La Paz, 30 de enero de 2023 (ABI). –El ministro de Justicia, Iván Lima, explicó las razones jurídico internacionales por lo que no corresponde que el gobierno boliviano amnistíe a autores de masacres de civiles, considerado como delitos de lesa humanidad.
Recordó que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras realizar investigaciones in situ y contacto con las víctimas, verificó que durante el golpe de noviembre de 2019, que encumbró a Jeanine Añez, se consumaron masacres de civiles desarmados en Sacaba, Senkata, Pedregal y otros lugares de menor conflictividad, con el respaldo de un decreto supremo que daba impunidad a militares y policías.
Además, dijo, los actos de lesa humanidad, que no solo cobró la vida de más de 30 civiles, dieron lugar a detenciones arbitrarias y torturas físicas, indefensión al derecho a la defensa con el uso no solo de fuerzas regulares sino de grupos paramilitares como la Resistencia Juvenil Cochala y la Unión Juvenil Cruceñista.
El ministro Lima dijo que si bien el gobierno de facto firmó un acuerdo con la CIDH para desarrollar investigaciones sobre estos actos de violencia, los obstaculizó.
En cambio, destacó, la decisión del presidente Luis Arce “instruye que venga la CIDH, que se habrán todos los archivos, se establezca mesas de trabajo y se emita informes”.
Recordó que la CIDH llegó a Bolivia en dos oportunidades, en enero de 2022 y 2023, y escucho y visitó a las víctimas, a los operadores de justicia, al Ejecutivo y hasta con los que claman por una inaplicable amnistía, precisamente autores directos e indirecto de las masacres.
La CIDH generó jurisprudencia en cuanto a delitos de masacres, considerados de lesa humanidad: “Los crímenes de lesa humanidad producen la violación de una serie de derechos inderogables reconocidos en la Convención Americana, que no pueden quedar impunes. (…) Asimismo, la Corte ha determinado que la investigación debe ser realizada por todos los medios legales disponibles y orientada a la determinación de la verdad y la investigación, persecución, captura, enjuiciamiento y castigo de todos los responsables intelectuales y materiales de los hechos, especialmente cuando están o puedan estar involucrados agentes estatales. (…)”
“(…) la Corte estima que los Estados no pueden sustraerse del deber de investigar, determinar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad aplicando leyes de amnistía u otro tipo de normativa interna. Consecuentemente, los crímenes de lesa humanidad son delitos por los que no se puede conceder amnistía”.
Nfm/Mac