El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, desvirtuó este martes la veracidad de una declaración pública del analista y exdirector del Banco Central de Bolivia (BCB) del gobierno de facto, José Gabriel Espinoza, respecto a que el Movimiento Al Socialismo (MAS) aceptó un crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) en 2009 sin pedir autorización a la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP).

“Hemos convocado a esta conferencia de prensa para desvirtuar aseveraciones equivocadas de algunos analistas que en el pasado han sido funcionarios de la autoridad monetaria que están confundiendo los temas (…). Nosotros aquí desvirtuamos totalmente esas afirmaciones”, aseveró en conferencia de prensa.

El exdirector del BCB dijo en una entrevista con un matutino que el presunto crédito fue por $us 255,9 millones y que su ingreso y registro no necesitó de la autorización de la Asamblea Legislativa, una vez modificada la Constitución Política del Estado (CPE), a diferencia de un préstamo no recibido y devuelto en 2020.

El titular de Economía y Finanzas Públicas explicó que Espinoza confundió la operación efectuada, puesto que no fue un préstamo y se trató de una capitalización que hizo el FMI para el caso de los denominados “Derechos Especiales de Giro” (DEG) de Bolivia, que es un activo de reserva internacional, que no requería la autorización de la ALP.

“En el fondo, es una operación que aumenta los activos del país y que no es similar en ningún caso a la operación de 2020, que es un préstamo. En otras palabras, si el compañero tiene un activo, unas joyas, que valen $us 1.000 y ahora hay un aumento, una capitalización, que dice que esas joyas ya no valen $us 1.000, sino $us 3.000, claro que eso es parte de su activo, no es parte de su pasivo”, explicó.

La autoridad estatal recordó que el préstamo del FMI de 2020 mencionado por Espinoza sí era una operación de financiamiento que tiene plazo y tasa de interés.

“En cambio, el Instrumento de Financiamiento Rápido (IFR) que señala el analista y exdirector del BCB del gobierno de facto es un instrumento de financiamiento y es un préstamo y cuando alguien se presta eso va al pasivo, no va al activo. Entonces está claramente diferenciada una operación de otra”, complementó.

Finalmente, Montenegro manifestó que el tipo de confusiones de Espinoza no extraña y que es posible que le “hayan hecho cometer errores en sus decisiones cuando fue sido director del BCB”.

“Ahora entendemos correctamente y claramente porqué se ha cometido ese tipo de errores, porque no se diferencia una cosa de otra”, concluyó.

La Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicación y Transporte (ATT) activó el plan operativo de control “Sayta’m Coronavirus” (detengamos el coronavirus) que tiene el objetivo de controlar el uso de las medidas de bioseguridad en terminales terrestres. 

Según un boletín, el plan prevé efectuar la verificación del cumplimiento del “Protocolo para operaciones del Transporte Terrestre de Pasajeros”, aprobado mediante Resolución N° 275 de 21 de diciembre de 2020 del Ministerio de Obras Públicas. 

"La ATT, a través de los servidores públicos designados, controlará el uso de las medidas de bioseguridad por parte del personal administrativo de las empresas de transporte y de la terminal", indicó la entidad. 

Asimismo, se verificará la dotación o el acondicionamiento, por parte de la Administración de la Terminal Terrestre, para cumplir de manera efectiva con lo establecido en el protocolo. También, se fiscalizará que la venta de boletos se realice con las normas de bioseguridad vigentes.

El plan operativo iniciará el miércoles 30 de junio en la Terminal de Buses de la ciudad de La Paz y continuará en los próximos días en las terminales de El Alto, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz de la Sierra, Trinidad, Cobija, Sucre, Tarija, Potosí, Yacuiba, Tupiza y Villazón.

"La ATT distribuirá material informativo y preventivo para los usuarios y el personal administrativo de los operadores de transporte terrestre y de la Terminal de Buses para detener al coronavirus", resaltó la entidad.

El gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Franklin Flores, informó este martes que se suscriben acuerdos con pequeños productores para ayudarles a comercializar sus productos en las agencias y supermercados de la estatal con la finalidad de fomentar lo hecho en Bolivia.  

"La empresa estratégica de alimentos de Bolivia, como es Emapa, está suscribiendo diferentes convenios interinstitucionales con diferentes productores (como, por ejemplo) de la asociación de productores de leche", indicó Flores, según un reporte de Patria Nueva.

El gerente de la compañía estratégica señaló que, mediante ese tipo de acuerdos, se busca fomentar el consumo de la producción nacional en el marco de la reactivación económica del país que encara el Gobierno del presidente Luis Arce.

“(¿Cómo empresa del Estado) qué estamos haciendo nosotros?, estamos en las tiendas Emapa primero (para) ayudarles a comercializar (sus productos) a nuestros hermanos pequeños productores", enfatizó Flores.  

En mayo del presente año, la empresa estatal convocó a las compañías privadas y públicas a que hagan llegar sus propuestas comerciales para que sean parte del portafolio de proveedores de productos de industria nacional.

"Una de las políticas principales de Emapa es apoyar al desarrollo de las compañías micro, pequeñas, medianas y grandes, tanto del sector público como del privado", señaló la firma que en la actualidad depende del Ministerio de Desarrollo Productivo y Economía Plural (MDPyEP).

El diputado Omar Yujra, presidente de la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas de la Cámara Baja, explicó que el régimen de facto de Jeanine Áñez permitió el desembolso del crédito del  Fondo Monetario Internacional (FMI) sin autorización de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), situación que fue al margen de la norma jurídica.

El legislador fue entrevistado este martes en el programa 180, de radio Patria Nueva, respecto a las reacciones de sectores opositores que quieren hacer creer que la justicia persigue a exautoridades de Jeanine Áñez por razones políticas.

El lunes, la Fiscalía ordenó la aprehensión del exviceministro del Tesoro y Crédito Público, Carlos Schlink, por el caso del crédito ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) realizado en la gestión de Jeanine Añez.

Al respecto, Yujra explicó que el dinero del crédito otorgado por el FMI fue depositado en el mes de abril sin la promulgación de una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional, como establece la Constitución Política del Estado, convirtiéndose en ilegal.

Detalló que este crédito fue desembolsado sin tener las condiciones financieras, técnicas, ni jurídicas, pero cuenta con un contrato condicionado por el FMI que establece devaluar la moneda, disminuir el déficit y compromete gastos de las gestiones 2020-2021-2022 y 2023.

Señaló que el exministro José Luis Parada se comprometió a remitir la documentación para fundamentar el crédito, pero su viceministro Carlos Schlink "se salió por la tangente" y entregó un informe de tres hojas sin sustento ni documentación para la habilitación del crédito.

Semanas atrás, la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia envió a la Asamblea Legislativa Plurinacional los requerimientos acusatorios contra Añez Chávez y contra sus excolaboradores, para juicios de responsabilidades por los casos Fundempresa, crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) y violación a la libertad de expresión.

El caso del FMI involucra a Áñez, José Luis Parada Rivero, exministro de Economía y Finanzas Públicas y a Guillermo Aponte Reyes Ortiz, expresidente Ejecutivo del Banco Central de Bolivia.

Añez, Parada y Aponte fueron acusados por Resoluciones Contrarias a la Constitución y Conducta Antieconómica, cuando de manera ilegal y sin autorización de la ALP, a través del Decreto Supremo 4277 de 26 de junio de 2020, se dispuso la transferencia de recursos a través del IFR, para hacer efectivo el crédito de Bs 2.244.356.358,48 ante el FMI. Ese proceso generó desde el mes de abril, un daño patrimonial al Estado por cobro de intereses cuyo monto final asumido por el Estado ascendió a $us 24,3 millones, indica un reporte de prensa del Ministerio de Justicia.