La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) y la Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (Ajam) firmaron este martes un convenio de cooperación interinstitucional que permitirá establecer mecanismos de coordinación, cooperación y apoyo técnico entre ambas entidades.
Según un boletín, el convenio fue suscrito por la directora ejecutiva nacional de la Ajam, Brenda Lafuente y la directora general ejecutiva de la UIF, Ana María Morales.
Lafuente señaló que el convenio tiene como objeto poner en vigencia mecanismos de coordinación, cooperación y apoyo técnico entre ambas instituciones, para garantizar el acceso de información que brindará la AJAM a la UIF a través de servicios y/o herramientas de interconexión, que permitirá lograr la mayor efectividad en la prevención y lucha contra la minería ilegal vinculada a la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo.
“La coordinación entre instituciones parte de la premisa del mandato de nuestro presidente del Estado Plurinacional de Bolivia (Luis Arce) de luchar contra la corrupción, la minería ilegal, entre otros y es por eso que hoy les damos la bienvenida y manifestamos nuestra alegría al poder coordinar temas de cooperación interinstitucional en beneficio de nuestro Estado”, dijo.
Por su parte, la Directora de la UIF indicó que el tráfico ilegal en el ámbito de la minería se constituye en un riesgo para el cual se debe trabajar, gestionar e implementar medidas de mitigación.
“La UIF tiene como fin realizar la investigación de cualquier patrimonio que tenga un origen vinculado a delitos tales como la corrupción, el narcotráfico, la trata de personas, la minería ilegal entre otros (…), por lo que agradezco y felicito el impulso a este convenio”, indicó Morales.
La AJAM es la responsable de dirigir, administrar, controlar supervisar y fiscalizar las actividades de la minería en el territorio boliviano. Por su lado, la UIF es la encargada de las investigaciones financieras de delitos de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo, así como la regulación preventiva contra esos delitos en las actividades económicas.
