Foto: Captura de Bolivia TV

Dirigentes de los sectores del transporte y gremial de Santa Cruz rechazaron este miércoles las advertencias de quienes convocan a movilizaciones e intentos de paro contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

El dirigente gremial cruceño José Luis Maturano aseveró que su sector descarta cualquier tipo de movilización debido a que las medidas de protesta son contrarias a la reactivación económica.

“Hemos determinado que no vamos a acatar ningún paro, ninguna movilización; más al contrario, nos declaramos en estado de emergencia”, aseveró en entrevista con Bolivia TV.  

“El paralizar un día es atentatorio contra nuestra economía, nos está costando levantar las ventas en nuestros mercados”, dijo.

Mario Guerrero, dirigente del transporte urbano de Santa Cruz, señaló que en la víspera un ampliado determinó descartar cualquier medida que paralice la dinámica económica del sector.

“Que esté tranquila la población cruceña, el transporte va a ser normal, 140 líneas que prestamos (servicio en) el transporte de micreros, trufis, minibuses, motos”, confirmó al canal estatal.  

En el mismo medio, Antonio Baldelomar, dirigente del transporte pesado de Santa Cruz, dijo: “Con relación a los otros sectores que hacen referencia al paro del día jueves, creemos que es una medida más política, más protagonista, buscando algunos intereses particulares”.

El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y Consumidor, Jorge Silva, denunció este miércoles que el paro anunciado por algunos sectores sociales para el jueves en contra de la Ley 1386 es promovido por dirigentes políticos que buscan desestabilizar al Gobierno. 

En contacto con Red Uno, explicó que esa ley aprobada en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), sancionada y promulgada, no afecta “absolutamente” a nadie de los sectores que actualmente se movilizan, que son los gremiales, transportistas y mineros.

“Esta ley no afecta a esos sectores de ninguna manera, pero están siendo utilizados por dirigentes que no representan intereses de estos sectores, son dirigentes que representan intereses de una corriente política golpista que existe en nuestro país y que está buscando desestabilizar al Gobierno del presidente Luis Arce”, lamentó.

Señaló que dicha normativa posiblemente afecte a quienes se dedican al narcotráfico, a la trata y tráfico de personas, falsificación de dinero, corrupción, contrabando, entre otras actividades ilícitas.

“Pero no (a) los gremialistas, no (a) los mineros, no (a) los transportistas que trabajan 16, hasta 20 horas para ganarse su platita bien habida; esta ley, no afecta a esos sectores de ninguna manera”, reiteró.

Señaló que el paro de actividades no afecta a las personas que tienen un sueldo “intacto” cada mes, sino a estos mismos sectores que deben ganar a diario para llevar el pan de cada día a sus hogares.

“Esta ley fue tratada en abril en la Asamblea Legislativa Plurinacional, han pasado seis meses y nos preguntamos dónde estaban los senadores (y) los diputados de la oposición para denunciar que esta ley es atentatoria contra los gremiales, contra los transportistas o mineros”, cuestionó.

Exhortó a esos dirigentes políticos, que amenazan con movilizaciones, que hagan saber cuáles de los siete artículos de la norma afecta a estos sectores; asimismo, lamentó que se promueva desinformación respecto a la normativa. 

El domingo, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, reiteró la invitación al diálogo a sectores que activaron un estado alerta en rechazo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas, e insistió en que un paro ocasionaría una pérdida económica para el país de $us 112 millones por día.

El Ministerio de Hidrocarburos y Energías afirmó este martes, mediante un comunicado, que esa Cartera de Estado evalúa permanentemente la política energética del país y cumple sus funciones establecidas en el Decreto Supremo N° 4393.

“Entre las atribuciones referidas en la normativa está normar, en el marco de su competencia, la ejecución de la política energética del país; supervisar, controlar y fiscalizar la exploración, producción, transporte, almacenaje, comercialización, industrialización, distribución de gas natural por redes, así como el uso y destino de los hidrocarburos y sus productos derivados; supervisar, controlar y fiscalizar a las empresas e instituciones bajo su tuición y dependencia”, señala el comunicado.

Según ese reporte, el Ministerio vela por garantizar el abastecimiento de hidrocarburos y de energía para el consumo interno y para el cumplimiento de compromisos externos. 

“Solo así se podrá seguir garantizando desarrollo y bienestar para el pueblo boliviano”, enfatiza.

De acuerdo con esa entidad gubernamental, el sector energético nacional “marcha bien”; es decir, que crece cada vez más la cobertura eléctrica para los hogares de las familias bolivianas; asimismo, el Programa Nacional de Conversión a Gas Natural Vehicular (GNV) sigue avanzando. 

“El sector hidrocarburos y energía es fundamental en el desarrollo de nuestra nación. Sus decisiones y proyectos son la garantía de avances económicos y sociales para Bolivia y para su gente”, indica. 

Remarca que “cada licitación adjudicada, cada exploración, proyecto y venta es lo que lleva alimentos a la mesa de millones de bolivianos”, fortalece la productividad y posicionamiento ante la región y el mundo y genera las divisas que se traducen en inversión pública.

(Foto: Prensa Latina)

Representantes de sectores sociales de Santa Cruz y Tarija rechazaron el paro convocado para el jueves porque es una medida política y expresaron su respaldo a la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas. 

“Ahora esta ley más que quieran observar, entonces ¿en qué queda nuestro país? (…). Creo que no amerita estas movilizaciones, para mí es una movilización política”, manifestó la ejecutiva de mujeres “Juana Azurduy” de Santa Cruz, Adriana Arias, en contacto con Bolivia Tv.

El asambleísta departamental de Santa Cruz, Edwin Muñoz, señaló que esa normativa se lleva adelante desde hacer varios años, por lo que tomar medidas, como paro de actividades en contra, es un intento de convulsionar al país.

“Aquí ya es un intento de querer convulsionar al país y por ese medio llegar a una desestabilización y, obviamente, llegar a un posible golpe, que eso es lo que en este momento planifica la derecha en Bolivia”, manifestó.

Por su parte, el secretario general de la Central Obrera Departamental (COD) de Tarija, Roberto León, sostuvo que ante una importante ley de esa categoría “el que nada debe, nada tiene que temer”.

“Bajo esa lógica nosotros estamos respaldando, lo que ellos (la oposición) quieren es tratar de desinformar a la población, tratar de desinformar a los mismos sectores sociales, para decir que eso les va a afectar en el futuro, es totalmente falso”, dijo.

Sectores sociales como transportistas y gremiales anunciaron un paro para el jueves en contra la Ley 1386. Ante esa situación, el Gobierno convocó al diálogo, tomando en cuenta que ese tipo de medidas ocasionan una pérdida económica para el país de $us 112 millones por día.