El asambleísta ecuatoriano Fausto Jarrín presentó una denuncia contra el expresidente Lenín Moreno por el “préstamo” de granadas y proyectiles al régimen de facto de Jeanine Áñez, en noviembre de 2019, material que habría sido usado para la represión de protestas en Bolivia. Sin embargo, esa transacción desnudó el papel oculto de Colombia, que un mes antes también prestó más de 19.000 granadas de gas a Ecuador.
Las revelaciones surgieron este martes durante una entrevista con el programa 180, de radio Patria Nueva. El asambleísta Jarrín, del movimiento Unión por la Esperanza (UNES), dijo que su denuncia busca esclarecer una red regional de cooperación entre gobiernos conservadores.
El asambleísta ecuatoriano presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del expresidente Lenín Moreno por el envío de municiones y gases lacrimógenos al régimen de Áñez.
"Nos hemos acercado a la Fiscalía para presentar la denuncia correspondiente por el hecho de haberle entregado, sin ninguna razón, sin ninguna justificación, pertrechos militares, bombas lacrimógenas, balines al gobierno de facto de Jeanine Áñez en el 2019", dijo Jarrín al portal RT actualidad.
Se trata de una “disposición arbitraria de bienes del Estado, ese peculado (malversación de caudales públicos, delito consistente en la apropiación indebida del dinero perteneciente al Estado) lo que me preocupa más y genera vergüenza como ecuatoriano y que me ha motivado es que Ecuador, por decisiones de su gobierno, de Lenin Moreno, acaba involucrándose en la consecución de un golpe de Estado, en la consecución de una represión que el gobierno de facto de Jeanine Áñez impuso sobre el pueblo boliviano”, manifestó.
Jarrín señaló que además de Moreno, en el supuesto envío de ese material a Bolivia, también podría estar involucrada la entonces ministra de Gobierno de Moreno, María Paula Romo, así como altos mandos de las Fuerzas Armadas y de la Policía de Ecuador, que habrían incurrido en diferentes delitos, que van desde disposición de bienes públicos hasta peculado.
Dijo que la Fiscalía está obligada a solicitar declaraciones para esclarecer el caso y ”de solicitar las asistencias penales correspondientes que, a mi criterio, deberían ser al gobierno de Bolivia y al gobierno de los Estados Unidos (EEUU), porque a mi no me queda dudas de que los actos por los que está siendo también procesado (Arturo) Murillo en EEUU (…) tienen que estar relacionados también con esta negociación de bombas lacrimógenas, gases en los que seguramente tuvieron que ver funcionarios del gobierno de Moreno”.
Respecto al papel de Colombia, dijo que, en el mes de octubre de 2019, es decir un mes antes de prestar granadas y proyectiles a Jeanine Áñez, el gobierno de Lenín Moreno se prestó granadas y fusiles del gobierno colombiano.
“Es una cuestión regional (…) por el informe de la Defensoría del Pueblo y de la Comisión de la Verdad, recibimos una dotación en préstamo del gobierno de Colombia y un mes después estábamos prestando al gobierno de facto de Jeanine Áñez para que reprima al pueblo (…), son mecanismos de implementación del terror”, manifestó.
Un mes antes de que Ecuador preste a Bolivia granadas y proyectiles en noviembre de 2019, recibió de Colombia un préstamo de más de 19.000 bombas lacrimógenas.
Según el portal digital Pichincha comunicaciones, de Ecuador, el gobierno colombiano entregó “11.516 bombas, entre 37 mm, con un total de 3.382 dispositivos, además de 6.272 granadas de gas cs y 704 granadas multimpacto cs/oc. También fueron prestados 10 fusiles diseñados para disparar esos cartuchos”.
“El 9 de octubre se firmó el segundo préstamo, que incluía 7.624 bombas lacrimógenas, 4.600 cartuchos de 37 mm; 1.728 granadas de cs y 1.296 granadas de multimpacto”, agrega el reporte.
