El candidato a la Gobernación de La Paz por el Movimiento Al Socialismo - Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos (MAS-IPSP), Franklin Flores, propuso una inversión pública de Bs 1.000 millones en beneficio del departamento.

“La Gobernación de La Paz tiene como inversión alrededor de Bs 270 millones, es poco; pero, pensamos llegar a los Bs 1.000 millones. Y, ¿cómo vamos a hacer eso?, con inversión pública, contraparte del Gobierno central y el sector privado”, dijo el postulante.

Con ese objetivo, sostuvo que, para lograr esa contraparte del Gobierno nacional, se elaboró un proyecto enfocado al Plan Nacional de Desarrollo enmarcado a la Agenda Patriótica 2025 en relación temas como el agua, la seguridad ciudadana y la industrialización en el departamento de La Paz.

Flores explicó que, para lograr ese objetivo, se debe velar por la seguridad jurídica para atraer nuevamente a las empresas a La Paz, evitando la burocracia.

“¿Por qué digo evitar la burocracia?, porque un empresario se constituye en La Paz para realizar sus trámites y tienen que ir a varios lugares; pero, pensamos que nuestro plan dé la facilidad de aglutinar a varias empresas, como el Servicio de Impuestos Nacionales, el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria, la Aduana Nacional y otros dentro del complejo industrial, para que el sector productor pueda desenvolverse en el trabajo lo más rápido, además de empleos y oportunidades para los jóvenes”, indicó.

Aseguró que se trabaja en el complejo industrial maquilero que se prevé instalar en la ciudad de El Alto para innovar tecnología y ensamblar vehículos como lo hace el vecino país de Chile.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que el decreto presidencial, que será debatido este viernes en sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), beneficiará al menos a mil personas con la concesión de amnistía e indulto, por razones humanitarias.

“Alrededor de mil personas (son beneficiadas), se tiene entendido, se va a detallar mañana, se dará lectura mañana en grande y detalle, y se considerará su aprobación o rechazo”, detalló el titular del Senado.

De acuerdo con un boletín institucional, el legislador explicó que lo que busca la norma es liberar a aquellas personas que fueron judicializadas sin pruebas durante el gobierno de Jeanine Añez.

“Lo que se quiere es que se libere de todo cargo penal a todos los que han sido procesados sin ningún motivo, entre ellos, muchos de nuestros hermanos dirigentes, durante el gobierno de facto”, detalló Rodríguez.

La convocatoria de la cuarta sesión ordinaria de la ALP está prevista para este viernes a las 08.30.

El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI-Bolivia) recibió información del Gobierno nacional y el Ministerio Público para avanzar en las investigaciones sobre los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

“Estamos recibiendo importante información por parte de las autoridades del Estado y la Fiscalía General y seguiremos avanzando con la agenda de escuchar a las víctimas y tomar testimonios de todas las personas que quieran aportar información y acercarse al GIEI”, informó el secretario Ejecutivo del equipo internacional, Jaime Vidal.

Desde enero de 2021, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes inició una nueva fase del trabajo que desarrolla en Bolivia, enfocada en el levantamiento y obtención de información sobre los hechos de 2019.

Desde el lunes, comenzó con la recolección de testimonios individuales de las víctimas de violencia de Senkata, de El Alto. Dividió su agenda para reunirse con familiares de fallecidos, heridos, detenidos y testigos de los conflictos de 2019.

“El GIEI en su conjunto otorga la mayor importancia a la información valiosa que las víctimas y testigos le ofrecen, y protege esa información con los estándares de cuidado y reserva que la normativa internacional en materia de derechos humanos recomienda”, explicó Patricia Tappatá, experta del GIEI.

Los expertos trabajan en el relevamiento y obtención de información de acuerdo con su plan de investigación. Una agenda de entrevistas individuales y toma de testimonios a víctimas, familiares y testigos de los hechos de violencia es acompañada de la labor de verificación del material audiovisual sobre los hechos.

Durante los próximos meses, el trabajo del GIEI se enfocará en la organización y revisión de la información obtenida para buscar documentación adicional que fuera necesaria y complementarla con el contacto y documentos de las víctimas, con dependencias del Estado y otros protagonistas.

El informe final del GIEI será redactado por los expertos independientes que lo componen e incluirá recomendaciones, así como un plan de investigación y de atención y reparación integral a las víctimas de los hechos investigados, que será presentado al Estado boliviano.

“Esperamos que el informe que daremos a conocer al Estado y a la sociedad boliviana en su conjunto, contribuya al conocimiento de la verdad y a reparar los daños que padecieron todas las víctimas. Bolivia necesita sacar conclusiones a partir de tan dolorosos sucesos para fortalecer la democracia. Confiamos que nuestro informe apoye ese objetivo”, dijo el experto Juan Méndez.

El GIEI-Bolivia fue creado mediante acuerdo suscrito, el 12 de diciembre del año pasado, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y Bolivia para coadyuvar en las investigaciones de los hechos de violencia y violaciones a los derechos humanos ocurridos en el país entre el 1 de septiembre y el 31 de diciembre de 2019.

Se instaló el 23 de noviembre del año pasado, en La Paz. Este equipo retomó la segunda semana de enero de 2021 la investigación de los hechos después de una pausa por fin de año en 2020.

El equipo técnico, desplegado actualmente en el terreno, está conformado por profesionales con amplia experiencia en el ámbito de investigación de los derechos humanos y que fueron seleccionados por sus altas capacidades de apoyar a los expertos en sus labores de levantamiento de información, trabajo con víctimas y toma de testimonios

“El GIEI mantiene un profundo compromiso con la tarea de investigación de los graves sucesos de violencia de 2019 y continúa realizando su tarea respetando las orientaciones de la política sanitaria del Estado plurinacional de Bolivia y tomando los mayores cuidados que la situación de aislamiento requiere”, aseveró el experto Marlon Weichert.

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, informó que se tiene programado para este viernes la promulgación de la Ley de Emergencia Sanitaria como medida contra la pandemia del COVID-19.

“Mañana (viernes), por la tarde, tenemos entendido que se va a promulgar la ley”, informó a los periodistas.

Explicó que la norma fue aprobada en Senado y sancionada el pasado jueves por la Cámara de Diputados en consenso con el Colegio de Médicos de Bolivia, institución que acordó contenidos con el Ministerio de Salud para viabilizar la promulgación.

“Se ha contemplado el acuerdo, lo llevamos con toda normalidad al Senado y lo hemos derivado a Diputados y se ratificó”, sostuvo.

La Ley que incluye modificaciones a los artículos 17, 19 y 28 referidos a casos de medicamentos e insumos, prohibición de la suspensión del servicio de salud y contratación de personal médico.

La Ley de Emergencia Sanitaria establece acciones como la conformación de un consejo nacional estratégico para emergencias sanitarias, políticas de inmunización, control de medicamentos, registros y servicios de salud, contrataciones y despachos aduaneros, además de un régimen sancionatorio.