El presidente ejecutivo de la Corporación Minera de Bolivia (Comibol), Eugenio Mendoza, suscribió este miércoles tres contratos mineros con las cooperativas Siporo S.R.L. de Potosí, Turrini Unificada R.L. y la Central de Cooperativas Mineras de Caracoles de La Paz para darle legalidad y seguridad jurídica al trabajo que realizan en áreas ya establecidas.

Los contratos con las cooperativas Siporo y Turrini Unificada tienen vigencia de 15 años y de cinco con la Central de Cooperativas Mineras de Caracoles, por tratarse de una adenda al contrato de arrendamiento del Ingenio Molinos de Caracoles.

“En este tiempo, estas organizaciones mineras podrán trabajar con todas las garantías jurídicas y legales que otorga el Estado, pero cumpliendo con el cuidado del medio ambiente. Nosotros estamos prestos a apoyarlos en la parte técnica, siempre y cuando lo requieran”, dijo en la oportunidad el titular de Comibol.

Informó que actualmente se tienen alrededor de 40 nuevos contratos de estas características, de los cuales se despacharon seis y 87 contratos de adecuación que están en proceso de firma.

Los representantes de las cooperativas beneficiadas expresaron su agradecimiento y mencionaron que ahora, con estos contratos, podrán desarrollar sus actividades con todas las garantías y obligaciones que establece la ley.

El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, aclaró este miércoles que el proyecto de Ley N° 218/2020-2021, “Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, Financiamiento al  Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o no Convencionales”, no afecta al sector gremial, choferes del transporte libre y sindical, comerciantes de carne, periodistas y otros sectores de la actividad económica.

“La propuesta de este proyecto de Ley no afectará a gremiales, ni a periodistas porque lo que pretende esta norma es compilar de forma coherente y ordenada lo que ya está dispuesto en varias leyes”, aclaró, de acuerdo con un boletín institucional.

Según ese reporte, algunos partidos de oposición como Comunidad Ciudadana (CC) y Creemos malinterpretaron el proyecto de ley mencionado sin ningún fundamento técnico, lo cual generó confusión en diversos sectores económicos y organizaciones sociales.

“La oposición, los diputados de Comunidad Ciudadana y Creemos están aduciendo a falsas interpretaciones de lo que es la ley”, lamentó.

El artículo 11 del proyecto normativo establece que los “sujetos obligados” a informar algún movimiento sospechoso e irregular deben reportar a la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) estos hechos que no presentan ningún respaldo técnico y económico.

Los “sujetos obligados” están contemplados a las siguientes entidades: bancos, cooperativas de ahorro y crédito, instituciones financieras de desarrollo, entidades financieras de vivienda, entidades de arrendamiento financiero, almacenes generales de depósitos, casas de cambio, remesadoras de dinero, compañías de seguro, corredores de seguro, agencias de bolsa, sociedades administradoras de fondos de inversión, empresas transportadoras de dinero y/o valores, entidades de titularización del mercado de valores, burós de información crediticia, notarios de fe pública, juegos de azar y casino.

“Los gremiales no tienen que tener ningún temor porque en ninguna parte de la normativa se estipula que, a alguien, de la noche a la mañana, se le ocurra entrar a una cuenta bancaria de un comerciante”, enfatizó.

Para iniciar una investigación debe haber previamente un movimiento económico sospechoso y sin ninguna justificación, “la UIF no se va a poner a investigar todos los días las cuentas, eso es imposible”, sostuvo.

Explicó que las personas que intentan legitimar sus ganancias ilícitas, aparecen, de la noche a la mañana, como dueños de grandes hoteles, con inversiones gigantescas y no tienen cómo justificar ese incremento sustancial de capital económico. En esos casos, recién se realizan las investigaciones de rigor.

“Las entidades bancarias cuando ven una operación sospechosa reportan a la UIF, cuando se verifica un movimiento económico inusual se hacen las investigaciones con base al proceso de rigor y se realiza un proceso judicial, no es que la UIF decide quién es culpable”, aclaró.

(Foto: Quantum Motors)

El gerente de Marketing de la empresa cochabambina Quantum Motors, Marcelo Durán, afirmó que las electrolineras, instaladas en el país por entidades privadas y estatales, son un estímulo para que la gente adquiera autos y motos eléctricas.

“Han visto que este es un tema que está empezando a surgir y se necesita reglamentar ahora el punto de carga (implementado) por privados o por el Estado; entonces, en esa figura, nosotros obviamente estamos contentos porque es un estímulo a los clientes”, dijo a ABI.

Destacó la aprobación de los reglamentos del Decreto Supremo (DS) 4539 (de incentivos tributarios y financieros para la mejora del medio ambiente, el ahorro y eficiencia energética) y la inauguración de la primera electrolinera de la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) en la ciudad de Santa Cruz.

“(Nuestros clientes) antes nos decían a nosotros: ‘pongan punto de carga’, pero nosotros les decíamos: ‘es que no es nuestro trabajo’, y que ENDE lo esté haciendo ahora me parece fabuloso, porque para el año ya vamos a ver a la gente cargando probablemente con servicios adicionales”, señaló.

Según Durán, el hecho de instalar electrolineras en el país, significa crear un ecosistema, en el que las empresas, universidades y otras entidades se movilicen con energía eléctrica, para coadyuvar al cuidado del medio ambiente.

De acuerdo con los datos de Quantum, con la implementación de la electromovilidad en el país, se instalaron hasta el momento nueve puntos de carga eléctrica en los departamentos de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, de los cuales ocho son privados y uno es público.

El lunes, el presidente ejecutivo de ENDE, Marco Escobar, informó que esta empresa estatal instalará 11 electrolineras en el eje troncal del país para la recarga de autos eléctricos en el marco del DS N° 4539.

El Centro Internacional de la Quinua (CIQ), a través de su director General, Jesús Equise, participa de la reunión de intercambio de experiencias entre diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador.

“Con el objetivo de articular acciones, estamos retomando este proceso de internacionalización del Centro Internacional de la Quinua que se había iniciado el 2015, y nosotros queremos retomar con el hermano país de Ecuador y para eso coordinamos la visita de intercambio de experiencias y reuniones de asistencia técnica internacional”, dijo en su exposición, trasmitida por su página institucional.

La actividad se desarrolla desde ayer martes en ambientes de la Estación Experimental Santa Catalina del Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) Mejía, Pichincha, en Quito, Ecuador.

También se desarrollan otras reuniones de intercambio de experiencias entre diferentes dependencias del Ministerio de Agricultura y Ganadería de Ecuador, agregó.

Destacó que su objetivo institucional es consolidar las “acciones para el proceso de internacionalización del Centro Internacional de la Quinua en Bolivia y la generación de actividades de asistencia técnica internacional”.

Recodó que el CIQ se creó el 2013, precedido por la declaratoria del Año Internacional de la Quinua que fue ese mismo año, con el objetivo de consolidar una entidad de carácter internacional, que vele por el desarrollo económico justo, solidario en el cultivo y consumo de la Quinua mediante la investigación, innovación especializada y asistencia técnica.

Actualmente el CIQ tiene como base el departamento de Oruro, donde cuenta con un área de más de 90 hectáreas. El Estado está gestionando $us 19 millones para implementar un proyecto de construcción de una infraestructura y equipamiento para la investigación de alta generación en el cultivo de la quinua, complementó.