La Comisión de Economía Plural, Producción e Industria de la Cámara de Diputados aprobó, de manera unánime, una minuta de comunicación que recomienda a Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que haga seguimiento o presente querella en contra de personas que están involucradas en hechos irregulares, en el marco de la lucha contra la corrupción.

“Hemos aprobado de manera conjunta y con una votación unánime una minuta de comunicación que recomienda que YPFB haga seguimiento, continúe, y en caso de no haberlo hecho, presente la querella en contra de personas que están involucradas en supuestos hechos ilícitos de corrupción”, afirmó la presidenta de la comisión, diputada Lidia Tupa Zelaya, citada en un boletín institucional.

Tupa enfatizó que la aprobación de la minuta de comunicación también refleja concertación porque fue aprobada de forma unánime por diputados de oposición y oficialismo.

“Informamos a la población que estamos trabajando por la transparencia en el manejo de los recursos de cada instancia o empresa, en este caso, de YPFB”, finalizó.

Delegados de seis organizaciones y alianzas políticas y el Tribunal Electoral Departamental (TED) de Tarija suscribieron el Acuerdo para una Campaña Electoral Segura ante la pandemia por el COVID-19, rumbo a los comicios subnacionales del 7 de marzo.

“Entre las organizaciones y alianzas políticas presentes, se encontraron el Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN – Bol), Tarija Para Todos (TPT), Comunidad de Todos, Mi Árbol, Frente Unidos para el Cambio (Unidos) y el Movimiento Tercer Sistema (MTS) que suscribieron el acuerdo para encarar una campaña electoral segura, atendiendo los desafíos de la pandemia del COVID-19”, informó el Tribunal Supremo Electoral (TSE) mediante su portal Fuente Directa.

El Acuerdo para una Campaña Electoral Segura fue presentado el 21 de enero para implementar 18 puntos que contemplan el cumplimiento de protocolos de bioseguridad aprobados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para el proceso.

La presidenta del TED Tarija, Nataly Vargas, indicó que el acuerdo establece las siguientes medidas: el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad aprobados por el TSE; dar prioridad en la campaña a la organización de eventos virtuales para difundir sus propuestas; privilegiar las caravanas motorizadas para reducir el contacto directo entre personas.

Asimismo, el documento permite asegurar el correcto manejo de los residuos, en particular aquellos de carácter biológico; condenar cualquier acto de violencia en el ámbito político contra la mujer y la comunidad LGTBI, abstenerse de la utilización de imágenes o elementos relativos a niños, niñas y adolescentes en la propaganda electoral; la protección a los bienes públicos, privados y el ornato, entre otros puntos.

La responsable del Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (Sifde) del TED Tarija, María José Koria, explicó sobre las funciones, obligaciones y responsabilidades de los delegados en las mesas de sufragio debidamente acreditados por las organizaciones y alianzas políticas.

En respuesta, los delegados expresaron su conformidad al acuerdo y se comprometieron a cumplir las disposiciones para una campaña electoral segura.

Senadores del Movimiento Al Socialismo (MAS) destacaron este viernes la aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional del decreto presidencial que concede indulto y amnistía para víctimas de retardación de justicia y perseguidos políticos.

La Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó este viernes el decreto presidencial que concede amnistía e indulto por razones humanitarias a víctimas de retardación de justicia en situación vulnerable, en el marco de la prevención del riesgo de incremento de casos de contagio de COVID-19 en los penales y la restitución de derechos a perseguidos.

“Por levantar la vos contra el gobierno de Jeanine Áñez, inmediatamente se vinieron los procesos con policías, fiscales y jueces. Hemos sido perseguidos durante todo el año”, sostuvo el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez.  

La norma pretende resguardar la vida, la salud e integridad de personas privadas de libertad, por el incremento de contagios de COVID-19 y ante el hacinamiento en los centros penitenciarios del país. Tiene como fin el restablecimiento de los derechos civiles y políticos para aquellas personas que se encuentran procesadas, como consecuencia de los conflictos políticos y sociales suscitados durante la crisis comprendida entre el 21 de octubre de 2019 y el 17 de octubre de 2020.

“El decreto emitido por el Presidente (Luis Arce), en defensa de la vida, de la justicia y, por supuesto, en el tema del COVID-19 para proteger a hermanos hacinados en cárceles, es una respuesta a esa justicia que se clama en las calles por parte de diferentes personas que hemos sido víctimas del Golpe de Estado”, indicó el senador del MAS, Leonardo Loza.

Según estudios de la Defensoría del Pueblo, el nivel de hacinamiento en los 98 recintos carcelarios de todo el país es de 225%. Es decir que cada recinto penitenciario alberga un número de privados de libertad que representa el doble de su capacidad.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, sostuvo este viernes que la persona que esté en contra del derecho a la vida debe responder ante la justicia y las normas.

Hizo la declaración ante las amenazas de sectores médicos que se oponen a la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria y amenazan con la suspensión de actividades en el servicio público de salud.

“Apelamos a la conciencia de los médicos. En este momento tan complicado como la crisis sanitaria, no pueden interrumpir el servicio de la salud. Quienes acuden al servicio público son hermanos de escasos recursos. La gente que tiene suficientes recursos está en clínicas privadas. Aquellos sectores que no están de acuerdo con la Ley de Emergencia Sanitaria que paren sus clínicas privadas y que funcione el servicio público”, indicó.

Informó que se tiene planificado, para esta jornada, la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria que establece la conformación de un Consejo Nacional Estratégico, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.

El Consejo Nacional de Salud (Conasa) dio el miércoles un plazo de 48 horas para que el Gobierno nacional escuche sus demandas, entre ellas, las modificaciones a la Ley de Emergencia Sanitaria, de lo contrario amenazaron con un paro indefinido.

“Nuestra Constitución hace prevalecer el derecho a la vida sobre todas las cosas y el que definitivamente está en contrarruta, tendrá que responder ante las normas y la justicia”, indicó el Presidente de la Cámara de Senadores.

La semana anterior, el pleno de la Cámara de Diputados sancionó la ley que incluye las modificaciones a los artículos 17, 19 y 28 referidos a casos de medicamentos e insumos, prohibición de la suspensión del servicio de salud y contratación de personal médico. El contenido fue consensuado en un acta de entendimiento entre el Colegio Médico de Bolivia y el Ministerio de Salud.