En el marco de las investigaciones por el caso "Publicidad fantasma", la Policía Boliviana y la Fiscalía Departamental de Santa Cruz, realizaron este martes el allanamiento de las oficinas de la empresa Cisneros Interactive Bolivia S.R.L., en busca de evidencias y pruebas.

“Hemos tomado conocimiento, en primera instancia, a raíz de la denuncia pública que hace el secretario de la Gobernación y a partir de ahí se han iniciado ya los actos procesales para confirmar y corroborar todo lo denunciado y Anticorrupción y la Fiscalía están ya recabando todo lo que viene a significar la documentación necesaria para confirmar o descartar la denuncia pública que ha hecho el secretario”, informó el coronel Erick Holguín, comandante departamental de la Policía en Santa Cruz, según un reporte de Btv.

Las oficinas ubicadas en el edifico Torre Dúo fueron registradas por las autoridades en busca de elementos y pruebas que ayudarán al esclarecimiento del desvío de Bs 700.000 del Gobierno Departamental de Santa Cruz para la campaña de Roly Aguilera a la alcaldía cruceña, por el partido político del exgobernador Rubén Costas, Movimiento Social Demócrata (MSD).

El 20 de diciembre, el secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, denunció que en la gestión del exgobernador Costas se destinó presuntamente un presupuesto público superior a Bs 700.000 destinado a brindar información y prevención contra el COVID-19 para apoyar la candidatura de Aguilera.

El Ministerio Público investiga el presunto hecho de corrupción de oficio en contra del exgobernador Rubén Costas, Roly Aguilera y el concejal Manuel Saavedra. El juez definió para el 29 de diciembre la audiencia de los denunciados.

(Foto: Página Facebook del Viceministerio de Descolonización y Despatriarcalización)

El Tribunal Disciplinario de la Policía, en Cochabamba, resolvió dar de baja definitiva sin derecho a reincorporación al mayor Daniel Gualberto Capriles Sánchez, por instigar el motín de 2019, en coordinación con el grupo paraestatal Resistencia Juvenil Cochala (RJC), informó el viceministro de Descolonización y Despatriarcalización, Pelagio Condori Yana.  

La autoridad, en la cuenta de Facebook de ese Viceministerio, informó de la “Resolución Sancionatoria Nº 159, de retiro o baja definitiva de la institución policial sin derecho a reincorporación, en contra del My. Daniel Gualberto Capriles Sánchez, por la transgresión del artículo 14. (Faltas graves con baja definitiva de la institución sin derecho a reincorporación), Numeral 3. (Incurrir en actos públicos, deshonrando los símbolos nacionales, la institución o el uniforme policial), Numeral 10 (instigar o liderar motines, huelgas, suspensión o interrupción del servicio, como acto de protesta o medidas de presión), de la Ley 101 del régimen Disciplinario de la Policía Boliviana”.

Según la determinación, durante el motín policial de 2019, se evidenció que “uno de los líderes y quien actuó con la ‘Resistencia Juvenil Cochala’ en el motín Policial fue el My. Daniel Gualberto Capriles Sánchez, quien fue identificado plenamente mediante imágenes audiovisuales captadas por los diversos medios de comunicación y redes sociales”.

Durante las investigaciones se evidenció que Capriles Sánchez, “estuvo estrechamente vinculado con el sr. Yassir Molina, líder de la Resistencia Juvenil Cochala, grupo de personas que atentaron contra sociedad, es más, el citado oficial se encontraba vistiendo uniforme policial en fecha 08 de noviembre de 2019, lo cual fue de conocimiento público a través de diferentes medios de prensa escritos y audiovisuales, usó el uniforme de forma completamente equivocada para cometer arbitrariedades fuera de su competencia como servidor público policial deshonrando la institución,  así como el uniforme policial”, indica el informe policial citado por el Viceministro.

Con esa actitud, añade el reporte, el uniformado “transgredió lo establecido en el art. 251 de la Constitución Política del Estado y art. 6 de la Ley Orgánica de la Policía Nacional (hoy boliviana), la policía boliviana, mandato que tiene la misión específica de la defensa de la sociedad, la conservación del orden público y el cumplimiento de las leyes en todo el territorio boliviano. Lamentablemente se encontraba el citado oficial de policía en compañía de otros servidores públicos policiales, que protagonizaban un motín policial, dejando de lado la función y misión como policía boliviana (sic)”.

El Viceministro aclaró que presentó la denuncia en el marco de lo establecido en el párrafo I del Artículo 65 de la Ley 101 del Régimen Disciplinario de la Policía Boliviana y el artículo 17 de la Ley No. 045 Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación.

El jefe de la Unidad Anticorrupción de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC) de Santa Cruz, Saúl Salazar, confirmó este martes que esa unidad realizó allanamientos a la empresa publicitaria "Multimedia", en el marco de las investigaciones por el caso "publicidad fantasma" en la Gobernación cruceña, por el presunto desvió de recursos económicos durante la gestión de Rubén Costas. 

“Es dentro del caso de la Gobernación”, fueron las pocas palabras que dijo Salazar, según un reporte de Red Patria Nueva.

Efectivos policiales allanaron las oficinas de la empresa ubicada en el segundo anillo y avenida El Trompillo, en Santa Cruz.

El asambleísta departamental del MAS, Rodolfo Vallejos, exigió a la Fiscalía esclarecer el caso e investigar a fondo ese presunto hecho de corrupción, donde se habría desviado alrededor de Bs 700.000 de la gobernación para una campaña política de Demócratas.

El 20 de diciembre, el secretario de Justicia de la Gobernación cruceña, Efraín Suárez, denunció que en la gestión del exgobernador Costas se destinó presuntamente un presupuesto público superior a Bs 700.000 a la información y prevención contra el COVID-19 para apoyar la candidatura de Roly Aguilera a la alcaldía.

El Ministerio Público investiga ese presunto hecho de corrupción de oficio en contra del exgobernador Rubén Costas, Roly Aguilera y el concejal Manuel Saavedra. El juez definió para el 29 de diciembre la audiencia de los denunciados.

El fiscal departamental de Oruro, Gonzalo Álvarez, informó este martes que el Juzgado de Instrucción Penal Tercero determinó que el sujeto identificado como Jherson J.T.H., de 27 años, implicado en el asalto y agresión a una pareja en la ciudad de Oruro, sea enviado al Penal de San Pedro con detención preventiva mientras duren las investigaciones.

El Ministerio Público fundamentó que el sujeto es con probabilidad autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, robo agravado y lesiones graves y leves cometidos en contra de Abril CH.V., y Kevin C.E., en plena vía pública.

“Durante la audiencia, el Ministerio Público ofreció las pruebas consistentes en registro de cámaras de seguridad donde se identifica a los presuntos autores del hecho, solicitud de mandamiento de allanamiento, acta de reconocimiento de persona y desfile identificativo, registro del lugar del hecho y otros elementos indiciarios que hacen presumir que los sindicados son con probabilidad autores del hecho”, dijo Álvarez, según un reporte institucional.

Las investigaciones preliminares señalan que el hecho, sucedió el 21 de diciembre cuando la pareja fue asaltada por cinco personas quienes, además de robarles sus pertenencias, golpearon al varón hasta que perdió la conciencia.

Kevin quedó en estado de inconsciencia y fue auxiliado por su pareja y policías que llegaron al lugar luego de recibir una llamada telefónica y fue trasladado al Hospital General San Juan de Dios de esa ciudad.

En el mismo caso, Cristhian R.C.A., de 20 años de edad, está a la espera de su audiencia de medidas cautelares, mientras que Alex K.F.R. y Sumer C.O., ambos de 20 años, se encuentran prófugos y están siendo buscados por las autoridades competentes para que sean puestos a disposición de la justicia.

El pasado lunes, el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, presentaba a los aprehendidos en el caso. Tras los allanamientos de la Policía, en el domicilio de uno de los implicados se logró colectar la prenda de vestir que estaba utilizando la víctima, seis celulares, una tablet, y otros elementos que no lograron indicar la procedencia de los mismos. 

“Se tuvo un grado de brutalidad que se ejerció para cometer el delito de robo en contra de un joven orureño (…), la señora Abril formalizó su denuncia en la FELCC (Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen) contra los presuntos autores por el delito de robo agravado”, indicó Del Castillo.