La ministra de Planificación del Desarrollo, Gabriela Mendoza, informó que el nivel de ejecución en materia de inversión pública alcanzó hasta agosto de este año a más de $us 1.400 millones a nivel nacional, lo cual incentiva a la reactivación económica.

“Hasta el mes de agosto se ejecutaron más de 1.400 millones de dólares en materia de inversión pública a nivel nacional y contribuye a la reactivación económica con obras de impacto”, dijo la autoridad.

En esa línea, dio a conocer que se recibieron varias solicitudes por parte de gobiernos regionales (departamentales y municipales) para reactivar proyectos de inversión pública que fueron paralizados durante el gobierno de facto de Jeanine Áñez, en el marco de la constitución del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (Farip), que dispone de Bs 2.000 millones.

“En este momento ya se ha remitido toda esa información por parte del Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo al Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que es el encargado de encaminar el Farip”, mencionó Mendoza.

Según información brindada por el Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), entre las condiciones de financiamiento del Farip se tiene una tasa de interés de 2% anual y un plazo para la devolución de los recursos de hasta 18 años, incluido un periodo de gracia de dos años.

Podrán acceder al Farip los gobiernos autónomos departamentales, gobiernos autónomos municipales, gobiernos autónomos regionales y gobiernos autónomos indígena originario campesinos deberán enviar al Viceministerio de Inversión Pública y Financiamiento Externo (VIPFE) sus solicitudes.

El VIPFE priorizará los proyectos y enviará la lista al FNDR, instancia que solicitará a las Entidades Territoriales Autónomas (ETAs) la presentación de tres requisitos: una carta de solicitud de financiamiento; resolución del Concejo Municipal o de la Asamblea Legislativa Departamental que autoriza y/u homologa la firma del contrato de financiamiento, y el registro de inicio de operaciones de crédito público.

Verificada la documentación, las solicitudes pasarán a consideración del Comité de Financiamiento del FNDR para su aprobación y posterior firma de contrato, para luego ir a la fase de ejecución de los recursos, que deben ser solicitados por los sujetos de financiamiento de acuerdo a lo establecido en el reglamento operativo.

Posteriormente, el FNDR gestionará ante los ministerios de Planificación del Desarrollo y de Economía y Finanzas Públicas la modificación presupuestaria y la transmisión efectiva de recursos para proceder a desembolsar los fondos solicitados, vía Sigep, a cuentas de las empresas adjudicadas.

“En esa línea, el FNDR no solo está solicitando la documentación necesaria a los distintos gobiernos regionales, sino que está haciendo las gestiones lo más rápido posible para revertir la paralización de obras, que son principalmente con contraparte departamental y municipal”, refirió la autoridad.

El Farip fue creado mediante Ley N° 1389 con recursos provenientes del Tesoro General de la Nación (TGN), los mismos que por encargo del Ministerio de Planificación del Desarrollo, en su calidad de fideicomitente, serán administrados por el FNDR como fiduciario.

Según el Decreto Supremo N° 4575, los recursos de ese fideicomiso serán destinados a financiar las contrapartes locales de proyectos de inversión pública que cuenten con financiamiento externo y/o interno, que sean ejecutado de forma concurrente con el nivel central del Estado.

El ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Mayta, señaló este sábado que el principal compromiso del Gobierno nacional es trabajo, tras concluir la Cumbre Económica y Productiva en el departamento de La Paz.

"Lo único que podemos comprometer acá, es lo que el presidente (Luis) Arce ha comprometido en su campaña y ha estado cumpliendo durante todos estos meses de gobierno, trabajo. Lo que ustedes han construido acá con esfuerzo, nosotros lo vamos a retribuir con trabajo, siete días a la semana, todas las horas que aguantemos en el día, ese es nuestro compromiso", indicó.

Durante los dos días de trabajo, se conformaron diversas mesas que abordaron temas productivos, agropecuarios, salud, educación, empleo, turismo, minería, entre otros.

La mesa de Industrialización de la producción agropecuaria, propuso incrementar la industria de carne de camélidos, pescado y leche, además de promover su exportación y consumo. Asimismo, incentivar la producción de fierro para la construcción.

La mesa de electricidad propuso la construcción del proyecto hidroeléctrico Miguillas, la reorientación de la exploración de hidrocarburos. Además de la reestructuración de la empresa de energía y el estudio de construcción de la planta hidroeléctrica en la Cordillera de Los Andes.

La mesa de turismo y cultura instó a la revalorización y promoción de la medicina tradicional y la alimentación ancestral de los pueblos, además de plantear el desarrollo en el manejo y promoción turística en redes sociales y la implementación de rutas y corredores turísticos.

La mesa de créditos para la producción sugirió la difusión especial de las condiciones de créditos para el área rural, la digitalización de los créditos productivos SIBOLIVIA, e implementar mecanismos de control de plazos para la otorgación de los mismos y apoyar en la definición de mecanismos de asistencia técnica internacional para productores del área rural, entre otros.

La mesa de Minería sugirió promover incentivos en las nuevas áreas de trabajo, capacitación en innovación de tecnologías más limpias para la recuperación de mineral aurífero. Oportunidades en minería para mujeres y la prevención y control ambiental, entre otros.

La mesa de salud planteó fortalecer la promoción y prevención de enfermedades, mejorar la calidad de medicamentos e insumos, fortalecimiento de infraestructura en salud, dotación de recursos humanos, construcción de una fábrica de medicamentos, alimentación sana y saludable.

La mesa de educación sugirió la modernización de la infraestructura educativa, ciencia y tecnología científica a nivel nacional, impulsar la adecuación y transitabilidad en la educación técnica tecnológica productiva.

La mesa de empleo planteó fomentar la cultura de los jóvenes urbanos para el empleo, incorporación y renovación de profesionales por méritos en instituciones públicas y privadas, y la creación de un Puerto Seco en la ciudad de El Alto. Además de la implementación de una política integral de fortalecimiento a la producción agrícola en las 20 provincias.

"Las aspiraciones del departamento de La Paz las estamos recibiendo, vamos a transmitirlas a nuestro Presidente (Luis Arce) para que puedan formar parte del cuerpo de las conclusiones de la Cumbre Nacional, porque se ha venido trabajando con todos los departamentos, no podemos decir mucho, porque no nos toca decir mucho, hoy día hemos venido a escuchar y hemos estado escuchando", resaltó Mayta.

Tras las limitaciones surgidas por la pandemia y la crisis política en 2020, Bolivia recuperó e intensificó las exportaciones e importaciones por el puerto peruano de Ilo que, a septiembre de este año, se incrementó en un 207%, en comparación con similar periodo del año pasado, según datos de la estatal Administración de Servicios Portuarios (ASP-B).

“Por ese puerto peruano la ASP-B movilizó 63.594 toneladas de carga entre enero y septiembre de 2021, respecto al mismo periodo del año pasado, cuando se despacharon 20.729 toneladas, es decir, un crecimiento de 207%”, precisa el reporte.

En abril de 2018, a partir de la política de diversificación portuaria impulsada desde el Estado, se comenzó a mover carga boliviana de importación por primera vez por Ilo, constituyéndose en una nueva opción para el tránsito de mercancías del país.

“Bolivia reactivó este año el comercio exterior por el puerto peruano de Ilo, con en el objetivo de reafirmar, como alternativa a sus exportaciones e importaciones, luego de la caída en 2020 por la pandemia del COVID-19 y la desatención del gobierno de facto de Jeanine Áñez”, afirmó el gerente ejecutivo de la ASP-B, Dante Justiniano.

A decir del ejecutivo de la estatal boliviana, esta gestión se decidió intensificar el movimiento de carga por diferentes puertos, generando acciones operativas, logísticas y comerciales que permiten cimentar de mejor manera la posibilidad de acceso a ultramar, a pesar de la condición mediterránea que tiene el país.

De acuerdo con los datos oficiales, continuó Justiniano, se proyecta superar hasta fin de año más del 250% de incremento del movimiento de carga boliviana por el puerto de Ilo lo que, en su criterio, fortalecerá el comercio exterior por ese astillero con la recepción, como despacho, de carga y una atención personalizada.

Con el objetivo de diversificar las actividades portuarias, la ASP-B, a través de su personal operativo en el puerto Ilo en Perú, logró romper un récord histórico en la media jornada del 7 de julio pasado con el movimiento de carga de 1.454 toneladas métricas concentradas en 52 camiones.

El gerente ejecutivo de ASP-B consideró que ese movimiento de carga de exportación e importación por ese puerto peruano es muestra de la reactivación del comercio exterior, lo que contribuye a la dinamización de la economía boliviana.

“La ASP-B reafirmó su objetivo de diversificar las actividades portuarias para fortalecer e integrar el comercio exterior y sostener atracaderos alternativos respecto a los tradicionales puertos chilenos de Arica e Iquique”, señala el boletín de prensa.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, advirtió este sábado que el paro anunciado por el Comité Cívico Pro Santa Cruz, para el 11 de octubre, causará una pérdida de más de Bs 6 millones solo para esa Cartera de Estado.

“Haciendo una suma por día de paro, solamente en mi sector, en el sector de Obras Públicas, Servicios y Vivienda las pérdidas son por más de 6 millones de bolivianos”, reprochó Montaño en conferencia de prensa.

Señaló que el paro cívico convocado principalmente por el gobernador cruceño, Luis Fernando Camacho, y el presidente del Comité Cívico, Rómulo Calvo, es estrictamente político, toda vez que solo buscan una excusa para ocultar los delitos que cometieron durante el golpe de Estado.

En caso de consumarse el paro cívico en el departamento de Santa Cruz, dijo que se generaría una pérdida económica de Bs 6 millones en el sector aéreo y transporte terrestre. Mientras que, a nivel general, en un solo día de paro Santa Cruz perdería más de $us 32 millones y a nivel nacional $us 112 millones.