La Paz, 17 de mayo de 2023 (ABI).- Sectores productivos, de servicios y transporte coincidieron en respaldar los decretos 4910 y 4911 que garantiza el “normal” abastecimiento de combustibles y fortalecen la lucha contra el contrabando de carburantes.
El Ministerio de Hidrocarburos de Energías, en coordinación con Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), encara una masiva campaña de socialización con sectores empresariales productivos (grandes, medianos y pequeños), de servicios de transporte y organizaciones campesinas y sociales para explicar los alcances de los decretos.
Se reunieron con productores del Norte Integrado de Santa Cruz, en el municipio de San Pedro, y con la dirigencia de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz (FSUTC – SC).
Asimismo, los encuentros se extendieron a sectores mineros de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas de Bolivia (Fecmabol), de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferreco) de La Paz, de la Federación de Cooperativas Mineras Auríferas del Norte de La Paz (Fecoman), de la Federación Regional de Cooperativas Mineras Auríferas (Ferrecomin), y de la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Combustibles.
A nivel de gremios privados, se efectuaron reuniones con representantes de la Asociación de Productores de Oleaginosas y Trigo (Anapo), de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO), de la Federación de Ganaderos de Santa Cruz (Fegasacruz) y de la Asociación de Productores de Maíz y Sorgo (Promasor), entre otras entidades vinculadas a la actividad productiva, según un reporte de la cartera de Estado.
Transportistas y productores del departamento de Cochabamba también escucharon la explicación y los alcances de los decretos 4910 y 4911.
La Central Obrera Boliviana (COB) también fue informada en mesas de trabajo, y se atendió a plenitud el pliego petitorio de esa organización.
La campaña de socialización abarcó a empresarios, pequeños productores, organizaciones campesinas, universidades y sectores del transporte público urbano, interprovincial e interdepartamental en todos los departamentos del país.
Durante los encuentros, el Gobierno aclaró que el límite de los 120 litros de combustibles —que establece el decreto 4910— es para aquellas personas que compran diésel y gasolina en bidones y que trabajan en actividades de servicios (artesanos, pintores, mecánicos, chapistas, entre otros) y no así para quienes desarrollan actividades económicas productivas (agrícola y pecuaria), que requieren los carburantes en mayores volúmenes.
Los decretos fueron aprobados por el Gobierno en abril, para reforzar los controles de venta de carburantes y recuperar alrededor de 250 millones de litros de diésel y gasolina que se desvían a actividades ilícitas como el narcotráfico, la minería ilegal o el contrabando, para luego entregarlo al sector productivo.
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