La Paz, 19 de diciembre de 2022 (ABI-ANUARIO). – Bolivia celebrará el 23 de marzo de 2024 su duodécimo censo de población y el sexto de vivienda de su historia, luego de un inédito proceso de construcción colectiva de la encuesta nacional que se prolongó por el lapso de más de cinco meses durante el año 2022.
Fue el 12 de julio que la reunión del Consejo Nacional de Autonomías (CNA), dirigido por el presidente Luis Arce Catacora y convocado con 10 días de anticipación, acordó junto a ocho de nueve gobernadores, excepto el de Santa Cruz Luis Fernando Camacho, y la representación de las alcaldías aplazar hasta 2024, entre mayo y junio, el censo que debía realizarse en noviembre de 2022; el Decreto Supremo 4760 materializó el acuerdo.
Siete argumentos sustentaron la decisión: el Covid-19, la socialización de la boleta censal, la incorporación de idiomas originarios, la necesidad de contar con una cartografía estadística en coordinación con los gobiernos autónomos municipales e indígenas y originarios, las condiciones climáticas que generan la inaccesibilidad caminera y la migración interna por temporada de zafra.
En respuesta a sectores que buscaban politizar el Censo, “coincidieron en la importancia de despejar las intenciones político-partidarias y se constituye en la garantía para priorizar un trabajo técnico con veracidad de la información libre de la politización y en beneficio de nuestra población”.
Bajo ese mismo enfoque, el 23 de julio, Arce reunió a los rectores de las universidades públicas. La reunión acabó con una foto del presidente y autoridades universitarias sonrientes, excepto el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UGRM), Vicente Cuéllar, quien aparece con el barbijo cubriéndole el rostro.
Ahí se acordó la incorporación de las universidades en el proceso censal, como con los alcaldes, nadie habló de plazos.
Luego de este encuentro, el 25 de julio se registró la primera medida de presión del Comité Interinstitucional en demanda de que la encuesta nacional se realice en 2023, con un paro de 24 horas que, a diferencia del pasado, no logró una amplia convocatoria.
No obstante, a la medida el Gobierno nacional continuó con la labor de generar consensos para la celebración del Censo.
El 22 de julio de 2022, los rectores de las universidades públicas deciden sumarse al trabajo censal. Foto: @LuchoXBolivia
El 27 de julio, el presidente volvió a reunir en la Casa Grande del Pueblo a los alcaldes de las nueve ciudades capitales del país y El Alto y de mutuo acuerdo se determinó realizar un proceso de socialización del proceso censal.
La labor se inició en Oruro, el 8 de agosto, luego continuó en Cochabamba, Tarija, Santa Cruz, El Alto, La Paz, Cobija, Sucre, Potosí y Trinidad.
El mismo día del inicio de la socialización, el 8 de agosto, en Santa Cruz empezó el paro de 48 horas registrándose los primeros enfrentamientos en la populosa zona del Plan Tres Mil.
Pese a ello, el trabajo de socialización prosiguió en todo el país y a su conclusión la viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, afirmó que en ninguna de las diez reuniones se definió plazos o fechas del proceso censal, por el contrario, dijo que fueron escenarios en los que se coincidió en su carácter técnico y de acompañamiento.
Sin embargo, para el gobernador Camacho la realización de la encuesta en 2023 se convirtió en el eje principal de todo el proceso, tanto que en la Asamblea de la Cruceñidad del 14 de septiembre dijo que el cabildo del 30 de septiembre se constituía en “la última oportunidad” para lograr ese objetivo porque “no han escuchado” con los anteriores dos paros e incluso habló de “aplicar la desobediencia civil”.
Ya en el cabildo, el Comité Interinstitucional avaló la propuesta de ir a un paro indefinido luego de dar un plazo de 21 días para que el Gobierno nacional abrogue el Decreto Supremo 4760 y fije para el 2023 la realización del proceso censal.
Luego de rechazar el emplazamiento, el Ejecutivo dio cumplimiento a uno de los acuerdos alcanzados en la reunión de socialización del Censo en Santa Cruz, en agosto, y convocó a la instalación de una comisión técnica en la capital cruceña el 11 de octubre.
En esa ocasión, los expertos del Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía (Celade) y del Fondo de Población de las Naciones Unidas (Unfpa) sugirieron no “tomar atajos” en el proceso censal que pudieran poner en riesgo la calidad de la labor.
Sin embargo, eso no lo escucharon los delegados del Comité Institucional de Santa Cruz porque no acudieron al encuentro y en cambio decidieron preparar el paro indefinido decretado a partir del 22 de octubre.
Pese a las anunciadas medidas de presión, el Ejecutivo insistió en el diálogo, ofreció ajustes al calendario censal y garantizó la distribución de los ingresos por coparticipación, todo en 2024, pero no halló respuesta positiva de la dirigencia del Comité Interinstitucional.
En cambio, el Gran Cabildo del Pueblo de Santa Cruz que se realizó el 21 de octubre aprobó masivamente el Censo Nacional en 2024 y que, con los resultados preliminares, se proceda con la redistribución de recursos económicos el mismo año.
Sin hacer eco de esa postura de la otra parte de la población cruceña, el Comité Interinstitucional continuó con el paro indefinido que dejó al menos cuatro fallecidos, una denuncia de violación grupal, agresiones a mujeres del pueblo indígena Ayoreo y vulneración sistemática a los derechos humanos.
En medio de ese rechazo, organizaciones sociales sugirieren al Gobierno nacional que convoque a una cumbre porque el proceso censal no solo involucra a una región sino a todo el país.
Así, el presidente Luis Arce convocó al inédito Encuentro Plurinacional por un Censo con Consenso en la ciudad de Cochabamba. La cumbre, que se realizó el 28 de octubre y reunió a más de 300 autoridades de todo el país, propuso conformar una Comisión Técnica para que defina la fecha de la encuesta.
Pese a ello y bajo el principio del diálogo, el Gobierno mantuvo contactos con los representantes del Comité Interinstitucional y logró un preacuerdo que al final naufragó por el desacuerdo interino de los representantes cruceños.
Eso llevó al Gobierno a convocar a la instalación de la Comisión Técnica en la ciudad de Trinidad.
Con la presencia de técnicos de todos los niveles de gobierno, la Comisión Técnica sesionó en Trinidad entre el 5 y el 9 de noviembre de 2022. ABI
Luego de más de 50 horas de trabajo, realizado entre el 5 y 9 de noviembre, la Comisión, con presencia de 36 de 41 delegaciones de todo el país, sugirió celebrar encuesta nacional ente los meses de marzo y abril de 2024.
Además, planteó que la distribución de los ingresos por coparticipación tributaria se ejecute a partir del mes de septiembre de 2024.
Con el ajuste de un mes, la determinación recogía la propuesta que el Ejecutivo hizo al Comité Interinstitucional el 21 de octubre, ante de que inicie el paro.
Tomando la recomendación, el presidente fijó para el 23 de marzo de 2024 la realización de la encuesta y a través de la Ley 1492 de Aplicación de los Resultados del Censo de Población y Vivienda en los Ámbitos Financiero y Electoral, promulgada el 2 de diciembre, se estableció que el “Órgano Ejecutivo efectuará la nueva distribución de recursos de coparticipación tributaria a partir del mes de septiembre de la gestión 2024”.
Además, la norma establece que el Instituto Nacional de Estadística (INE) remitirá al Tribunal Supremo Electoral los datos oficiales de población del Censo de Población y Vivienda “para que elabore el proyecto de ley de distribución de escaños, conforme al artículo 146 parágrafos V, VI y VII de la Constitución Política del Estado y la Legislación Electoral vigente, que se aplicaría en las próximas Elecciones Generales en el Estado Plurinacional de Bolivia”.
Jcch/Mac
