El canciller del Estado, Rogelio Mayta, aseguró este domingo que el paro cívico, convocado por la gobernación de Santa Cruz y el Comité Cívico, no tiene ninguna reivindicación social más que la impunidad de los responsables del golpe de Estado de noviembre de 2019, que desembocó en la masacre de 38 bolivianos en Senkata y Sacaba.

“Las personas que han masacrado, los responsables de que se haya roto el orden institucional de repente ahora, hechos a los angelitos, sin defensa legal posible a lo que recurren es a operaciones políticas, ese es el paro que están tratando de llevar adelante, que es un paro que no tiene ninguna reivindicación social por detrás, que grita los cuatro vientos que quiere impunidad, que después de haber cometido delitos no quieren que se les investigue, que se les procese”, aseveró.

La autoridad, entrevistada en el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv, indicó que ante ese tipo de ataques el pueblo responde con hechos constructivos, como las propuestas de reactivación de la economía del país.

“El mal gobierno de Jeanine Áñez y la pandemia han debilitado nuestra economía, y esa es la preocupación de la gente, no un paro que va a significar más de 100 millones de dólares de pérdidas”, enfatizó.

El paro cívico convocado por el gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, se llevará a cabo el lunes 11 de octubre.

Según estimaciones, se generará una pérdida económica de Bs 6 millones solo en el sector aéreo y transporte terrestre. Mientras que, a nivel general, en un solo día de paro Santa Cruz perderá más de $us 32 millones y a nivel nacional $us 112 millones.

El canciller del Estado, Rogelio Mayta, pidió este domingo que los opositores políticos no solo reclamen por derechos humanos de la exmandataria de facto, Jeanine Áñez, sino también por las víctimas de las masacres de Senkata y Sacaba, ocurridas tras el golpe de Estado de noviembre de 2019.

“Para ellos esas bolivianas y bolivianos no valen nada que Jeanine Äñez esté detenida por los crímenes que cometió ¿vale más que la vida de los bolivianos? Es inadmisible. Si quieren reclamar por Jeanine Áñez que lo hagan, pero también tienen que hacerlo por las víctimas de las masacres y que dejen de estar tratando de obstaculizar los procesos judiciales”, indicó en el programa “Las 7 en el 7” de Bolivia Tv.

La autoridad sostuvo que el discurso del respeto a los derechos humanos no existía cuando se aprobaron decretos supremos que viabilizaron las masacres de Sacaba y Senkata.

“Esto nos muestra la doble moral de muchos políticos de oposición, ellos se rasgan las vestiduras al decir que se han vulnerado los derechos humanos de Jeanine Áñez”, remarcó.

Mayta señaló que las masacres no pueden quedar sin sanción y quienes tengan convicción de la defensa de los derechos humanos tienen que viabilizar el juicio de responsabilidades en su contra y no dar más pretextos.

“Ella no ha jalado el gatillo, probablemente no tiene pólvora en sus manos, pero sí tiene sangre porque emitió un Decreto Supremo que permitió que se reprima militarmente a la población y que exoneraba de responsabilidad a los militares”, recordó.

Asimismo, dijo que Áñez sigue siendo instrumentalizada, ya que la instrumentalizaron para ser presidenta y fueron otros los que gobernaron, aunque ella terminó firmando documentos que determinan su responsabilidad.

Recordó que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) establece que hubo graves violaciones de derechos humanos en la crisis política de 2019 y que el gobierno de Áñez autorizó que militares disparen en contra de la población, aspecto que complicó la situación de Áñez.

Además, señaló que tras su autolesión se trató de generar toda una campaña nacional e internacional por parte de la oposición, que creó una falsa historia en la que los malos de la película eran los operadores de justicia y que en ningún momento se vulneraron sus derechos humanos.

“A Jeanine Áñez se la ha detenido porque estaba intentando escapar de la justicia, esa detención es realizada de acuerdo a los estándares nacionales e internacionales, no hay violación de derechos humanos, se la detiene legal y legítimamente”, aseveró.

Asimismo, indicó que ella cuenta con ciertos privilegios dentro del penal de Miraflores de la ciudad de La Paz, al extremo que causó protestas y molestia en los demás detenidos.

El Ministerio de Salud y Deportes informó que hasta este sábado 3.472.751 personas ya fueron inmunizadas con las primeras dosis de las vacunas contra el COVID-19; 2.587.916 recibieron las segundas dosis; y 894.853 recibieron la unidosis de Janssen.

Según el reporte, Santa Cruz es el departamento con la mayor cantidad de beneficiarios de la primera dosis, habiendo alcanzado esta jornada los 1.021.261 inmunizados; 703.448 con la segunda dosis; y 318.002 con unidosis.

La Paz registra 830.448 inmunizados con la primera dosis, 610.159 con la segunda y 231.901 con unidosis; Cochabamba 622.154 con la primera dosis, 491.508 con la segunda y 161.518 con unidosis.

Tarija presenta 233.981 personas vacunadas con la primera dosis, 195.546 con la segunda dosis y 33.948 con unidosis; Chuquisaca con 210.644 con primeras dosis, 168.256 con segundas dosis y 34.877 con unidosis; Potosí tiene 191.093 personas vacunadas con primeras dosis, 145.997 con segundas dosis y 72.085 con unidosis.

Oruro cuenta con 177.366 personas con primeras dosis, 143.243 con segundas dosis y 32.187 con unidosis; Beni con 136.085 personas inmunizadas con las primeras dosis, 94.893 con segundas dosis y 10.335 con unidosis; y Pando 49.719 primeras dosis y 34.886 con las segundas dosis.

(Foto: RRSS)

El presidente del Estado Plurinacional, Luis Arce Catacora, instruyó este sábado el esclarecimiento del accidente de una aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (FAB), en Riberalta (Beni) que dejó como saldo la muerte de seis personas, dos militares y cuatros civiles que pertenecían al área de salud.

“Estamos consternados por el accidente aéreo acaecido en Pando, en el que seis personas perdieron la vida. Hemos instruido a las instancias correspondientes el esclarecimiento de las causas del siniestro. Expresamos nuestro sentido pésame a las familias de las víctimas”, escribió el primer mandatario en su cuenta de Twitter.

La FAB informó que el accidente sucedió cerca de las 08.50 cuando la aeronave Cessna C-206 matrícula FAB-320, asignada al Grupo Aéreo "62" de Riberalta, realizaba un vuelo de apoyo a profesionales en el área de salud que tenían que constituirse “con urgencia” en la ciudad de Cobija (Pando) para abordar un vuelo comercial de conexión.

Anunció que la Junta Investigadora de Accidentes Aeronáuticos ya indaga las causas del mismo.

Según el reporte preliminar, la aeronave sufrió el trágico accidente minutos después de despegar, en inmediaciones de Agua Dulce, a 15 kilómetros de Riberalta, donde perdieron la vida los dos tripulantes de la FAB y los cuatro pasajeros funcionarios del Ministerio de Salud.

La responsable de Control de Vectores, Carla Romero Pérez; el doctor del Instituto Nacional de Laboratorios de Salud (Inlasa), José Jorge Aruni; la técnica de Inlasa, Erika Mercado; y el técnico también de Inlasa, Walter Delgado, perdieron la vida en el accidente. Asimismo, falleció el capitán Freddy Suárez Téllez, y el teniente Jhon Clinton Mariaca.