El proyecto de Ley Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales se enmarca en la Constitución Política del Estado (CPE), leyes, tratados y convenciones internacionales y no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica.

“La propuesta de este proyecto de ley no afectará a gremiales, ni a periodistas porque lo que pretende esta norma es compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está dispuso en varias leyes”, aclaró el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, según un boletín del Viceministerio de Comunicación.

Dijo que algunos partidos de oposición malinterpretaron el proyecto de Ley mencionado sin ningún fundamento técnico, lo cual generó confusión en diversos sectores económicos y organizaciones sociales.

“La oposición, los diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos están aduciendo a falsas interpretaciones de lo que es la Ley”, dijo.

El artículo 11 del proyecto normativo establece que los Sujetos Obligados a informar algún movimiento sospechoso e irregular deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estos hechos que no presentan ningún respaldo técnico y económico.

Los Sujetos Obligados están contempladas las siguientes entidades: los Bancos, Cooperativas de Ahorro y Crédito, Instituciones Financieras de Desarrollo, Entidades Financieras de Vivienda, Entidades de Arrendamiento Financiero, Almacenes Generales de Depósitos, Casas de Cambio, Remesadoras de Dinero, Compañías de Seguro, Corredores de Seguro, Agencias de Bolsa, Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión, Empresas Transportadoras de Dinero y/o Valores, Entidades de Titularización del Mercado de Valores, Burós de Información Crediticia, Notarios de Fe Pública, Juegos de Azar y Casino.

“Los gremiales no tienen que tener ningún temor porque en ninguna parte de la normativa se estipula que, a alguien, de la noche a la mañana, se le ocurra entrar a una cuenta bancaria de un comerciante”, enfatizó la autoridad económica.

Refirió que para iniciar una investigación debe haber previamente un movimiento económico sospechoso y sin ninguna justificación.

“La UIF no se va a poner a investigar todos los días las cuentas, eso es imposible”, aseveró.

El ministro explicó que las personas que intentan legitimar sus ganancias ilícitas, de la noche a la mañana aparecen como dueños de grandes hoteles, con inversiones gigantescas, que no tienen cómo justificar ese incremento sustancial de capital económico, en esos casos recién se realizan las investigaciones de rigor.

“Las entidades bancarias cuando ven una operación sospechosa reportan a la UIF, cuando se verifica un movimiento económico inusual se hacen las investigaciones con base al proceso de rigor y se realiza un proceso judicial, no es que la UIF decide quién es culpable”, aclaró la autoridad gubernamental.

El Viceministerio de Comunicación informó este jueves que durante septiembre se estableció un récord en cuanto a llegada de vacunas contra el COVID-19 al país; arribaron 4.719.270 dosis en ocho envíos, vale decir el 34,45% de las 13.699.380 vacunas que el Gobierno nacional puso a disposición de los bolivianos desde fines de enero.

“La gran mayoría de estas dosis fueron adquiridas con recursos estatales: 3.700.000 –3,3 millones son de la farmacéutica China Sinopharm y 400.000 son segundas dosis de Sputnik V de Rusia– mientras que 1.019.270 son donaciones de México, España y Francia –en todos los casos AstraZeneca– y de Estados Unidos (EEUU), que envió un lote de Pfizer y Janssen a través del mecanismo Covax”, señala un boletín de prensa. 

Gracias a las gestiones permanentes del Ejecutivo, ya hay en el país más del 100% de las primeras y segundas dosis requeridas para la población vacunable, proyectada en 7.180.428 bolivianas y bolivianos, pues debe tomarse en cuenta que 1.008.000 unidades son de las monodosis Janssen del laboratorio Johnson & Johnson. De esta manera, el remanente será empleado para inmunizar a la población que cumplió 18 años en lo que va del año.

Se debe recordar, además, que la segunda quincena de octubre empezará a llegar más de medio millón de unidades del componente 2 de Sputnik V, pendientes para completar el esquema de inmunización a quienes fueron inoculados entre mediados de julio y agosto.

En nueve meses (de enero a septiembre), Bolivia recibió 35 lotes de vacunas, según el siguiente detalle: en enero arribó un cargamento de 20.000 vacunas Sputnik V; en febrero otro lote de 500.000 dosis; en marzo, dos envíos con un total de 428.000 vacunas; en abril se recibió 317.430 fármacos en tres envíos; en mayo, 1.500.620 en cinco envíos; en junio, 1.250.000 en cuatro lotes; en julio, 3.535.000 en seis envíos; en agosto, 1.429.060 en cinco envíos y en septiembre, 4.719.270 en ocho embarques.

El viceministro de Autonomías, Álvaro Ruiz, invitó a los integrantes de la marcha que llegó a Santa Cruz a sumarse a las mesas técnicas de diálogo que implementó el Gobierno con la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia (Cidob).

La autoridad, entrevistada en radio Compañera, dijo que el Ejecutivo no recibió oficialmente el pliego de peticiones o demandas de los marchistas, pero se enteró por los medios de difusión respecto a algunas solicitudes, las cuales son abordadas en las mesas de diálogo que están en curso.

“Su pliego de demandas no nos ha llegado de manera oficial”, indicó la autoridad.

Sin embargo, dijo que se conoció a través de los medios de difusión de algunas demandas referidas a tierra, territorio, autonomía, Censo, salud y educación, entre otros aspectos.

Ante ello, explicó que casi la totalidad de los temas demandados, son discutidos en las mesas de diálogo con la Cidob, a excepción de la solicitud de los marchistas sobre un parlamento indígena, aspecto que puede ser abordado en el marco de la Constitución Política del Estado y las leyes vigentes.  

“Todos los temas mencionados, no va a haber variación del pliego petitorio de los marchistas a las mesas de trabajo que ya estamos desarrollando con los pueblos indígenas. Estamos trabajando con las autoridades orgánicas de los pueblos indígenas de tierras bajas y altas”, dijo.

Ruiz indicó que los marchistas citaron a las autoridades de Gobierno a una reunión en esta jornada, pero a último momento, los dirigentes de los movilizados decidieron no asistir al encuentro.

Por instrucciones del presidente Luis Arce, a la cita de este jueves asistió una comisión conformada por el Ministerio de la Presidencia, el Ministerio de Gobierno y el Viceministerio de Autonomías.

“Estamos abiertos al diálogo”, indicó el Viceministro de Autonomías.

El presidente del Estado, Luis Arce, destacó este jueves el crecimiento de la actividad económica en Bolivia a julio de esta gestión, que registró un 9,2%, producto de la aplicación de políticas que estimulan la economía.

“La actividad económica de Bolivia creció 9,2% a julio de 2021, producto de la aplicación de políticas que estimulan nuestra economía, tanto la oferta como también la demanda. ¡Estamos creciendo para redistribuir y redistribuyendo para crecer!”, escribió en su cuenta de Twitter.

Según reportó el Ministerio de Planificación del Desarrollo, el Índice Global de la Actividad Económica (IGAE), a julio de 2021, registró un crecimiento del 9,2%, superior a junio, en que se reportó un indicador del 8,7%.

Los sectores que contribuyeron al crecimiento principalmente son minerales metálicos y no metálicos (54,9%), el sector de la construcción (32,8%), transporte y almacenamiento (27,1%), petróleo y gas natural (12,2%), industria manufacturera (10,4%), electricidad, gas y agua (10,2%), comercio (9,0%) y el sector agropecuario (2,2%).