Oruro, 10 de abril de 2025 (ABI). – La Autoridad Jurisdiccional Administrativa Minera (AJAM) anunció este jueves que coadyuva con las investigaciones por la presunta destrucción o deterioro de bienes del Estado y riqueza nacional, además de explotación ilegal de recursos minerales en el cerro San Felipe, de Oruro.
“La denuncia penal interpuesta por el Gobierno Autónomo Municipal de Oruro, ante la Fiscalía Departamental de Oruro, por la presunta comisión de los delitos de Destrucción o Deterioro de Bienes del Estado y la Riqueza Nacional, y Explotación Ilegal de Recursos Minerales en el cerro San Felipe, la Dirección Departamental Oruro de la AJAM se ha apersonado en calidad de víctima, en representación del Estado boliviano y coadyuva con las investigaciones correspondientes en relación al delito de explotación minera ilegal”, indica un reporte de la entidad.
Asimismo, la AJAM aclaró que en el cerro San Felipe existe un derecho minero otorgado por la ex Superintendencia Departamental de Minas – Oruro, de 1999, el cual está sujeto al proceso de adecuación a la normativa legal vigente, conforme a lo establecido en la Ley 535 de Minería y Metalurgia, proceso en el que se emitió la Resolución Administrativa AJAMD-OR/DD/RED-ADM/13/2025 denegando dicho proceso de adecuación y revirtiendo el derecho minero a dominio originario del Estado.
“Por otra parte, señalar que la Autoridad Minera no tiene competencia para la otorgación de permisos ambientales, conforme al Artículo 56 de la Ley 535, que dispone el control y fiscalización en materia ambiental, que corresponde exclusivamente a las autoridades ambientales competentes, por lo que no tiene asidero legal las declaraciones de algunas autoridades del Gobierno Autónomo Municipal de Oruro”, remarcó la AJAM.
La entidad reiteró que tiene la predisposición de coordinar y cooperar con los gobiernos municipales en el cumplimiento del numeral 15 del Artículo 302 de la Constitución Política del Estado y la Ley 482, que determinan que la preservación del patrimonio natural municipal, es atribución de los gobiernos autónomos municipales.
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