La Dirección Departamental de Prevención e Investigación de Robo de Vehículos (Diprove) recuperó dos motorizados que fueron robados en la ciudad de Santa Cruz, uno de los cuales ya fue devuelto a su propietario, y el otro, que sufrió modificaciones, todavía se encuentra en instalaciones de la entidad policial para identificar a quien pertenece.

“El pasado 25 de octubre del año 2020, el señor Rolando Flores Fernández sufrió el robo de su vehículo, una vagoneta blanca marca Toyota y hoy tenemos la buena noticia que comunicar tanto a él como a su familia que su vehículo fue recuperado”, indicó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, según un reporte institucional.

El otro motorizado, marca Toyota Corolla con número de placa 492-BRS, sufrió alteraciones en el número de su chasis, por lo que todavía los efectivos de Diprove identifican a quien pertenece para lograr su devolución a los dueños.

“En este momento, se encuentra en inmediaciones también de Diprove y aún se está identificando al propietario de vehículo para que sea devuelto de manera inmediata”, dijo.

La directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, Marcela Siles, reprobó este sábado las “habladurías” de algunos parlamentarios de oposición en el sentido de iniciar un proceso al presidente Luis Arce por el presunto delito de resoluciones contrarias a la Constitución Política del Estado (CPE), por abrogar el Decreto Supremo 4461 de Concesión de Amnistía e Indulto por Razones Humanitarias y Perseguidos Políticos.

“Esa es una habladuría del diputado, a los presidentes no se los puede procesar ante el Ministerio Público, es otro tipo de procedimiento que se hace al Senado (…), lo ha dicho para que todos hablen, porque esa norma presidencial no es inconstitucional”, dijo, según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia.

Esas declaraciones surgen luego que un diputado de Comunidad Ciudadana (CC) exigiera al Ministerio Público iniciar de oficio un proceso en contra del Primer Mandatario por el presunto delito de resoluciones contrarias a la CPE, por haber aprobado un decreto presidencial de amnistía inconstitucional que beneficiaba a su militancia, agrega el reporte.

Siles explicó que la CPE le otorga al presidente Luis Arce facultad para dictar amnistías e indultos, pero además establece que las únicas limitaciones que da la Carta Magna es a las personas que hubieran afectado gravemente los intereses del Estado, en los delitos de asesinato, parricidios y feminicidios.

Recordó que claramente la CPE en su Artículo 172 señala que son atribuciones de la Presidenta o del Presidente del Estado, además de las que establece esta Constitución y la ley, en su numeral 14 establece decretar amnistía o indulto, con la aprobación de la Asamblea Legislativa Plurinacional “y eso es lo que se hecho”.

La directora de Defensa Pública del Ministerio de Justicia afirmó, en respuesta al diputado Torres, de que este decreto abrogado no es “inconstitucional” y que el Primer Mandatario actuó de acuerdo a las atribuciones que le otorga la CPE.

Una de las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) era que el Estado boliviano garantice la “imprescriptibilidad y la inaplicabilidad” de normas de amnistía en casos de graves violaciones a los derechos humanos identificadas tras un informe sobre las masacres, ejecuciones sumarias, torturas y graves violaciones a los derechos humanos sucedidas en el país en 2019.

Además, ese grupo internacional consideró que la aplicación del Decreto Supremo 4461 podría reforzar una percepción de “injerencia política del Gobierno en el desempeño de las funciones del Poder Judicial y de la Fiscalía”, por lo que el Presidente anunció la abrogación de esa norma, dando cumplimiento a la recomendación y el objetivo de avanzar en el proceso de memoria, verdad y justicia para el pueblo boliviano.

Amnistía

Siles también desmintió a legisladores de oposición que tergiversaron la información al insinuar que el decreto presidencial de indulto benefició a militantes del MAS-IPSP.

De acuerdo con los datos oficiales del Ministerio de Justicia y Transparencia Institucional, el Decreto Presidencial 4461 se aplicó entre el 18 de febrero del 2021 al 20 de octubre de 2021, tiempo en el que 709 privados y privadas de libertad fueron beneficiados por razones humanitarias y ninguno por razones políticas.

Siles confirmó que ninguna persona se benefició del indulto por razones políticas en función al Decreto Presidencial 4461 promulgado en febrero y abrogado por unanimidad el jueves, en cumplimiento a las recomendaciones del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI).

“Nadie fue amnistiado en función a dicho decreto por razones políticas”, confirmó la Directora, quien además entregó un reporte detallado respecto a la aplicación del Decreto Presidencial 4461 que tuvo una vigencia de siete meses, agrega el informe de prensa.

El viceministro de Justicia y Derechos Fundamentales, César Siles, explicó este sábado que se trabaja en cumplimiento del Decreto Supremo 4176 referido a la ayuda social humanitaria para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata ocurridas en 2019 durante el periodo de facto, además, se prepara el censo que junto a normas complementarias permitirán llegar a todas las personas que resultaron afectadas.

“Tenemos un mandato como producto del informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) de hacer un censo de las víctimas, censo de procesos y las reformas a la justicia; trabajamos en los tres procesos paralelamente”, anunció la autoridad, según un boletín de prensa del Ministerio de Justicia. 

El Viceministro explicó que el DS 4176 se refiere específicamente a las acciones de reparación integral para las víctimas de las masacres de Sacaba y Senkata; sin embargo, de acuerdo a lo establecido por el GIEI se debe llegar a la totalidad de las víctimas por las graves vulneraciones de derechos humanos registradas a partir de septiembre de 2019.

En cuanto a las nuevas normativas, Siles indicó que se trabaja en la redacción de una proposición acusatoria por torturas, que será presentada en los próximos días y confirmó que con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados se prepara una ley que permitirá reparar integralmente a todas las personas que sufrieron violaciones a sus derechos. 

“Esta ley va a cubrir a todos ellos, no solamente a las víctimas de Sacaba y Senkata, que tienen ya una norma que promulgó Jeanine Añez en claro reconocimiento de su culpa, sino que hay otra norma que va a cubrir a otras personas que no estaban incluidas en la misma”, explicó, en referencia a las víctimas de Pedregal y otros lugares del país.

Para ese objetivo se trabaja la metodología que permita determinar los parámetros de calificación de las víctimas.

Además de “identificar claramente cuáles van a ser las políticas de reparación integral, reconocimientos públicos, construcción de una Casa de la Memoria, reparaciones económicas, salud, trabajo y otras acciones que permitan alcanzar una reparación integral”, subrayó.

La autoridad señaló que la reparación integral significa el cumplimiento de varios aspectos, “no solamente es el aspecto económico con el que ya se llegó a 18 familias (de Sacaba y Senkata); también está la salud, educación, el aspecto laboral… es decir que se necesitan políticas públicas”.

Respecto a los procesos, indicó que existen unos 110 procesos a nivel nacional por casos de persecución, de los cuales muchos ya cuentan con sobreseimientos. En cuanto a las víctimas de masacres, señaló que “existen plazos procesales que deben cumplirse, pero al momento ya hay personas detenidas, hay personas imputadas y otras declaradas rebeldes”. 

En ese sentido, el Viceministro agregó que respecto a los procesos de Sacaba y Senkata no se puede decir que no hay avance o que están paralizados y repitió que existen plazos procesales que se deben cumplir, así como el derecho de las personas imputadas a la defensa.

“Ellos presentan apelaciones o incidentes que hacen demorar, pero es posible que en noviembre se dicten las respectivas acusaciones en los juicios ordinarios para ir a juicios orales”, anunció. 

Siles recordó que, además, las víctimas de las masacres firmaron una proposición acusatoria para Juicio de Responsabilidades contra la expresidenta de facto Jeanine Añez, propuesta que se encuentra en la Comisión Mixta de Justicia Plural de la Asamblea Legislativa Plurinacional para ser tratada, indica el reporte de prensa.

El viceministro de Seguridad Ciudadana, Roberto Ríos, informó que con la implementación del “Plan Frontera Segura” y el trabajo coordinado entre Bolivia y Brasil, se logró una reducción de actos delincuenciales en un 30%, tanto en el departamento de Pando, como en el Estado del Acre, en Brasil, por lo que el trabajo de cooperación se extendió con otras regiones fronterizas.

“En el Estado del Acre hay una reducción de los delitos en un 30 por ciento, al igual que en el departamento de Pando. Sabemos que esto no es suficiente, por eso continuamos desarrollando acciones para avanzar aún más en la disminución de estos delitos”, explicó Ríos.

Detalló que el Gobierno nacional impulsó las acciones coordinadas con Brasil desde abril de esta gestión. En un inicio, se trabajó principalmente con el departamento de Pando y el Estado del Acre y, por los buenos resultados, ahora se amplió a otras regiones fronterizas.

“Este trabajo ha tenido buenos resultados por lo que el Estado del Acre ha compartido estos avances con los demás Estados con los que tenemos colindancia, esto quiere decir que se ha ampliado el trabajo a Mato Grosso, Mato Grosso del Sur y Rondonia (Brasil) con los cuales tenemos colindancia a través de los departamentos de Pando, Beni y Santa Cruz”, informó.

Asimismo, indicó que se continuará con el trabajo coordinado entre ambos países, por lo que, en el primer encuentro de Seguridad Ciudadana que se realizó entre el 20 y 21 de octubre, los representantes de Bolivia y Brasil firmaron una acuerdo para fortalecer la seguridad ciudadana en la frontera en el marco del Plan Frontera Segura.

“Sabemos que el crimen, el delito no conoce fronteras y compartimos con nuestros pares de Brasil en el marco del trabajo colaborativo, lo cual es fundamental para mejorar la seguridad de la frontera”, acotó.

Ríos aseveró que el Gobierno nacional está extremando esfuerzos para luchar contra la criminalidad en todo el territorio nacional y con este nuevo acuerdo ahora se tendrá un trabajo coordinado y se realizarán patrullajes en alrededor de 3.400 kilómetros de frontera.