en la impunidad las masacres de Sacaba y Senkata, ocurridas en 2019.

Esas afirmaciones fueron realizadas este martes por David Inca, presidente de esa institución de Derechos Humanos en entrevista en el programa “Contragolpe” de radio Patria Nueva. El representante dijo que está en marcha una estrategia política y mediática para victimizar a la expresidenta de facto mientras se “desprecia” e invisibiliza a las “víctimas reales”, es decir a las 38 personas muertas durante las matanzas de 2019, los más de 800 heridos y más de 1.000 detenidas de manera arbitraria, torturadas y perseguidas.

El equipo de Áñez está “usando los mismos argumentos que Pinochet”, dijo el representante de DDHH, quien recordó que el exdictador chileno recurrió al tema humanitario, al supuesto riesgo de su salud, de su vida, para ser liberado por la justicia inglesa. Inclusive usó silla de ruedas para mostrarse casi agonizante pero al llegar a Chile, se puso en pie, caminó y no fue sancionado por sus crímenes de lesa humanidad.

Pinochet fue detenido en Londres el 16 de octubre de 1998. Pasó 503 días detenido en Inglaterra luego de que el juez español Baltasar Garzón emitió 14 órdenes de captura en su contra por crímenes de lesa humanidad, tortura, secuestro y desapariciones forzadas.

Los abogados y estrategas de Pinochet usaron su presunto mal estado de salud y su presunta agonía para liberarlo y trasladarlo hasta Chile, donde llegó, caminó y se mantuvo impune.

Con ese antecedente, Inca alertó que, si los operadores judiciales otorgan arresto domiciliario a la expresidenta de facto, ella será trasladada al Beni donde, días después tomará una avioneta y saldrá del país en los siguientes días.

En ese sentido, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo dijo que el día que se aprehendió a Áñez, ella se ocultó de la justicia y ya tenía boletos para salir del país, por lo que existe riesgo de fuga.    

Para evitar que Áñez fugue de la justicia, dijo Inca, la Asamblea de Derechos Humanos ofreció una vivienda en el Distrito 8 de la ciudad de El Alto para que ella cumpla una detención domiciliaria, custodiada por los vecinos y las víctimas de la masacre de Senkata.

Consultado sobre la propuesta de Carlos Mesa respecto a un pacto de reconciliación, el dirigente de la Asamblea de Derechos Humanos, indicó que esa propuesta es un “chantaje, discriminador y racista” ya que busca evitar que se enjuicie a los responsables de las violaciones a los Derechos Humanos en 2019 así como favorecer a Jeanine Áñez en perjuicio de los 38 muertos, centenares de heridos y más de 1.000 detenidos y torturados.