Legisladores de Creemos y de CC, entre ellos Alberto Astorga (derecha primero), junto con el gobernador de Santa Cruz, el 24 de septiembre. Foto: GSC
Documento falsificado y pedido de renuncia tensionan a opositora Comunidad Ciudadana

Documento falsificado y pedido de renuncia tensionan a opositora Comunidad Ciudadana

La Paz, 30 de septiembre de 2022 (ABI). – Un documento falsificado por los asesores del senador Walter Justiniano Martínez, para no asistir a la sesión de la Asamblea Legislativa del 23 de septiembre, y el pedido de renuncia en contra del jefe de banca Carlos Alarcón volvieron a tensionar a la alianza opositora Comunidad Ciudadana (CC), liderada por el expresidente Carlos Mesa.

Se trata de las “réplicas” que ha provocado la designación de Pedro Callisaya Aro como Defensor del Pueblo, durante la sesión del pasado viernes, a la que no acudieron 34 legisladores, de los cuales 19 correspondían a CC, 13 a Creemos y 2 al MAS-IPSP.

Aprovechando la ausencia de los legisladores opositores, el diputado del MAS-IPSP, Juan José Jáuregui, solicitó la modificación del orden del día de la sesión, en apego al artículo 76 del Reglamento de Debates de Diputados que establece que “sólo podrá alterarse el Orden del Día, por voto de dos tercios de los miembros presentes", y que se realice la votación de la elección y designación del Defensor del Pueblo.

Una vez cumplido el trámite, con 128 legisladores presentes, entre ellos diputados y senadores de las bancadas de Creemos y CC, que conformaron el quorum necesario para la sesión, se procedió a la votación.

Del total de los legisladores, 97 sufragaron: dos en blanco y 95 a favor Pedro Francisco Callisaya Aro, superando así los 2/3 de votos de los asambleístas presentes, como establece el artículo 220 de la Constitución Política del Estado para la designación de la autoridad.

Mientras Comunidad Ciudanía emitió un comunicado, el lunes, en el que reconoció “un error político” por no controlar las licencias de los 19 legisladores y pidió “disculpas” a la población por ello, legisladores de la misma bancada solicitaron desde “sanciones drásticas” a los diputados y senadores faltones y también la dimisión del diputado Carlos Alarcón.

La diputada de Comunidad Ciudadana (CC), María Elena Pachacute Ticona, solicitó a la dirección nacional de la alianza convocar a una reunión con carácter de urgencia y presencial para asumir “sanciones drásticas” en contra de los 19 diputados y senadores que se faltaron de la sesión.

En tanto, la diputada suplente Luciana Campero exigió la renuncia del jefe de bancada de CC en Diputados, Carlos Alarcón, porque no “hubo una mala conducción sobre todo en la elección del Defensor del Pueblo”.

La legisladora dijo que es tiempo de “dejar de cubrirse las espaldas” y que cada quien asuma su responsabilidad.

¿Quiénes faltaron?

El diputado de CC Gustavo Aliaga dijo que sólo tres legisladores fueron invitados por la Gobernación de Santa Cruz para participar de los actos por los 212 años del grito libertario: su persona, el diputado Carlos Alarcón y el senador Willy Seoane.

Sin embargo, los diputados Daniel Prieto Tomelitch, Alberto Vladimir Astorga Torrez, Raúl Terrazas Rivero e Ingrid Zalles Trigo también pidieron permiso por la misma razón, incluso se los vio en fotografías con el gobernador Luis Fernando Camacho.

Los otros legisladores solicitaron permiso por diferentes razones, por ejemplo, el diputado Miguel Antonio Roca pidió licencia para asistir al aniversario de la Unidad Educativa Técnico Humanístico Mariscal de Santa Cruz y la diputada chuquisaqueña Lily Gladys Fernández Vargas por una reunión de coordinación sobre el proyecto de Ley de Banco de Ojos, al igual que la legisladora Marlene Fernández Mejías.

En tanto, el diputado orureño José Guillermo Benavides Ramos pidió permiso por una reunión con organizaciones sociales y el diputado Erick Marcelo Pedraza López por la invitación de la Liga de Enfermedades Mentales.

El diputado pandino Sebastián Divico Muchairo pidió permiso para participar de los actos por los 84 años de la creación del departamento de Pando y la senadora Cecilia Moyoviri porque tenía que asistir a un foro de interés ciudadano en Beni.

Mientras la senadora Andrea Bruna Barrientos Sahonero de Cochabamba pidió permiso para entregar declaraciones camarales, su colega Silva Salame Farjart lo hizo pues tenía una invitación de la Universidad Central de Bolivia.

Tres legisladores tenían baja médica: la senadora tarijeña Elizabet Zoya Zamora Arce y los diputados cruceños Iván Luis Canaviri Collarana y el diputado Jairo Jesús Guiteras Tobías.

En tanto, el senador Walter Jesús Justiniano Martínez, del Beni, solicitó licencia porque tenía una reunión informativa con el Colegio de Comunicadores Sociales del Beni. Sin embargo, su permiso fenecía el 22 de septiembre y para que no sea sancionado uno de sus asesores adulteró la invitación para extender el permiso.

“Yo no me encontraba en la ciudad de La Paz, no participé en absoluto (de la falsificación), desconocía totalmente esa invitación, fue una acción que hicieron de buena fe, por decirlo así, mis asesores, pero cometieron un error que ahora tiene que tener sus consecuencias”, alegó.

Puesto en evidencia el hecho, el jefe de CC Carlos Mesa instruyó a la dirección nacional de esa alianza investigar las 19 licencias que solicitaron asambleístas de esa organización “Si se comprueba dolo o mala fe, los responsables serán sancionados drásticamente”, dijo.

Jfcch/Mac


© CopyRight — Agencia Boliviana de Información 2022 ABI