El Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), entidad bajo tuición del Ministerio de Planificación del Desarrollo (MPD), informó este miércoles que al 30 de septiembre de 2021 logró ejecutar Bs 425 millones, que representan el 84% de su presupuesto vigente de inversión pública, que incluye desembolsos de programas propios y de fideicomisos, cumpliendo de esa manera las metas establecidas por el Gobierno nacional. 

El reporte financiero del FNDR señala que la ejecución de la inversión pública de los programas Vivir Bien, Fondo Vial, Programa de Recuperación de Inversiones del Japón (PRIJ) y del PPISB, entre enero y septiembre de 2021, alcanzó a Bs 83,50 millones, el 71,69% del presupuesto vigente, que alcanza a Bs 116,47 millones. 

“A la ejecución de inversión pública de los programas del FNDR se deben sumar los recursos desembolsados a través de los fideicomisos, que al 30 de septiembre de 2021 alcanzaron los 342,29 millones de bolivianos”, detalla un reporte de la entidad. 

Los montos desembolsados contemplan pagos realizados de planillas de proyectos de inversión y el financiamiento de aportes locales. 

Los niveles de ejecución de recursos de inversión pública alcanzados por el FNDR representan un aporte institucional importante para la reactivación económica del país, impulsada desde los gobiernos municipales y departamentales.

El viceministro de la Micro y Pequeña Empresa, Nelson Aruquipa, informó que este miércoles se iniciarán los cursos de capacitación para el registro de empresas nacionales que quieran proveer productos a los funcionarios públicos, mediante la aplicación (app) móvil “Consume lo nuestro” del bono de refrigerio.

“Vamos a dar un curso de capacitación de la forma de registro de los proveedores y cómo nuestras unidades productivas, micros, pequeñas, medinas, grandes tienen que registrarse”, dijo en contacto con Patria Nueva.

Explicó que las capacitaciones se iniciarán esta jornada en el eje central del país; es decir, en la ciudad de La Paz, en el auditorio del Centro de Comunicaciones, localizado en la avenida Mariscal Santa Cruz, a partir de las 18.00.

En Cochabamba, la capacitación será en la sede de la Federación Departamental de la Micro y Pequeña Empresa (Fedemype), ubicada en la calle Aroma, entre San Martin y Lanza, desde las 16.00. En Santa Cruz, en las oficinas del exConaltid, en el Segundo Anillo, esquina San Aurelio, a partir de las 15.00. 

“Un llamado, una convocatoria a todos nuestros productores, para llenar la base de datos de proveedores para que todos los funcionarios públicos tengamos una gama (de productos) para seleccionar de aquello que queramos comprar”, exhortó.

Señaló que las empresas interesadas también pueden inscribirse de manera virtual ingresando a la página web de Pro-Bolivia: www.probolivia.gob.bo, o apersonándose a las oficinas de esta institución.

Los requisitos principales que deben presentar son el Número de Identificación Tributaria (NIT), un número de cuenta en Banco Unión a nombre del titular de la unidad productiva y el Sistema de Gestión Pública (Sigep).

El 27 de mayo de este año, el ministro de Desarrollo Productivo y Economía Plural, Néstor Huanca, informó que el Gobierno promulgó el Decreto Supremo N° 4513 que dispone que el bono de refrigerio, que es otorgado a servidores públicos, sea destinado a la compra de productos nacionales mediante una aplicación móvil.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este miércoles que el proyecto de Ley Contra la legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo cumple las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (Gafi), que también efectúan otros países del mundo. 

“Nuestra normativa y proyecto de ley cumple con las recomendaciones que cumplen otros países y que ya han puesto en sus leyes respectivas”, dijo la autoridad en rueda de prensa en Santa Cruz.

La viceministra hizo esta aclaración ante declaraciones “falsas” de una exasambleísta, quien indicó que ese proyecto de ley sería una copia de la “Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo” de Venezuela.

“Tenemos que desmentir de forma categórica esta aseveración que se ha hecho porque demuestra en primer lugar un desconocimiento sobre lo que son las leyes de Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo y Armas de Destrucción Masiva en cumplimiento de países que no estamos hablando solamente de países de Latinoamérica sino a nivel mundial”, sostuvo.

Explicó que ese proyecto de ley cumple con estándares que deben tener todos los países como el caso del “Sujeto Obligado” que se da tanto en Bolivia, México y Chile, con los mismos parámetros. 

“En este sentido, nosotros aclaramos que nuestra ley tiene por objeto primero unificar lo que ya son disposiciones existentes en cuanto a Legitimación de Ganancias Ilícitas; y, segundo, en aquellos casos, y eso quiero aclarar, que no tuviéramos esta normativa estamos incorporando aspectos que están en las 40 recomendaciones (del Gafi)”, sostuvo.

Señaló que ese proyecto de ley tiene la finalidad de investigar dineros obtenidos de delitos como narcotráfico, trata y tráfico de personas, venta de órganos, que realmente dañan a la sociedad, por lo tanto la norma no afecta a sectores como gremiales, transportistas, entre otros que generan ingresos al día.

“Nosotros no estamos yendo en contra de lo que establece nuestra Constitución y no estamos tampoco incorporando aspectos más allá de los que ya se encuentran en nuestro marco normativo y estamos incorporando aquellos aspectos que nos pide el Gafi en el caso de las 40 recomendaciones”, agregó.

La viceministra de Pensiones y Servicios Financieros, Ivette Espinoza, aclaró este miércoles en Santa Cruz que el proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas no afecta a sectores y personas que trabajan con honradez y generan su patrimonio de manera lícita.

“Estamos nuevamente en Santa Cruz para hacer la socialización del proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas. Hoy, tenemos una reunión con transportistas porque se ha desinformado a la población, se les ha hecho creer que esta es una ley para perseguirlo, despojarlos de sus bienes y patrimonios, cosa que es absolutamente falso”, refirió la autoridad.

Detalló que la normativa es una recopilación de leyes y reglamentos que se aplican en el país desde 1997 y que desde entonces no se ha perseguido, en ningún momento, a gremiales, choferes o alguna persona que realiza su actividad de manera lícita.

“Lo que se está confundiendo, es decir, que si no emites factura o compraste algo sin factura ya eres sujeto de investigación, cosa que es absolutamente falsa (…). Entonces, en ese sentido, estamos haciendo conocer estos aspectos y también recibiendo propuestas y preocupaciones de la población”, aclaró Espinoza.

Informó que como Gobierno nacional se promueven encuentros en los diferentes departamentos y ciudades del país para explicar y dar a conocer los alcances y beneficios que tiene el proyecto de ley.

“El lunes, nos reunimos en gremiales, hemos estado en Oruro, Tarija, El Alto e incluso sostuvimos reuniones con la asociación de iglesias evangélicas en Cochabamba para aclarar el contenido de la norma”, dijo.

En esa línea, llamó a la población a no dejarse engañar por versiones de algunos políticos y opinadores que solo buscan confrontar a la ciudadanía con versiones erradas sobre el contenido y la finalidad que tiene la ley.