Diputados aprueba proyecto para abrogar la Ley 1386 y lo remite a la Cámara de Senadores
Diputados aprueba proyecto para abrogar la Ley 1386 y lo remite a la Cámara de Senadores

La Segunda Sesión Ordinaria de la Cámara de Diputados aprobó la madrugada de este martes el proyecto de ley para abrogar la norma 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

El presidente de la Cámara de Diputados, Freddy Mamani Laura, informó: “Se ha abrogado la Ley 1386 del 16 de agosto de 2021, Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo”.

La decisión fue asumida después de más de ocho horas de debate en la sesión instalada la tarde del lunes.

La medida se concretó tras el compromiso del presidente Luis Arce, quien anunció la noche del sábado la abrogación de la norma.

Desde el 8 de noviembre, día en el que Arce cumplió un año en el Gobierno, cívicos, sobre todo, de Santa Cruz y Potosí, convocaron al paro indefinido para rechazar la Ley 1386.


 
Presentan querella contra Rómulo Calvo por sedición e instigación pública a delinquir, además de otros delitos
Presentan querella contra Rómulo Calvo por sedición e instigación pública a delinquir, además de otros delitos

La diputada Estefanía Morales (MAS) presentó este lunes una querella en contra del presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, por la presunta comisión de los delitos de sedición, instigación pública a delinquir, atentado contra la libertad de trabajo y atribuirse los derechos del pueblo.

“Presento querella criminal por la comisión del delito tipificado y sancionado en el artículo 123 (Sedición), artículo 124 (atribuirse los derechos del pueblo), artículo 130 (instigación pública a delinquir) y artículo 303 (atentados contra la libertad de trabajo) del Código Penal en contra del señor Rómulo Calvo, presidente del Comité Cívico Pro Santa Cruz”, indica la querella.

Además, la legisladora solicitó garantías constitucionales al amparo del art. 100 y 110 de la Constitución Política del Estado (CPE) a favor de los movimientos sociales que están en contra del denominado paro cívico.

El bloqueo es impulsado por el comité cívico pro Santa Cruz que dirige Rómulo Calvo quien enarboló la bandera de oposición a Ley 1386 de Estrategia de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas.

Ante ello, el Gobierno decidió abrogar, es decir anular esa disposición jurídica, y enviar al Legislativo un proyecto de ley de abrogación, pero los asambleístas de Luis Fernando Camacho, socio de Rómulo Calvo y los diputados opositores de Carlos Mesa, ahora se oponen a la anulación de esa Ley con diversos pretextos para continuar con sus medidas de presión.


Concejal: Asamblea de la Paceñidad fue ilegal porque careció de una convocatoria democrática y fue un espacio exclusivo para allegados a Arias
Concejal: Asamblea de la Paceñidad fue ilegal porque careció de una convocatoria democrática y fue un espacio exclusivo para allegados a Arias

La concejal del Movimiento Al Socialismo (MAS), Roxana Pérez del Castillo, dijo este lunes que la Asamblea de la Paceñidad fue ilegal, porque la convocatoria no cumplió con un procedimiento democrático y fue un espacio exclusivo de personas afines al alcalde Iván Arias.

"No se ha seguido un procedimiento democrático de convocatoria. Es más, ha sido un espacio absolutamente exclusivo para aquellas personas que eran afines al señor Arias", aseveró en una entrevista en el programa "Primer plano" de Bolivia Tv.

La concejal del MAS denunció incluso que se le restringió el ingreso al evento de manera violenta, pero logró participar mientras recibía insultos, amenazas y amedrentamientos.

Mencionó que la resolución principal referida a una movilización para el miércoles de la próxima semana fue aprobada con la intención de convulsionar el país y desestabilizar el gobierno del presidente Luis Arce.

"Es realmente preocupante cómo algunas autoridades utilizan los espacios de poder, que deberían servir a la población, para beneficiarse de manera personal", agregó.

La concejal indicó que Arias se sumó a las medidas desestabilizadoras del Comité Cívico Pro Santa Cruz para que la población de la ciudad de La Paz no evidencie que no realiza gestión ni tiene un programa para atender las problemáticas y las necesidades urbanas.


Presidente del Senado denuncia que la intención de la oposición es apostar al desgaste y a la desestabilización del gobierno
Presidente del Senado denuncia que la intención de la oposición es apostar al desgaste y a la desestabilización del gobierno

El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, denunció este lunes que la intención de la oposición es apostar al desgaste y a la desestabilización del gobierno y que utilizan como pretexto el supuesto paquete de leyes o la supuesta reposición de los dos tercios en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“No es una ley o el paquete de leyes, ni mucho menos los 2/3, la intención de la oposición es apostar al desgaste y a la desestabilización de un gobierno democráticamente electo. Los que perdieron en las elecciones olímpicamente, y en su propia cancha, hoy quieren reivindicar su derrota en mesa y por la fuerza. Que no te engañen con las mentiras de los dos tercios y el ‘paquete de leyes’”, advirtió la autoridad desde su cuenta de Facebook.

Rodríguez aclaró que la oposición política “miente”, porque repite que pedirá que se restituyan los dos tercios en el Legislativo, siendo que esa forma de votación ya está reconocida en la Constitución Política del Estado (CPE) para decisiones como la elección del Fiscal General del Estado, del Defensor del Pueblo, de los vocales del Órgano Electoral Plurinacional, para la autorización de juicios de responsabilidades y las modificaciones parciales a la norma suprema.

“Es más, las propias senadoras de la oposición ya plantearon dos acciones de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Plurinacional con esa demanda de 2/3 y ambas peticiones fueron rechazadas”, sostuvo.

Asimismo, dijo que la demanda de modificación del llamado “paquete de leyes” también carece de sustento porque varias de esas supuestas leyes, como la Ley del Inquilinato o de Derechos Reales, ni siquiera fueron debatidas en el Legislativo.

Por otro lado, enumeró “siete falsedades de la oposición” con relación al llamado paquete de leyes:

“1) Señalan que la Ley 1386 Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, que será abrogada, vulneraba el artículo 26 de la Constitución Política del Estado al incorporar un proyecto de ley para legalizar la escucha de llamadas”, escribió.

Explicó que ese extremo es falso, ya que la norma mencionaba la posibilidad de elevar una consulta al Tribunal Constitucional Plurinacional acerca de la constitucionalidad de esa forma de lucha contra las grandes organizaciones del crimen transnacional.

“Existe un mundo de diferencia entre informar que ‘se elabora un anteproyecto de ley respecto a técnicas de escucha de llamadas’ y elevar una consulta al Tribunal Constitucional”, indicó.

Rodríguez también mencionó que la Ley 1398, de Registro de Comercio, facilita al Estado un acceso directo e irrestricto a la información de actividades de comercio y que no se renueva el contrato de concesión de Fundempresa.

“En realidad, la obligatoriedad de registro de las actividades comerciales se mantiene vigente desde 1978, cuando se promulgó el Código de Comercio y el caso de Fundempresa derivó en un proceso judicial, debido a que el gobierno de facto de Jeanine Áñez otorgó la ampliación de la concesión a esa fundación por decreto y de manera irregular”, aclaró.

También –dijo- cuestionan la Ley 1390 de Fortalecimiento para la Lucha Contra la Corrupción y, entre sus observaciones, mencionan la existencia de la colaboración eficaz para combatir la corrupción, pero no se menciona que ese mecanismo de indagación corresponde a los estándares más altos de la normativa internacional en esa temática.

“Cualquier proceso para retirar la personería jurídica a cualquier empresa, ONG, fundación, institución o partido político involucrado en corrupción se realiza con pleno respeto al debido proceso. Eso establece la ley”, explicó.

Como cuarta mentira, señaló que en cuanto a la Ley 1387, de Carrera de Generales y de Ascensos de la Policía Boliviana, es prudente recordar que la Constitución Política del Estado, en su artículo 252 establece que “las fuerzas de la Policía Boliviana dependen de la Presidenta o del Presidente del Estado por intermedio de la Ministra o el Ministro de Gobierno”. 

Como quinto punto, dijo que es falso que Ley 1359 de Emergencia Sanitaria, al crear el Consejo Nacional, atente contra las entidades territoriales autónomas, colegios de médicos, universidades y sectores interesados.

“Más bien, como se ha demostrado en los hechos, este consejo es una instancia de coordinación con las instituciones mencionadas. Observan la ‘cláusula de confidencialidad’ cuando ese es un requisito mundial de las empresas fabricantes de vacunas”, señaló.

Dijo que en relación al Proyecto de Ley 342, que aprueba el Plan de Desarrollo Económico Social 2021-2025, se debe recordar que varios de sus lineamientos corresponden a la Ley 777 del Sistema de Planificación Integral del Estado vigente desde 2016 y por tanto no incorpora ninguna regulación que atente contra la autonomía reconocida en la Constitución.

“La Ley 1405 de Estadísticas Oficiales del Estado Plurinacional de Bolivia (también observada por la oposición) servirá para un manejo adecuado y sistematizado de los datos a nivel nacional, departamental, regional y municipal, al contrario de lo que argumenta la oposición política”, concluyó.


Diputado: Asambleístas de Mesa y Camacho ahora se oponen a abrogar la Ley 1386 para darle oxígeno a Rómulo Calvo
Diputado: Asambleístas de Mesa y Camacho ahora se oponen a abrogar la Ley 1386 para darle oxígeno a Rómulo Calvo

Los asambleístas de Carlos Mesa y Luis Fernando Camacho, dirigentes que impulsaron el paro cívico contra la Ley 1386, decidieron cambiar de estrategia política y ahora rechazan abrogar esa norma jurídica con el objetivo de dar oxígeno al bloqueo de Rómulo Calvo y reforzarlo con una nueva demanda que se coloca por fuera de la Constitución Política del Estado.

Las afirmaciones corresponden al diputado supraestatal Adolfo Méndoza, quien, entrevistado en el programa “Primer Plano”, de Bolivia Tv, indicó que ese giro de la oposición política muestra su verdadero interés: desestabilizar al gobierno de Luis Arce y desestabilizar la democracia en Bolivia.

Indicó que esos sectores de oposición que bloquearon varios días algunos sectores de las ciudades de Santa Cruz, Potosí y otras regiones contra la Ley 1386 de lucha contra la legitimación de ganancias ilícitas, ahora se inventaron el pretexto de la “exposición de motivos” para rechazar la abrogación o anulación de esa disposición jurídica.

Añadió que la exposición de motivos para abrogar la ley no lesiona los intereses de transportistas o gremialistas, tal como aseguran los asambleístas de Carlos Mesa.

“Lo que está buscando la oposición intentando no aprobar la abrogación de la Ley 1386, (es que) quieren darle un respiro al comité pro Santa Cruz para que continúe su paro”, manifestó.

Dijo que esa estrategia muestra, “en el fondo, (que) están en una actitud totalmente desestabilizadora”.

Mendoza dijo que esa estrategia opositora incluye la invención de otras demandas, como que todas las disposiciones se aprueben por dos tercios, es decir con su visto bueno, lo que va en contra del artículo 163 de la Ley de Leyes que establece de manera clara que las leyes se deben aprobar por mayoría absoluta.

Si la oposición quiere que todo se apruebe por dos tercios, debe promover el cambio de la Constitución Política del Estado, extremo solo posible a través de una Asamblea Constituyente.


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