La Paz, noviembre 24, 2022 (ABI).- Los órganos Legislativo y Ejecutivo mantenían hasta esta anoche la posición de facilitar la sanción y promulgación de un proyecto de ley de consenso político sobre del Censo de Población y Vivienda 2024.
Una primera coincidencia fue expresada, horas antes de la reanudación de la Sesión Legislativa de Diputados, por el presidente del Senado, Andrónico Rodríguez, y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, quienes coincidieron en que la norma a ser considerada no afectará la competencia privativa del nivel central del Gobierno sobre el censo.
De acuerdo con el procedimiento legislativo, la Comisión de Constitución debe emitir un informe sobre el proyecto de ley, considerarlo y aprobarlo en sesión de diputados y remitirlo al Senado para que finalmente sea sancionada, y termine en manos del Órgano Ejecutivo para su respectiva promulgación como Ley del Estado de cumplimiento obligatorio.
Los responsables del conflicto regional en Santa Cruz, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho, el presidente del Comité pro Santa Cruz, Rómulo Calvo, y el rector de la Universidad Gabriel René Moreno (UAGRM), Vicente Cuéllar, al fracasar en su intento de forzar al gobierno a convocar el censo en el 2023 optaron por transferir la solución a la Asamblea Legislativa.
Los ex presidentes Carlos Mesa y Jorge Quiroga, partidarios del paro indefinido cruceño, lanzaron una cuerda de salvación al inminente fracaso de la más dura medida de presión ejercida por los cívicos, proponiendo elevar el Decreto Supremo 4824 del censo a rango de ley.
De ese modo, es que Camacho, Cuéllar y Calvo determinan instruir a sus parlamentarios de Creemos y Comunidad Ciudadana presionar en La Paz, la aprobación del proyecto de ley para el empadronamiento nacional en 2024.
La propuesta seria es la del MAS-IPSP, que eleva a rango de ley el Decreto Supremo 4824, que fija para el 23 de marzo de 2024 el Censo de Población y Vivienda, dictado sobre la base recomendada por la Comisión Técnica que sesionó en Trinidad, Beni, entre el 5 y 9 de noviembre.
Rodríguez dejó en claro que la consideración que se realice en el Legislativo debe partir de la base de los alcances del decreto, sin ninguna afectación a las competencias de los órganos estatales.
Prada declaró que espera finalmente la ley, considerando que la iniciativa de la bancada del MAS no altera las competencias del Legislativo ni del Ejecutivo.
El pleno de la Cámara de Diputados permanece en cuarto intermedio, a la espera del informe final de su Comisión de Constitución.
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