Sucre, 24 de septiembre de 2025 (ABI). – El procurador general del Estado, Ricardo Condori, aseveró este miércoles que el caso Sacaba no concluyó y alertó sobre el riesgo de que las decisiones judiciales conduzcan a la impunidad, pese a los informes internacionales que califican los hechos como “masacres”.
“Tenemos un informe emitido por el GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) donde señala que son masacres, a las actuaciones realizadas por miembros de la Policía, miembros militares en el caso de Sacaba y Senkata”, recordó Condori.
En esa línea, citó los recientes pronunciamientos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que recomendaron revisar las decisiones adoptadas en este proceso.
“La CIDH y la ONU se han pronunciado para que no se deje en impunidad y que se pueda revisar de alguna manera las decisiones que hoy son objeto de observación”, insistió.
Condori explicó que el caso contra la exmandataria transitoria Jeanine Áñez sigue abierto y que, en el marco legal vigente, se presentó una apelación en la vía ordinaria.
“Estamos esperando el día y hora para dicho efecto”, precisó en conferencia de prensa.
Consultado sobre un eventual juicio de responsabilidades, afirmó que mientras no exista una resolución que defina esa vía, corresponde avanzar por la justicia ordinaria.
“El trámite de acuerdo a ley es que, momentáneamente, mientras no se defina o no se acepte ese juicio de responsabilidades, para nosotros tiene que realizarse un juicio ordinario”, puntualizó.
Añadió que la defensa de Áñez habría activado un recurso de revisión extraordinaria, por lo que la Procuraduría aguarda una respuesta formal del Órgano Judicial.
“Estaremos a las expensas del órgano judicial que se pueda pronunciar al respecto”, sostuvo.
Condori reiteró que aún existen recursos pendientes, tanto ordinarios como constitucionales, lo que mantiene en curso el proceso penal por los hechos de noviembre de 2019, en los casos denominados Sacaba y Senkata.
2019
El 15 de noviembre de 2019, tras la renuncia del expresidente Evo Morales y la asunción inconstitucional de Jeanine Áñez como presidenta transitoria, fuerzas combinadas de la Policía y las Fuerzas Armadas intervinieron una movilización de cocaleros en el puente de Huayllani, en Sacaba, Cochabamba, con un saldo de 10 personas fallecidas y más de un centenar de heridos.
Días después, el 19 de noviembre, se produjo una intervención militar y policial en Senkata, El Alto, durante las protestas contra el gobierno transitorio, que dejó otras 10 personas muertas y decenas de heridos.
El GIEI-Bolivia, en su informe de agosto de 2021, calificó ambos hechos como “masacres” y recomendó procesos judiciales imparciales y efectivos para garantizar verdad, justicia y reparación a las víctimas.
GMM/Mac