El ministro de Educación, Adrián Quelca, informó este jueves que participó en el conversatorio virtual “La educación es mi derecho”, que estuvo destinado a conocer las experiencias pedagógicas de los estudiantes de las 36 naciones indígenas del Estado Plurinacional de Bolivia durante la pandemia del COVID-19.

“El conversatorio de hoy es dirigido a escuchar a todas las niñas y niños, porque escuchar es el primer orden en el proceso de enseñanza aprendizaje. Sólo así podremos compartir objetivos comunes para una construcción conjunta considerando que todos somos iguales”, dijo, citado en una nota de prensa institucional.

El evento se desarrolló por medio de un espacio virtual para la participación de los estudiantes de los pueblos Ayoreo, Baure, Guarayo, Uru, Maropa, Itonama, Movima, Cayubaba, Quechua, Mojeño Ingnaciano, Afroboliviano, Machajullay Kallawaya, Sirionó, Mojeño Trinitario, Tapiete, Aymara y Chiquitano.

Además de alumnos de comunidades Weenhayek, Tacana, Joaquiniano, Yuki, Chacobo, Ese Ejja, Cavineño, Machenarí, Yaminahua, Yurakaré, Canichana, Leco, Tsimané, Araona, More y Pachahuara, indica el informe.

También participaron representantes de la Unión de Niños y Niñas Trabajadores de Bolivia (Unatbo) y el Centro de Apoyo Pedagógico -Hospitalario.

Los estudiantes compartieron sus experiencias sobre qué aprendieron en la escuela durante la pandemia del COVID-19, qué es lo que más extrañan de las clases presenciales, cómo fueron sus clases el año pasado y cómo les gustaría aprender en la escuela, entre otras.

Los relatos fueron escuchados por varias autoridades educativas, entre ellas el Ministro de Educación.

Durante el evento, Quelca recordó que la Ley 070, que establece el modelo comunitario socio productivo, reconoce a la educación gratuita integral e intercultural como un derecho fundamental.

"Hubo seis fallecidos, bastantes heridos, detenidos, presos y torturados" en la zona Sur de La Paz los días 10, 11 y 12 de noviembre de 2019 durante el golpe de Estado, denunció Frida Conde, este viernes en el programa Somos Democracia, una alianza de medios estatales que se difunde por Bolivia Tv.

La entrevistada es presidenta de la Asociación de Víctimas de la Zona Sur, una organización que se fundó el 3 de febrero de 2020 con la finalidad de investigar y encontrar justicia para las personas afectadas en La Paz durante el golpe de Estado de finales de 2019.

Relató que en su condición de presidenta de la Asociación de Víctimas de la Zona Sur fue testigo de cómo muchas familias vendieron sus autos, casas y otros bienes para que los presos políticos obtengan su libertad.  

Las indagaciones y la búsqueda de justicia para las víctimas y sus familiares ahora avanzan con la colaboración de abogados voluntarios, en relación al año pasado, cuando muchos de estos profesionales no se animaban a coadyuvar en este caso por temor a represalias por el gobierno de facto.

"Hemos buscado abogados para realizar las investigaciones, pero no querían ayudarnos porque tenían miedo a que el gobierno de transición tome represión hacia ellos", remarcó y agregó que los profesionales que querían llevar adelante este caso pedían entre Bs 35.000 y Bs 50.000 de comisión.

Olmer Torrejón, profesional voluntario en las investigaciones de las represiones en la zona Sur de La Paz, manifestó que la vulneración de los derechos de las víctimas en esta región del país, Senkata (El Alto) y Sacaba (Cochabamba), no debe quedar en la impunidad. 

"Los derechos humanos han sido vulnerados en una situación de acción de alta violencia (…), pero, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de alta violencia?, a violencia colectiva, violencia civil y violencia política", lamentó el voluntario.

Las autoridades del Ministerio de Salud y Deportes y los dirigentes de la Comisión Social de la Central Obrera Boliviana (COB) concretaron 23 acuerdos tras cuatro días de reuniones y análisis que se extendieron por tiempo y materia, informó este jueves el viceministro de Gestión del Sistema Sanitario, Álvaro Terrazas. 

“Se alcanzaron 23 acuerdos en dos mesas de trabajo. Una vinculada a los seguros de salud a corto plazo y otra al Ministerio de Salud”, manifestó en una conferencia de prensa.

Según Terrazas, los convenios tienen relación a los temas de accesibilidad equitativa a las vacunas contra la COVID-19, la horizontalidad en la regionalización de los productos de la lactancia materna y la celeridad en la ejecución de una ley de prioridades que quedó pendiente durante el régimen de Jeanine Áñez, entre otros.

Por su parte, el secretario de Seguridad Social de la COB, Boris Villa, explicó que entre las temáticas consideradas están también algunas relacionadas con la sostenibilidad del Sistema Único de Salud para la población laboral que no cuenta con un seguro.

Asimismo, reveló que se analizó el caso del subsidio de lactancia que es una conquista de los trabajadores y la situación de la seguridad social.

“La Comisión Social está complacida por el trabajo que ha realizado, evidentemente hay tareas que se estarán dando pos 1 de mayo y ésas mismas se van a ir trabajando con plazos establecidos y fechas delineadas”, aseveró.

El dirigente agregó que quedaron pendientes algunos temas que serán puestos a consulta, debate y análisis con el presidente Luis Arce.

El embajador de Rusia, Mijaíl Ledeniov, informó que el Estado Plurinacional de Bolivia comenzó las gestiones para fabricar la nueva vacuna denominada Sputnik Light contra el COVID-19.

Sputnik Light es el primer componente de la vacuna Sputnik V. Tiene la ventaja de ser efectiva con una sola dosis. Permite reducir el riesgo de contagiarse con la infección hasta en un 50%.

“Sé que hay unos proyectos acerca de la producción aquí en Bolivia, por empresarios locales junto con el Ministerio de Salud y Deportes, de una nueva vacuna rusa que se llama Sputnik Light”, dijo Ledeniov en entrevista con la red ATB.

Según la agencia de noticias Sputnik, la eventual producción local de la vacuna rusa seguiría a la recién iniciada fabricación de Avifavir, un medicamento también producido en la nación euroasiática contra el COVID-19 que el laboratorio boliviano Sigma pretende hacer llegar a varios países latinoamericanos.

“Si estos planes se cumplen, creo que Bolivia va a estar entre los primeros en introducir esta nueva vacuna del mismo laboratorio ruso (Gamaleya), de calidad probada. Es un proyecto interesante que está en su fase inicial”, dijo el embajador ruso Mijaíl Ledeniov.

Hasta la fecha, en Bolivia se aplica la vacuna Sputnik V, registrada en 60 países a nivel mundial con una población total de 3.000 millones de personas. La eficacia es del 97,6%, según el análisis de los datos sobre la tasa de infección por COVID-19 entre los vacunados en Rusia con ambas dosis desde el 5 de diciembre de 2020 hasta el 31 de marzo de 2021.