El Proyecto Eólico Santa Cruz, que comprende los parques de Warnes, San Julián y El Dorado, aporta 108 megavatios (MW) de energía eléctrica al Sistema Interconectado Nacional (SIN) y convierte al departamento en el estandarte de Bolivia para la generación de energías limpias y amigables con el medioambiente.

“Vemos el potencial eólico que hay en la zona y hemos implementado estas obras importantes que generan energías renovables; gracias a ese potencial es que se tiene previsto ampliar los parques y en este momento estamos en proceso de licitación del proyecto Warnes 2, que duplicará su actual potencial”, mencionó el ministro de Hidrocarburos y Energías, Franklin Molina.

En septiembre, el Gobierno nacional puso en marcha los parques eólicos Warnes, que cuenta con cuatro aerogeneradores y produce 14,4 MW de potencia con una inversión de Bs 206,1 millones, y San Julián —municipio de Cotoca—, compuesto por 11 aerogeneradores que permiten inyectar 39,6 MW al SIN gracias a una inversión de Bs 489,4 millones. 

El viernes 5 de noviembre, el presidente Luis Arce inauguró el proyecto eólico El Dorado en el municipio de Cabezas, que tiene 15 aerogeneradores y produce 54 MW, lo que lo convierte en el más grande del país con una inversión de Bs 654,1 millones.

Para el Gobierno es una prioridad la implementación de energías alternativas para reducir el consumo de combustibles fósiles en la generación eléctrica, en el marco de la estrategia del cambio de la matriz energética que lleva adelante el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), refiere un reporte de esta cartera de Estado.

“Los efectos en el cambio climático son producto del mal aprovechamiento de los recursos naturales en el mundo. Por eso, Bolivia pretende dar un buen uso a las energías renovables como son la eólica, solar, hidroeléctrica y biomasa, porque emiten menos dióxido de carbono (CO2) y reducen la contaminación ambiental”, manifestó Molina.

También adelantó que el Gobierno nacional prevé ampliar el parque El Dorado con una segunda fase que permitiría generar otros 54 MW de potencia. Además, está en proceso de licitación el proyecto para construir el parque eólico La Ventolera, en Tarija.

“Bolivia asume con responsabilidad su compromiso internacional, queremos disminuir las emisiones de CO2 y por eso estamos incorporando estos proyectos de energías limpias y amigables con el medioambiente para transformar nuestra matriz energética”, aseveró.

Incrementar la capacidad de generación eléctrica es un objetivo del Gobierno nacional para convertir a Bolivia en un centro energético en la región, que posibilitará incrementar los ingresos para el país.

El presidente del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que desde que se promulgó la Ley 1357, del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), se logró recaudar Bs 240.208.432 de 204 contribuyentes, cuyo patrimonio supera los Bs 30 millones.

“Esta ley establece que los ciudadanos que tiene un patrimonio superior a los 30 millones de bolivianos tengan que pagar un impuesto a las grandes fortunas. En total son prácticamente 204 ciudadanos que tiene un patrimonio superior a los 30 millones, logrando recaudar un total de 240.208.432 bolivianos para las arcas de Estado”, dijo la autoridad.

Mencionó que hubo un desprendimiento de los 204 ciudadanos que aportaron al país, pese a que en un principio hubo una susceptibilidad enorme al no conocer la ley.

“Este ingreso contribuyó de gran de manera a reactivar la economía nacional”, destacó el titular de Impuestos Nacionales.

La ley del Impuesto a las Grandes Fortunas está dirigida a dos tipos de personas: a las que radican en Bolivia y tienen un patrimonio superior a los Bs 30 millones y a las que viven en el exterior y cuenta con un patrimonio mayor a este monto en el país.

El presidente del Servicio de Impuesto Nacionales (SIN), Mario Cazón, informó que al mes de octubre se devolvió Bs 20.667.818 a 58.974 beneficiarios a nivel nacional del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), dispuesto por el Gobierno nacional.

“Esta medida es muy beneficiosa, nuestro presidente Luis Arce Catacora decidió devolver del 13 por ciento del Impuesto al Valor Agregado (IVA) el 5 por ciento a los trabajadores más necesitados, aquellos que ganan menos o igual a 9.000 bolivianos. Son recursos que ingresan a la economía nacional, dinamiza la economía y permite a las familias utilizar estos recursos en lo que necesitan”, dijo la autoridad.

El Re-IVA es un mecanismo de redistribución del ingreso fiscal, diseñado por el Gobierno nacional para canalizar recursos económicos hacia las familias bolivianas que más lo necesitan, dinamizar la demanda interna y reactivar la economía boliviana.

También tiene el objetivo de elevar la emisión de factura por la compra de un bien o servicio, obligación tributaria que es la mejor manera de aportar al crecimiento económico del país.

El viceministro de Planificación, Carlos Guachalla, mencionó que una vez promulgada la Ley del Plan de Desarrollo Económico y Social (PDES) 2021 - 2025, los gobiernos subnacionales y regionales tendrán entre 120 y 180 días para adecuar sus planes de desarrollo y de planificación institucional con base en el PDES.

“Lo que establece la Ley 777, del Sistema de Planificación Integral del Estado (SPIE) promulgada y vigente desde el año 2016, es que los gobiernos subnacionales e instituciones públicas tienen que elaborar planes sectoriales de desarrollo y de planificación en un plazo de 120 a 180 días, mismos que deben estar articulados en el Plan de Desarrollo Economico y Social del nivel central”, dijo.

Acotó que todo ese proceso de articulación debe garantizar el progreso y desarrollo regional y nacional, con base en los 10 ejes planteados por el Plan de Desarrollo Económico y Social 2021 - 2025. 

Entre los pilares del PDES destacó: 1) la reconstrucción de la economía, retomando la estabilidad macroeconómica y social; 2) Industrialización con sustitución de importaciones; 3) Seguridad alimentaria con soberanía, promoción de exportaciones con valor agregado y desarrollo turístico.

4) Profundización del proceso de industrialización de los recursos naturales; 5) Educación, investigación, ciencia y tecnología para el fortalecimiento y desarrollo de capacidades y potencialidades productivas; 6) Salud y deportes para proteger la vida con cuidado integral en tiempos de pandemia; 7) Reforma judicial, gestión pública digitalizada y transparente; seguridad y defensa integral con soberanía nacional; 8) Medio ambiente sustentable y equilibrado en armonía con la Madre Tierra.

9) Integración y relaciones internacionales con soberanía; y 10) Culturas, descolonización y despatriarcalización, para la revolución democrática cultural. 

“Estos lineamientos de política económica y social nos permitirán un crecimiento promedio del Producto Interno Bruto (PIB) de 5,1 por ciento hasta el año 2025. Además, una reducción de la pobreza moderada al 19 por ciento, y al 5,3 por ciento de pobreza extrema, así como reducir la desigualdad de ingresos a 0,42 por ciento”, dijo. 

Guachalla destacó que el PDES se basa en la Constitución Política del Estado, la Ley Marco de Autonomías y la Ley 777, por lo que no vulnera o atenta ningún derecho autonómico de las entidades territoriales e instituciones públicas.

“Además establece que los planes de las diferentes entidades deben ser adecuados, elaborados, formulados y ejecutados en concordancia con el Plan de Desarrollo Económico Social 2021 - 2025, disposición normativa que ya fue ejecutada en el anterior ciclo de planificación 2016 - 2020, donde las entidades territoriales autónomas remitieron sus Planes Territoriales de Desarrollo Integral (PTDI) al nivel central”, recalcó.