La Paz, 21 de agosto de 2023 (ABI).- La Ley 393 de Servicios Financieros (LSF), que cumple 10 años de vigencia desde su promulgación el 21 de agosto de 2013, se constituyó en un pilar fundamental para mantener y consolidar un sistema financiero sólido, solvente e inclusivo.
La ley tiene por objeto regular las actividades de intermediación financiera y la prestación de los servicios financieros, para la reducción de la desigualdad social y la pobreza, a través de la inclusión financiera y la universalización de los servicios, sin dejar de lado el enfoque de gestión integral de riesgos velando por la permanente estabilidad y solvencia del sistema financiero nacional, informó la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI).
“La Ley de Servicios Financieros sentó las bases para garantizar y defender los derechos de los consumidores financieros, a través de la creación de la Defensoría del Consumidor Financiero, permitiendo el acceso y transparencia de la información, y la prohibición de realizar prácticas discriminatorias, abusivas o restrictivas”, destaca la entidad.
A partir de su promulgación e implementación se destaca la fijación de tasas de interés que las Entidades de Intermediación Financiera (EIF) deben pagar a sus ahorristas, estableciendo un mínimo para cajas de ahorros en moneda nacional de 2% y de 4% o más para Depósitos a Plazo Fijo (DPF) con plazos superiores a 361 días.
Permitió el establecimiento del régimen de tasas de interés reguladas priorizando el acceso a vivienda propia a las familias de los sectores menos favorecidos de la población, así como asignando recursos en los segmentos de la micro, pequeña y mediana empresa urbana y rural, artesanos y organizaciones económicas comunitarias.
Establece también la función social de los servicios financieros mediante la utilización de un porcentaje de las utilidades para la creación de fondos de garantía que permiten la estructuración e implementación de mecanismos que garantizan de forma total o parcial créditos para sectores priorizados.
Por otra parte, las entidades financieras desarrollaron programas y campañas de educación financiera sobre los diferentes servicios que prestan, generando conocimiento en los consumidores, coadyuvando de esta manera a la protección de sus derechos y promoviendo la inclusión financiera para acceder a productos y servicios adecuados.
La Ley de Servicios Financieros sustituye a la Ley de Bancos y Entidades Financieras implantada por gobiernos neoliberales e impulsaba la política de libre oferta y demanda promovida por el Decreto Supremo 21060.
La nueva ley centra su contenido en la defensa del consumidor financiero y establece que estos deben recibir servicios financieros de calidad y trato digno.
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