En la inauguración del Año Judicial 2021, realizada este miércoles en la ciudad de Sucre, el procurador general del Estado, Wilfredo Chávez, pidió a las autoridades judiciales acompañar las políticas de austeridad que aplica el Gobierno y agilizar las causas judiciales en las cuales se encuentra involucrado el Estado boliviano con el fin de evitar cuantiosas pérdidas al erario.

"En estos tiempos de austeridad, porque la austeridad ha llegado infelizmente a todo el planeta (...), creo que este es un gran desafío para todos nosotros este año: afrontar con recursos limitados las grandes tareas que tenemos. Evitar en lo posible, ya, gastos que antes nos parecían naturales de convivencia, en fin, hay que usar plataformas virtuales, ahorrar en esas cosas, ahorrar en viajes, viáticos. Eso es importante", dijo el Procurador.

La autoridad expresó esos criterios ante una audiencia de autoridades del Órgano Judicial, así como de la Fiscalía General del Estado y representantes de la Defensoría del Pueblo.

Chávez añadió que, si bien la disminución de ciertos gastos puede significar unos centavos, "pero centavos hacen millones".

El Procurador reiteró la importancia del respeto a la independencia de poderes y de mejorar la justicia en favor de la población.

La autoridad dijo que a la Procuraduría le preocupa la demora en varios juicios en los que está involucrado el Estado boliviano y que esta tardanza puede significar cuantiosas pérdidas para las arcas fiscales.

"Voy a pedir con muchísimo respeto a las autoridades de este Tribunal Supremo, y lo mismo al sistema judicial, que apoyemos al Estado para que no sea objeto de procesos internacionales y (como consecuencia) paguemos cuantiosas indemnizaciones cuando podemos tener soluciones tempranas", indicó Chávez.

El gobierno de facto presidido por Jeanine Áñez acalló la voz de 88 radios que forman parte del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios (RPOs), cuyos equipos desaparecieron, fueron secuestrados o quemados con el objetivo de aplacar la voz de las naciones que viven en el occidente, trópico y amazonia de Bolivia.

El director de las RPOs, José Aramayo, informó que cuando se hizo cargo de la unidad encontró un panorama devastador: de un total de 104 medios de comunicación, apenas funcionaban 16 y solo había dos custodios.

Aramayo recordó que, el 9 de noviembre de 2019, grupos paraestatales saquearon radio Comunidad, después quemaron Kawsachun Coca y persiguieron a periodistas y los custodios de Soberanía, Carrasco y Yapacaní.

Recordó que a Kawsachun Coca le robaron un equipo de transmisión de 5 kilos ubicado en San Ignacio de Moxos con el fin de acallar sus transmisiones en el oriente, lo que es considerada una vulneración de los derechos de los pueblos indígenas.

Ahora se recuperan o se rehabilitan algunas radios ubicadas en las poblaciones de La Asunta (Yungas), Caracollo (Oruro), Qaqachaca (Oruro), Igualitaria (Santa Cruz) y otras que fueron silenciadas por el régimen de Áñez, que además persiguió a periodistas.

Aramayo mencionó que está enfrascado en la modernización y fortalecimiento de las radios de los pueblos indígenas y en irradiar su voz a todos los confines de la geografía boliviana como parte de un derecho democrático y humano.

Durante el gobierno de facto, la entonces ministra de Comunicación, Roxana Lizárraga, acusó a las radios que forman parte del Sistema Nacional de Radios de los Pueblos Originarios como "voces sediciosas" que confrontan al pueblo, por lo que ordenó el secuestro de sus equipos.

El vocero presidencial, Jorge Richter, lamentó que políticos de la oposición boliviana busquen ensombrecer la gestión del Gobierno frente a la pandemia del COVID-19, desconociendo los esfuerzos para el abastecimiento de pruebas diagnósticas y vacunas.

"Estos dos elementos el Gobierno los resuelve de manera rápida cuando no ha cumplido siquiera dos meses de gestión. Esto, sin lugar a dudas, en términos ya políticos, genera una molestia", dijo en una entrevista con la red Bolivisión.

El presidente Luis Arce garantizó el abastecimiento de 5,2 millones de dosis de la vacuna Sputnik V y continúa las gestiones para adquirir una mayor cantidad, a fin de inmunizar al menos al 80% de la población boliviana.

También garantizó la provisión de más de 1,6 millones de pruebas antígeno nasales para identificar y atender, en etapas tempranas, a las personas contagiadas con el coronavirus.

"En Bolivia con la salud también se hace política y se trata de ensombrecer lo que puede suceder con la transparencia del proceso, con la eficacia de las vacunas, con la rapidez de la gestión (...). Van probando un poco de suerte, a ver si tienen con ello mayores posibilidades políticas electorales y posibilidades políticas hacia futuro, eso es lo que está pasando", agregó Richter.

La población boliviana elegirá en marzo próximo a los nuevos gobernadores, asambleístas departamentales, alcaldes y concejales.