Ronald Montecinos, representante de la comunidad boliviana en Chile, llegó hasta La Paz para pedir un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta de facto Jeanine Añez, a quien acusa de vulneración de derechos humanos contra bolivianos el 2020, debido al cierre de fronteras que les impidió ingresar al país durante la emergencia sanitaria.

“Vengo hasta la sede de gobierno para presentar una solicitud de juicio de responsabilidades en contra de Jeanine Añez y sus excolaboradores por los hechos ocurridos en la frontera Chile - Bolivia el año 2020 en el contexto de la pandemia”, indicó.

“Estamos solicitando juicio de responsabilidades en contra de la (ex) presidenta Jeanine Añez, su exministro de Gobierno, Arturo Murillo; su exministro de Defensa, Luis Fernando López; la excanciller Karen Longaric y contra el exdirector de Migración (Marcel Rivas)”, añadió.

 En marzo de la gestión anterior, durante la primera ola de contagios, el régimen determinó la medida restrictiva. En aquella oportunidad, Áñez indicó: “Se declara el cierre total de fronteras, nadie sale ni nadie entra, salvo por temas de seguridad y salud”.

En ese contexto, centenares de bolivianos que residían en Chile decidieron volver al país por los efectos de la pandemia; sin embargo, fueron impedidos de ingresar a territorio nacional y se quedaron en frontera. Ante la emergencia, tuvieron que instalar un campamento precario para los afectados, sobre todo, para niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad.  

“En la frontera de Chile, se vulneró los derechos humanos fundamentales de compatriotas bolivianos. El Estado boliviano está en su obligación de recibir, no cerrar las puertas, menos militarizar la zona y tampoco intimidar con militares a unos metros de su hogar que es Bolivia. No queremos que este hecho quede impune”, aseguró Ronald Montecinos.

Indicó que se pedirá a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Ministerio Público las acciones para determinar las responsabilidades de las exautoridades.

Juezas y jueces electorales son capacitados para procesar faltas electorales por acoso y violencia política, como establece el reglamento de faltas electorales y sanciones del Tribunal Supremo Electoral (TSE).

El curso es impartido por la abogada constitucionalista Gabriela Sauma Zankys y el especialista en gobernanza Esteban Morales Belpaire. Además, se cuenta con la intervención del experto del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Rafael López.

La capacitación tiene el objetivo de que los jueces conozcan el procedimiento especial para las faltas electorales por acoso y violencia política, y las diferencias de éste con el procedimiento regular.

En los casos de acoso y violencia política se aplica un plazo de 24 horas para establecer medidas de protección a la víctima, de reparación y establece sanciones económicas a organizaciones políticas.  El proceso especial da un plazo de 25 días para que el juez electoral dicte sentencia.

La capacitación se divide en dos módulos: en el primero, se expone el abordaje teórico; mientras que en el segundo se ve el componente práctico, con la resolución de casos y el llenado de formularios.

Los jueces participantes se dividieron en dos grupos. El primero participó del curso el 22 y 23 de febrero; y el segundo lo hará el 24 y 25 de marzo.

El Servicio Intercultural de Fortalecimiento Democrático (SIFDE) del Tribunal Electoral Departamental (TED) de La Paz despliega brigadas de capacitación en las ciudades de La Paz y El Alto para impartir conocimientos a juradas y jurados electorales rezagados. La actividad comenzó a una semana de la elección de autoridades políticas departamentales, regionales y municipales 2021.

Luego de la selección aleatoria de 56.148 ciudadanos, de entre 18 y 50 años, como juradas y jurados electorales, el 17 de febrero comenzó la capacitación en las áreas urbanas de La Paz y El Alto, y el 19, en el área rural del departamento.

“Se va a empezar a dar este reforzamiento a rezagados que por alguna circunstancia de fuerza mayor no hayan podido acudir, de acuerdo al cronograma de capacitación comunicado a las ciudadanas y ciudadanos con debida anticipación”, dijo el presidente del TED de La Paz, Franz Víctor Jiménez Vásquez.

Las capacitaciones a jurados rezagados en el área rural comenzaron el 26 de febrero y, a partir del domingo 28 de febrero, en algunas circunscripciones del área urbana.

El reforzamiento y capacitación a rezagados también se realiza de forma virtual, mediante las redes sociales, el 27 de febrero y el 3 de marzo. Además, para quienes prefieran el modo presencial, se abrió un centro de capacitación permanente denominado “Soy Jurado”, que funcionará del 23 de febrero al 5 de marzo en la unidad educativa Agustín Aspiazu, ubicada en la avenida 20 de Octubre de la ciudad de La Paz, en los horarios establecidos.

En cumplimiento del calendario electoral y del plan de capacitación diseñado por el TED La Paz, se pone a disposición de los jurados electorales diferentes opciones de capacitación con el fin de que conozcan sus roles y funciones en la mesa de sufragio, y sepan desenvolverse durante la jornada electoral.

///

El senador Félix Ajpi y el secretario de Minería de la Gobernación de La Paz, Esteban Paty, presentaron este lunes una denuncia penal ante la Fiscalía contra la comercializadora Katary Gold S.R.L., por la exportación ilegal de casi tres toneladas de oro, evadiendo el pago de regalías.

De acuerdo con una nota de prensa del Senado, el legislador denunciante presentó la querella por los delitos de enriquecimiento ilícito de particulares con afectación al Estado, falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado.

Según la denuncia, la comercializadora de minerales habría exportado casi tres millones de toneladas de oro durante el 2020 sin realizar el pago de regalías, el monto asciende a 1,017 millones de bolivianos sin el descuento de los 47,8 millones de bolivianos, de acuerdo con lo que estipula la norma por el concepto de regalías mineras, salud, federación y al Servicio Nacional de Registro y Control de la Comercialización de Minerales y Metales (Senarecom).

“Senarecom debería ser parte coadyuvante de esta denuncia porque ellos son los que regulan las exportaciones y tienen bastante conocimiento, hay una lenidad en Senarecom y eso también debe sancionarse”, dijo Ajpi.

El senador exhortó también al Ministerio de Minería a realizar el seguimiento minucioso del caso y de otras empresas comercializadoras de minerales en todo el país.

“Voy a hacer un seguimiento de cerca para que se investigue a todas las empresas comercializadoras internas, y comercializadoras de exportación del oro en Bolivia”, indicó.