Oruro, 06 de septiembre de 2025 (ABI).– El jefe de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), Yassir Molina, afirmó este sábado que no se arrepiente de las acciones que lo llevaron a la cárcel tras los hechos violentos de 2019, por los que cumplió más de cuatro años de prisión en el penal de San Pedro de Oruro.
“Si pudiera volverlo a hacer, claro que lo haría, por la defensa de la patria”, declaró en una entrevista con la Red DTV, al justificar la participación de su grupo en los conflictos posteriores a las elecciones de 2019.
Molina señaló que, de pedir disculpas, sería únicamente al Movimiento al Socialismo (MAS).
“Pedirles disculpas al MAS, por no permitir que quemen Cochabamba”, expresó.
No obstante, el exlíder de la RJC aclaró que no volvería a encabezar acciones de hecho en motocicleta como en 2019.
“Tengo alguien por quien velar, a quien cuidar: mi hija, mi esposa. Me necesitan, y no puedo ser desagradecido y poner en riesgo la seguridad jurídica de mi persona y por tanto la tranquilidad de mi familia”, sostuvo.
Dijo que ahora pretende continuar su vida desde “otra perspectiva”.
“En 2019 era un muchacho que no tenía muchas responsabilidades. Hoy quiero luchar desde mis conocimientos, desde mi capacidad, desde otro ámbito”.
Antecedente judiciales
En 2021, la justicia sentenció a Yassir Molina a seis años de cárcel por los delitos de organización criminal, privación de libertad, daños a bienes públicos y otros, debido a los hechos violentos ocurridos en Cochabamba durante la crisis política de 2019.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) describió a la RJC como un “grupo armado y motorizado” que ejerció control violento sobre sectores de la sociedad y recomendó su desarticulación.
Tras haber cumplido cuatro años y cuatro meses de condena, el Juzgado de Ejecución Penal de Oruro le concedió esta semana libertad condicional para cumplir el resto de su pena –un año y ocho meses– bajo restricciones: no podrá cambiar de residencia, deberá permanecer en Oruro y contar con empleo estable.
La excarcelación de Molina se suma a las decisiones judiciales que beneficiaron a otros procesados por los hechos de 2019, como la expresidenta Jeanine Áñez y el gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, lo que generó críticas sobre el papel del sistema judicial en estos casos.
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