El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, señaló este miércoles, que los políticos “con intereses ocultos”, son los que generan miedo en varios sectores de la población, al cuestionar la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“Mañana (jueves), con seguridad habrá influencia de políticos opositores. Yo quiero recordar a mi pueblo, a mis hermanos transportistas y a mis hermanos gremiales, que hace más de 96 años venimos trabajando y luchando contra lo ilícito y estas ganancias ilícitas provienen del narcotráfico, de la trata y tráfico y contra eso siempre se luchó”, enfatizó, según un boletín. 

Asimismo, cuestionó el discurso de la oposición, cuando vertían acusaciones de terrorismo.

“Recordarle a la oposición cuando nos decían a nosotros que éramos terroristas y ahora que se aprobó la ley en contra de los terroristas, son ellos los que ahora meten miedo”, dijo el ministro.

Mencionó que se reunió con sectores del transporte federado, libre y corporativizado y todos coincidieron en evitar cualquier movilización, porque solo generará pérdidas económicas al país.

“Muchos hermanos dirigentes me dijeron que no acatarán la medida (del paro para el jueves); por lo tanto, para aquellos sectores que trabajarán normalmente el día mañana, pediremos que les den seguridad y resguardo”, señaló. 

Adelantó que sostendrá reuniones con la dirigencia del transporte a nivel nacional, con el fin de analizar las dudas que tengan sobre la Ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y el Financiamiento del Terrorismo.

“Analizaremos cuáles serían los miedos que tienen a la Ley 1386 y debatiremos en una mesa de diálogo como siempre lo hemos realizado (…). Tenemos que seguir trabajando para el pueblo boliviano”, acotó. 

Remarcó que el sector del transporte terrestre y aéreo, en caso de paralizar sus actividades, generaría una pérdida económica diaria de más de Bs 7 millones.

El Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras (MDRyT), a través de la Unidad de Infraestructura Productiva, Tecnología Local y Mecanización (UIPTLyM), socializa con gobiernos municipales del país el Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola, que inició en 2017 y fue paralizado por el gobierno de facto en 2020.

El jefe de la UIPTLyM, Hugo Cuarite, informó que el objetivo del programa es implementar centros de mecanización agrícola en todos los municipios, bajo competencia de las alcaldías, para prestar servicios al pequeño productor y fortalecer la producción agropecuaria regional.

“El programa tiene tres componentes: el primero, consiste en la transferencia de maquinaria, equipos e implementos agrícolas a los municipios; segundo, es la transferencia de capacidades técnicas (manejo de equipos y maquinaria); y tercero, es el seguimiento y evaluación del programa”, explicó Cuarite en conferencia de prensa.

En ese punto, detalló que el primer componente fue cumplido en los años 2017 y 2019 con la entrega de maquinaria a todos los municipios del país, al igual que el segundo componente.

“Estamos en proceso del tercer componente, estamos evaluando si estos equipos cumplen su función y las alcaldías apoyan a los productores. Para esto, hemos generado visitas in situ para verificar el funcionamiento de estos centros municipales de mecanización”, dijo.

Este trabajo concluirá a fin de mes, y consiste en relevar información para verificar qué más falta a los municipios para fomentar la actividad agrícola y productiva.

“El MDRyT encara este tipo de programas para paliar de alguna manera las necesidades y demandas que se tienen en el sector agropecuario. Estos programas hacen que lleguemos directamente al productor para fortalecer su actividad”, acotó Cuarite.

Entre el 2017 y 2019 el Gobierno nacional, mediante el MDRyT, invirtió Bs 330 millones en la entrega de maquinarias, implementos y capacitación técnica a través del Programa de Centros Municipales de Servicios en Mecanización Agrícola.

“Durante el periodo del Gobierno de facto este programa fue paralizado y lo estamos reactivando por mandato del presidente Luis Arce. Actualmente estamos socializando el programa con las nuevas autoridades municipales para que conozcan su finalidad”, concluyó el titular de la UIPTLyM.

El presidente del Estado, Luis Arce Catacora, destacó este miércoles que 917.225 se hayan incorporado al mercado laboral de Bolivia, entre agosto de 2020 y 2021, lo que significa que los “esfuerzos por aumentar el empleo están dando resultados positivos”.

“Nuestros esfuerzos por aumentar el empleo están dando resultados positivos. 917.225 personas se incorporaron al mercado laboral en #Bolivia entre agosto/20 y agosto/21. Son empleos en los rubros de industria, comercio, construcción, transporte y alimentos (sic)”, escribió el jefe de Estado en su cuenta en Twitter.

El lunes, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, informó que cerca de un millón de personas se incorporaron al mercado laboral como resultado de la reconstrucción de la economía nacional.

Por otra parte, la tasa de desempleo a julio de 2020 llegaba a 11,6%, pero a agosto de 2021 se redujo a 6,5%; es decir, que disminuyó en 5 puntos porcentuales (pp), recordó la autoridad del sector. 

“Esto está mostrando que sectores como la construcción, la manufactura, el comercio, el transporte, la minería, que absorben mano de obra, están capturando mucho de este empleo y se está reflejando en este descenso de la tasa de desocupación en la economía”, apuntó.

La Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) apoyó la lucha contra el contrabando que realiza el Gobierno nacional en la frontera con Argentina, ante el decomiso de 11 camiones cargados con maíz que habrían ingresado al país de forma ilegal. Además, rechazó las protestas y bloqueo de carreteras en Yacuiba (Tarija) para la devolución de esos motorizados. 

Oscar Mario Justiniano, presidente de la CAO, afirmó que la lucha contra el contrabando debe ser frontal, porque afecta de forma directa a la producción nacional, la inversión de productores cruceños y bolivianos que, con la inyección de recursos en el país, generan cientos de empleos.

“Asimismo, felicita al Viceministerio de Lucha Contra el Contrabando, por su accionar conjunto a la Aduana Nacional, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal de Bolivia (INIAF), el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) y la Policía Boliviana”, detalla un reporte de la CAO. 

Adicionalmente la institución manifestó que respaldará toda acción que busque frenar el contrabando y lamentó que se utilice la presión social para intentar validar el ingreso ilegal de productos “que tanto dañan al sector productivo”.

Recordó que, desde junio, ante el ingreso constante y masivo de contrabando, como institución se advirtió el riesgo de miles de empleos dignos y estables que repercuten en la economía de las familias bolivianas y se plantearon siete acciones concretas para frenar la actividad ilegal.

Entre ellas que el Senasag y Aduana puedan intervenir mercados, decomisar y modificar la cuantía sancionadora de tributos omitidos para calificación del ilícito puesto que eso genera la pérdida de aproximadamente $us 400 millones al sector agropecuario. 

También se presentó un proyecto de ley a la Cámara de Senadores para que pueda ser analizado, tratado y aprobado según procedimientos constitucionales.