2021, el año de la defensa de la democracia y el derrumbe de la tesis del fraude
2021, el año de la defensa de la democracia y el derrumbe de la tesis del fraude

2021, el año de la defensa de la democracia y el derrumbe de la tesis del fraude

El 2021 no solo fue el primer año de la defensa de la democracia, sino fue el año en el que se derrumbaron al menos 10 tesis de los opositores, entre ellas la existencia de fraude, y en el que el pueblo salió en defensa de los resultados electorales ante intentos desestabilizadores. 

Tras el periodo de golpes de Estado militares que concluyó en 1982, Bolivia vivió un ciclo democrático ininterrumpido hasta el 12 de noviembre de 2019, cuando se produjo una ruptura constitucional.

Gracias a movilizaciones populares se efectuaron las elecciones generales del 18 de octubre de 2020 en las que los candidatos del MAS-IPSP, Luis Arce y David Choquehuanca, lograron el 55,11 % de respaldo electoral mayoritario, resultado que expulsó al régimen de facto y devolvió al país al cauce democrático

“En nuestro país hubo un golpe de Estado, hubo una ruptura constitucional, y estamos en el primer año de la recuperación de la democracia, del nuevo tiempo democrático”, dijo el vocero presidencial, Jorge Richter, el 10 de octubre de este año.

“Esperamos ser recordados como el Gobierno en el que el pueblo boliviano se levantó para recuperar la democracia, la dignidad, la paz, el crecimiento y la justicia social”, afirmó Arce en un discurso en la Asamblea Legislativa. 

Informe del GIEI derrumba relatos de los opositores

En el primer año de recuperación de la democracia, uno de los acontecimientos ocurridos fue sin duda el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que derrumbó al menos 10 tesis usadas por actores políticos de la oposición, la jerarquía católica, amplificadas por los medios de difusión, para justificar el discurso y la violencia del régimen de Jeanine Áñez.

Al respecto, Paulo Abrāo, exsecretario ejecutivo de la CIDH, indicó en agosto a Bolivia TV, que “la principal contribución histórica” del GIEI, “es que desmorona y sepulta todas las versiones de desinformación y de intento de generar una mentira histórica respecto a todo lo que ha pasado en el país durante aquellos fatídicos meses (en 2019)”. 

Senkata fue masacre, no fue enfrentamiento

Ante versiones de que en Senkata, El Alto, hubo enfrentamientos en 2019, el GIEI fue contundente: En Senkata se produjo una masacre. “(…) Como reacción inmediata, las fuerzas militares que resguardaban la planta empezaron a disparar. Como consecuencia de los disparos, se produjeron por lo menos diez víctimas fatales y al menos 78 heridos, de los cuales 31 personas fueron heridas por proyectil de arma de fuego o por elementos contuso perforantes”, indica.

En Sacaba ocurrió una masacre, no hubo enfrentamiento

La investigación internacional concluyó que en Sacaba, militares y policías masacraron a manifestantes. “El GIEI evalúa que las Fuerzas Armadas y la Policía fueron responsables por graves violaciones de los derechos humanos en el operativo realizado en Sacaba el 15 de noviembre de 2019 (…) como resultado, hubo una masacre con 10 civiles muertos y cerca de un centenar de personas heridas (…) En los términos de la jurisprudencia de la Corte IDH, se podría, en ese caso, calificar las muertes como ejecuciones sumarias”, indica.

Marchistas no tenían armas; FFAA y Policía, sí

Arturo Murillo, ministro de Gobierno de Jeanine Áñez, dijo en 2019 que los uniformados no tenían orden de disparar y sugirió que los marchistas de Sacaba se mataron entre ellos.

En contraste, el GIEI determinó que los integrantes de la marcha en Sacaba no portaban armas de ningún tipo. “No hay evidencia de que los manifestantes hayan disparado entre sí o contra las fuerzas de seguridad”, indica el documento.

Planta de YPFB no estuvo en riesgo de explosión

Una de las principales narrativas para justificar la masacre de Senkata fue que los ciudadanos alteños usaron dinamitas para derrumbar la pared de la planta de YPFB y que buscaron causar una explosión.

Sobre estas versiones, el informe del GIEI indica que los manifestantes de Senkata no usaron dinamitas para hacer caer el muro de la planta de YPFB y que no existió riesgo de hacer explotar las instalaciones.

Jeanine Áñez se proclamó de forma ilegal

Jeanine Áñez indicó que asumía la Presidencia del Senado y, luego, la presidencia de Bolivia, en forma legal, pero el GIEI encontró que ella se proclamó presidenta de la Cámara de Senadores y de Bolivia sin cumplir requisitos legales.

“(…) en reunión del Senado sin el quórum previsto en reglamento, Jeanine Áñez se proclamó como presidenta de la Cámara de Senadores, en sucesión por vacancia de los cargos de presidente y primer vicepresidente. Luego, también sin el quórum requerido, en el recinto de la Asamblea Legislativa, Áñez se declaró presidenta interina del Estado Plurinacional de Bolivia”, enfatiza el informe internacional.

“Ese mismo día de noviembre, Jeanine Áñez ingresó a Palacio Quemado y el jefe de la Casa Militar le puso la banda presidencial y le entregó el bastón de mando”, agrega el informe.

“Sugerencia” de FFAA y Policía fue un ultimátum

Uno de los relatos que manejan los actores políticos de oposición es que la renuncia de Evo Morales se produjo de manera voluntaria y por “cobardía”.

Sin embargo, el GIE determinó que la “sugerencia” de las FFAA y la Policía para que Morales renuncie, se trató de un ultimátum que debilitó el respeto a la Constitución.

Sí se perpetró violencia sexual y en razón de género

Varios ciudadanos fueron privados de libertad por hacer uso del derecho a la protesta y la libertad de expresión, incluso sufrieron violencia sexual. Al respecto, el informe internacional indica que “preocupa al GIEI que algunos de los casos de violencia sexual o en razón de género que han sido documentados ocurrieron en contextos de privación de libertad en recintos penitenciarios estatales y fueron perpetrados por agentes estatales, y que, a pesar de ello, no están siendo investigados. En ciertos casos, los hechos de violencia sexual que han sido documentados pueden ser considerados como constitutivos de tortura debido al grave sufrimiento que generaron en las víctimas”.

Sí, se promovió la humillación, violencia y racismo

El racismo y el desprecio por los símbolos indígenas fueron hechos constantes. Así lo demuestra el informe que hace referencia a más de 20 videos a los que accedió el GIEI, en los que se observó a personas con distintivos de la Resistencia Juvenil Cochala (RJC), grupo paramilitar afín a Áñez, ejecutando actos de violencia y discriminación en contra de civiles. En enero de 2020, Jeanine Áñez calificó a las autoridades del gobierno de Evo Morales, de “salvajes”.

El “decreto de la muerte” trató de legalizar las masacres

Áñez aprobó el Decreto Supremo 4078 del 14 de noviembre de 2019. La norma establecía que los militares estarán exentos de responsabilidad penal pese al uso de armas en los operativos. El justificativo fue la lucha contra presuntos subversivos armados y peligrosos.

El GIE evidenció en su informe que los manifestantes en Sacaba, Senkata y otros sitios, estaban desarmados. El informe concluyó que en 2019 “se cometieron graves violaciones de los derechos humanos en Bolivia”, mediante violencia sexual, masacres con armas letales utilizadas por las fuerzas de seguridad y ejecuciones extrajudiciales.

TCP: En 2019 hubo golpe y no sucesión constitucional

En 2021, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), indicó que en 2019 hubo un golpe de Estado y en ningún momento existió vacío de poder.

Mediante la Sentencia Constitucional 0052/2021 de 29 de septiembre de 2021, el TCP estableció que la sucesión presidencial “ipso facto” (inmediatamente o en el acto) solo llega hasta la presidencia de las cámaras (de Diputados y Senadores), no hubo vacío de poder, el reemplazo temporal de la segunda vicepresidencia no significa que asume el cargo, que la renuncia de cualquier autoridad electa debe hacerse conocer al Tribunal Electoral y a la Asamblea Legislativa; solo cuando la Asamblea acepta recién se hace efectiva la renuncia por lo que la autoproclamación de Jeanine Áñez no fue constitucional.

El 15 de octubre, el ministro de Justicia, Iván Lima, señaló que la sentencia del TCP que ratifica que en Bolivia hubo golpe de Estado en 2019, tras la autoproclamación de Jeanine Áñez a la presidencia, tiene un efecto final y vinculante.

“Ha hablado el TCP. La sentencia constitucional que se ha emitido y se ha notificado el día de hoy, 052/2021, que ya está en la página web y que la pueden leer, y también la hemos subido a las páginas y redes del Ministerio, tiene un efecto final y vinculante”, aseveró en Bolivia Tv.

“No ha existido fraude, ha existido golpe y ya las instancias judiciales del país han hablado”, concluyó.

Procuraduría descarta fraude tras revisión de actas

El 15 de octubre, la Procuraduría General del Estado concluyó con la revisión de actas electorales de los comicios presidenciales de 2019. El procurador Wilfredo Chávez dijo que tras el análisis quedó demostrado que no hubo fraude.

“Hemos hecho un análisis acta por acta para demostrar que no hubo fraude en estas elecciones y lo hemos demostrado. Puedo decir en este momento, compañeros y compañeras, con total franqueza que no existió fraude electoral en las elecciones del año 2019 y que Bolivia no es un país fraudulento”, aseveró.

Fiscalía cierra el caso fraude por falta de pruebas

El 13 de octubre, la Fiscalía cerró el caso denominado fraude electoral ante la inexistencia de pruebas. Es decir, que quienes denunciaron un “fraude monumental”, nunca presentaron una sola prueba de sus acusaciones ante autoridades competentes.  

El fiscal de La Paz, William Alave, ratificó el requerimiento conclusivo de sobreseimiento a favor de cinco exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE) por el caso de supuestos delitos electorales registrados durante los comicios de 2019 y dispuso el cierre del caso.

Intentos de desestabilización

Entre octubre y noviembre de 2021, cívicos de Santa Cruz y Potosí, con respaldo de agrupaciones políticas opositoras, realizaron paros y bloqueos con el justificativo de oponerse a la Ley 1386 de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorista.

Para lograr su propósito, usaron la desinformación y el miedo para hacer creer que dicha norma jurídica afectaría a la población cuando la disposición solo estaba dirigida a combatir las ganancias por la trata de personas, el narcotráfico y blanqueo de dinero.

El 16 de noviembre, el entonces presidente en ejercicio, David Choquehuanca, abrogó la disposición y la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, exhortó a volver a la normalidad y al trabajo en esas regiones.

En respuesta a los afanes desestabilizadores de algunos grupos, el 23 de noviembre se inició la Marcha por la Patria el 23 de noviembre. La caminata concluyó con una histórica concentración que ratificó su respaldo a la democracia, al gobierno legalmente constituido, exigió justicia para las víctimas del golpe de 2019 y fortaleció la figura del presidente Luis Arce.


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