La Paz, 06 de enero de 2024 (ABI). - La Defensoría del Pueblo advirtió que la sentencia condenatoria en el caso de la exconcejala Juana Quispe no es garantía de triunfo hasta que esta sea ejecutoriada como juzgada, puesto que podría generarse nuevamente una retardación de justicia en la instancia de apelación.
“Como Defensoría del Pueblo hemos hecho un análisis, es cierto y evidente que se tiene una sentencia, pero está aún no se encuentra firme, es decir falta su ejecución, porque el procedimiento penal establece recursos para que la parte que no esté conforme con la sentencia recurra a ellos, como lo son el recurso de apelación restringida y la casación”, manifestó la Delegada Defensorial Departamental, Maritza Suntura, citada en un boletín.
Por ello, Suntura reiteró que la Defensoría del Pueblo tiene un compromiso con este caso en particular, y en ese marco hará el seguimiento correspondiente, “hasta que se pueda tener una sentencia ejecutoriada firme, que pueda cumplirse conforme a procedimiento”.
Recordó que la institución defensorial se constituyó en calidad de veedora, desde febrero de 2023, dentro del caso por el asesinato de Juana Quispe y asistió a cada una de las audiencias para garantizar el debido proceso y que el juicio se desarrolle en el marco de lo establecido por la normativa vigente, por instrucción del Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, toda vez que este caso se valoró como emblemático e histórico, ya que dio pie a la aprobación y promulgación de la Ley contra el Acoso y Violencia Política.
El 4 de enero, el Tribunal Cuarto de Sentencia de La Paz dictó sentencia en el proceso por el asesinato de la exconcejala de Ancoraimes, Juana Quispe, tras casi 12 años de ocurrido este hecho.
El Tribunal Cuarto de Sentencia, presidido por la jueza Inés Tola, estableció como autores del asesinato de la concejala Quispe al exalcalde de Ancoraimes, Félix Huanca y a Pastor Cutili exconcejal, quienes deberán guardar detención en el penal de San Pedro por 30 años, sin derecho a indulto.
Quispe fue asesinada en 2012. Su cuerpo apareció abandonado a orillas del río Orkojahuira de la ciudad de La Paz, con signos de estrangulamiento. La última vez que fue vista con vida, la munícipe había participado de una marcha, junto al exalcalde Huanca.
De acuerdo con las investigaciones, la exconcejala fue objeto de innumerables amenazas de muerte e incluso sufrió agresiones físicas por parte del entorno del exalcalde Huanca, quienes no permitían que ejerza su mandato como fiscalizadora del municipio.
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