En el marco de la universalización de los servicios básicos, impulsada por la reactivación económica fijada por el presidente Luis Arce Catacora, en el primer año de gestión se retomaron las obras para expandir la cobertura eléctrica en el país, por lo que se prevé que hasta diciembre llegue al 94,6% de los hogares bolivianos.

De acuerdo con el informe Más Energías Para Salir Adelante del Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), con base en el primer año de gestión, las inversiones realizadas en el sector eléctrico para este 2021 permiten llegar al 99,6% de cobertura en zonas urbanas y al 83,5% en el área rural, llegando a un total de 94,6% en todo el territorio nacional.

En 2015, la cobertura eléctrica nacional alcanzaba al 86,5% de la población y se fue incrementando hasta llegar al 93,5% en 2019.

En el área urbana pasó de 97,3%, en 2015, a 99%, en 2019; mientras que en el área rural se incrementó de 70,1% a 79,9% en el mismo periodo de tiempo.

“Durante el gobierno de facto los proyectos de generación eléctrica se paralizaron y se vieron afectados por nefastas decisiones de las autoridades que manejaron a la Empresa Nacional de Electricidad (ENDE) y sus subsidiarias a su antojo sin cumplir su función principal”, refiere el informe

No obstante, tras la recuperación del Gobierno democrático en Bolivia, una de las prioridades del Ministerio de Hidrocarburos y Energías fue reanudar las obras del tendido eléctrico para llegar con electricidad a nuevos hogares bolivianos.

Cabe destacar que el crecimiento de la demanda conlleva nuevas conexiones eléctricas, al igual que la demanda interna de este servicio básico crece constantemente; por ello, el Gobierno trabaja arduamente para alcanzar el 100% de cobertura nacional en cumplimiento de lo que establece la Constitución Política del Estado.

Los municipios de Santiváñez (Cochabamba), Huanuni (Oruro), San Pedro de Quemes y Vitichi (Potosí) firmaron contratos de financiamiento con el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) para acceder a recursos del Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (FARIP).

Los contratos fueron suscritos por el director general ejecutivo del FNDR, Edson Valda, y los alcaldes Marcial Encinas (Santiváñez), Ever Colque (Huanuni), Humber Quispe (San Pedro de Quemes) y Silverio Donaire (Vitichi), informó el FNDR, entidad operativa del Ministerio de Planificación del Desarrollo.

Un total de Bs 6,8 millones serán financiados con el FARIP para cubrir los aportes locales de proyectos que ejecutan de forma concurrente con el nivel central del Estado.

“El financiamiento para el municipio de Santiváñez alcanza a 4,85 millones de bolivianos, recursos con los que se pagarán las contrapartes de siete proyectos, entre ellos los de construcción de sistemas de riego, agua potable, alcantarillado, represa y puente vehicular, que se encuentran en ejecución, a cargo del Fondo de Inversión Productiva y Social (FPS), de la Entidad Ejecutora de Medio Ambiente y Agua (Emagua) y del Fondo Nacional de Desarrollo Integral (Fonadin)”, refiere el reporte.

En el caso del municipio de Huanuni, el financiamiento alcanza a Bs 963.394, que cubrirá el aporte local de los proyectos de construcción de presa y sistema de riego de Huayllamarca, y del sistema de alcantarillado sanitario de Viluyo, que están siendo ejecutados por el FPS.

Para el municipio de Vitichi el financiamiento totaliza Bs 912.569, recursos con los que se pagará el aporte local de los proyectos de construcción de presa y sistema de riego Chalavi, y del sistema de agua potable Yelma - Miranda - Postapampa, cuyas obras, ejecutadas por el FPS, ya fueron concluidas.

Para el municipio de San Pedro de Quemes el financiamiento alcanza a Bs 135.708, monto con el que se pagará el aporte local del proyecto de construcción de los sistemas de agua potable de Kana Dieguillo Paco Paco, que se encuentra en ejecución, y de Bombeo Ladislao Cabrera, que ya está concluido, ambos a cargo del FPS.

Entre las condiciones de financiamiento del FARIP se tiene una tasa de interés fija anual del 2% y un plazo de pago de 18 años, en los que se incluye un periodo de gracia de dos años. 

El FARIP fue creado mediante Ley 1389 con un monto de Bs 2.000 millones, recursos que, por encargo del Ministerio de Planificación, en su calidad de fideicomitente, serán administrados por el FNDR como fiduciario.  

Estos fondos serán destinados a financiar las contrapartes locales de proyectos de inversión pública, que cuenten con financiamiento externo y/o interno que sean ejecutados de forma concurrente con el nivel central del Estado.

Dos personas fueron detenidas, el pasado domingo 31 de octubre, por efectivos policiales y fiscales en Riberalta (Beni), y trasladadas a la ciudad de La Paz, resultado de una denuncia interpuesta por el Banco Unión en agosto pasado, informó este viernes esa entidad financiera.

“El pasado 27 de agosto, en conferencia de prensa, Banco Unión S.A. dio a conocer a la opinión pública sobre la aprehensión de cinco personas involucradas en la sustracción de efectivo de la agencia Riberalta y, en pasadas horas, se aprehendió a dos nuevos sindicados, D.M y C.M., con lo que suman siete involucrados”, señala una nota de prensa.

Cabe puntualizar que el dinero sustraído, que asciende aproximadamente a Bs 700.000, fue repuesto en su totalidad a la persona afectada.

Al momento, todos los involucrados cumplen detención preventiva mientras prosigan las investigaciones para determinar las responsabilidades y penas de acuerdo a la normativa vigente.

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Édgar Montaño, saludó este viernes al sector transportista del país, que le dijo "no al paro político y sí a la reconstrucción de la economía boliviana".

“Aquí está presente el transporte de Bolivia diciéndole al Comité Cívico de Santa Cruz 'no más al golpe de Estado, no más a ningún paro político'”, dijo la autoridad, en una rueda de prensa, que ofreció desde su despacho junto con la dirigencia de ese sector.

Montaño saludó también a los ejecutivos de la Confederación Nacional de Choferes de Bolivia, de la Federación Nacional de Cooperativas de Transporte, del Transporte Libre, además del Transporte Pesado por apoyar la reactivación económica y decidir trabajar con normalidad.

“Estamos aquí completos. Todos los hermanos del transporte le están diciendo sí a la reconstrucción del pueblo boliviano, después de un golpe de Estado, que obviamente nos ha retrasado en todas nuestras actividades”, enfatizó. 

Remarcó que los transportistas del país le dicen “no a los sus grupos golpistas” que hasta ahora no aceptan que perdieron en las urnas de las elecciones de octubre de 2020.

“Aprendan a perder señores golpistas del Comité Cívico de Santa Cruz, y en ese entendido, las actividades van a ser normales el día lunes porque además de eso nuestro hermano presidente (Luis Arce) y nuestro hermano vicepresidente (David Choquehuanca) van a dar su informe después de un año de gestión”, señaló.

Por su parte, el ejecutivo de la Confederación de Choferes de Bolivia, Ismael Fernández, manifestó que tras un ampliado nacional ese sector decidió no acatar a ningún paro convocado por instituciones ajenas o con “apetitos políticos”.

“El transportista necesita trabajar, el transportista necesita reinyectar su economía. Por aquello, el transporte sindicalizado, como siempre va a brindar el servicio, no va a ir a ningún paro”, puntualizó el dirigente. 

Algunos sectores sociales convocaron a un paro nacional indefinido desde el lunes 8 de noviembre contra la Ley 1386 de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento del Terrorismo. Al conocer esa medida, otros rubros como los gremiales y médicos también rechazaron la medida.