El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, advirtió este jueves que si no se liberan las patentes para la producción de vacunas contra el coronavirus, la pandemia acabará con los sistemas sanitarios y con muchas vidas más.

“Se está condenando y matando a los más débiles, si no se liberan las patentes, si no se comparte la tecnología, si no llegamos a la inmunización en el tiempo oportuno, la pandemia acabará con nuestros sistemas sanitarios, con muchas vidas más, colapsando además nuestras economías y afectando la estabilidad política y estabilidad de nuestros países”, subrayó el Mandatario durante su intervención en el Foro Internacional de Alto Nivel para la liberación de patentes de las vacunas contra el COVID-19.

La autoridad resaltó que en más de un año de la pandemia se ocasionó, en la mayoría de los países del mundo, una crisis multisectorial que trastocó la economía, las relaciones sociales y la misma política, profundizando la enorme desigualdad que existe entre los países ricos y los países que están en desarrollo.

“En este tiempo de pandemia, la humanidad ha tenido la capacidad científica y tecnológica para desarrollar varias vacunas y producirlas en cantidades enormes, pero no para todos y todas en el mundo, porque la producción está limitada a las capacidades de las empresas que las desarrollaron, que resguardan de esa forma su propiedad intelectual y la tecnología”, mencionó.

En ese contexto, aclaró que la iniciativa de liberalizar las patentes no pretende afectar las ganancias de las empresas que desarrollaron la vacuna, sino que otras que tienen la capacidad tecnológica de hacerlo lo hagan y se pueda cumplir con la demanda mundial y lograr inmunizar al 70% de la población.

“En nuestro caso, Bolivia está dispuesta a pagar un precio razonable por las vacunas, es más, suscribimos contratos para tener las que necesitamos; sin embargo, no se cuenta con la cantidad suficiente, debido a que la producción está circunscrita a determinados estados por lo que los contratos no se cumplen”, mencionó.

Destacó también que a la fecha se hayan sumado 105 países a la iniciativa boliviana para que se liberen las patentes de las vacunas, además de otros Estados y personalidades como Rusia, el Papa Francisco, Estados Unidos, la Unión Europea, expertos en la materia, entre otros.

“Hoy, desde el Estado Plurinacional de Bolivia, desde el corazón de América, como ciudadanos y ciudadanas del mundo, convocamos a los gobiernos de los Estados, a los pueblos de la humanidad, a sumarse al pedido de liberación de las patentes de las vacunas contra el COVID-19, a que se comparta la tecnología necesaria, a cambiar lo que se requiera ser cambiado en las reglas de la Organización Mundial del Comercio (OMC)”, exclamó Arce.

Por su parte, el canciller Rogelio Mayta detalló que la propuesta boliviana está encaminada en tres planteamientos: liberación de patentes, implementación y concreción real de las licencias obligatorias, y la modificación de las reglas para poder obtener licencias obligatorias en el marco de la OMC.

“Hay diferentes actores que deberían hacer a la provisión de vacunas, no es cuestión de unos o de otros, sino de todos y deberíamos tenerlo claro, no vamos a poder avanzar sin la participación de los organismos de integración global, regional, los gobiernos, la sociedad civil y el sector privado”, remarcó Mayta.

Una nueva investigación del medio digital The Intercept_Brasil, publicada este jueves, denuncia que la administración del expresidente estadounidense, Donald Trump, amenazó a los investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) a través del envío de correos electrónicos.

Enviados entre octubre de 2020 y enero de 2021, los correos electrónicos apuntan a la existencia de una investigación del Departamento de Justicia y agregan nueva evidencia para respaldar las afirmaciones de que Estados Unidos estuvo involucrado en el golpe de Estado de 2019.

“Un abogado del Departamento de Justicia de EE.UU. se ha puesto en contacto repetidamente con investigadores del Instituto de Tecnología de Massachusetts (MIT) preguntando, a veces bajo amenaza de citación, sobre un estudio que habían realizado sobre las elecciones presidenciales bolivianas de 2019”, señala la publicación.

Según Intercept, los correos electrónicos revelan la participación, no reportada previamente, del Departamento de Justicia de Estados Unidos en la investigación criminal del régimen golpista boliviano que buscaba probar un presunto fraude electoral y en la investigación dirigida a dos investigadores del MIT, cuestionando su trabajo para el Centro de Política e Investigación Económicas, en el que refutaron las sospechas de que en Bolivia se había manipulado las elecciones.

“El régimen golpista, que duró poco, llegó al poder siguiendo una hoja de ruta clara en las semanas previas a las elecciones presidenciales de octubre de 2019, la oposición llenó las redes sociales y la televisión con un sinfín de anuncios advirtiendo que el entonces presidente Evo Morales utilizaría el fraude generalizado para ganar la reelección”, menciona el artículo.

Un análisis estadístico realizado por Jack R. Williams y John Curiel, del Laboratorio de Ciencia y Datos Electorales del MIT, contratados por el Centro de Política e Investigación Económicas, luego de examinar los datos y la evidencia detrás de las acusaciones más de cerca, concluye que las acusaciones de fraude eran falsas, coincidiendo con lo que muchos otros observadores independientes ya se habían dado cuenta.

Esas conclusiones fueron publicadas por The Washington Post en febrero de 2020 y posteriormente en The New York Times, diciendo que "arrojan dudas sobre el fraude electoral boliviano".

El Comité de Género de los Medios Estatales del Estado Plurinacional de Bolivia emitió un pronunciamiento para condenar los hechos de violencia que vulneran los derechos de las mujeres en Colombia.

“El derecho a la protesta está siendo ejercido por el pueblo colombiano; desde el 28 de abril, miles de personas se han volcado a las calles en rechazo a una controvertida reforma tributaria propuesta por el Gobierno de lván Duque, que haciendo uso desproporcionado de la fuerza ha dejado decenas de heridos y muertos”, se lee en parte del documento.

El comité boliviano denunció la escalada de violencia y la violación a los derechos humanos a las mujeres colombianas que son amedrentadas, acosadas y vejadas por las fuerzas del orden de ese país.

El documento denominado “Pronunciamiento del Comité de Género de los Medios Estatales del Estado Plurinacional de Bolivia, frente a los hechos de violencia en contra de las mujeres durante las protestas en Colombia” incluye los siguientes 10 puntos:

1. Desde el Comité de Género de los Medios Estatales del Estado Plurinacional de Bolivia, denunciamos, condenamos y rechazamos toda forma de violencia a la mujer colombiana durante las protestas en ese país.
2. Denunciamos ante el país y el mundo, los casos de abusos y vejaciones sexuales a mujeres durante las protestas en Colombia.
3. Rechazamos todo tipo de violencia de género durante estos días de protestas, frente a las medidas económicas neoliberales del Gobierno de lván Duque.
4. Rechazamos todo acoso policial a las mujeres que ejercen su derecho a la protesta, frente a medidas económicas que ponen en riesgo su bienestar personal y familiar.
5. Rechazamos y condenamos los hechos de violencia sexual por parte de la fuerza pública, ejercida sobre las mujeres durante las protestas en Colombia.
6. Condenamos y repudiamos los hechos de abuso policial al pueblo colombiano y la incitación por parte de la fuerza pública al acoso y al abuso sexual a las mujeres en ese país.
7. Nos solidarizamos y hacemos eco de los mensajes de las mujeres que se sienten amedrentadas y acosadas por las fuerzas del orden.
8. Exigimos que la justicia colombiana no deje impune estos hechos de violencia contra las mujeres que están ejerciendo su derecho a la protesta.
9. Exigimos un castigo ejemplar a los abusadores, que, amparados en instituciones de fuerza pública, se dan a la tarea de incitar la violencia contra la mujer.
10. Exigimos que estos hechos de violencia en contra de las mujeres ya sea en Colombia o en cualquier parte del mundo, sean castigados de manera ejemplar de acuerdo a las leyes y normas de cada país.

El embajador de Palestina en Bolivia, Mahmoud Elalwani, sostuvo este miércoles que Israel debe respetar los derechos humanos, sobre todo, la vida de los habitantes ante los conflictos violentos que se registran en Jerusalén.

“Israel debe retirarse de los territorios palestinos ocupados para tener una paz justa entre dos pueblos, porque cualquier gota de sangre que caiga de la población palestina o israelí es una vida humana y la vida humana debe ser sagrada. Como palestinos, bajo ningún concepto vamos a admitir más derramamiento de sangre en esta tierra sagrada. Israel debe entender que es no es el camino para la paz”, dijo el diplomático en entrevista con el programa Primer Plano, de Bolivia TV.

El pronunciamiento se dio ante el bombardeo de la aviación israelí sobre la Franja de Gaza que tuvo como resultado decenas de muertos, incluidos menores de edad y más de 200 heridos la tarde del 10 de mayo.

“Para hacer la paz, hay que aplicar el derecho internacional, las resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y respetar los derechos humanos de toda la población, poner fin a su ocupación de los territorios palestinos para que ambos Estados puedan vivir en paz, en seguridad y cooperación entre los dos pueblos”, acotó.