La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, dijo que el paro que insisten en llevar adelante los cívicos de Santa Cruz pese a la decisión gubernamental de abrogar la Ley 1386, representa una pérdida superior a los $us 100 millones para el país además de que afecta a las familias bolivianas que, si no trabajan un día, esa jornada no pueden llevar alimento s sus hogares.

La autoridad dijo que el año 2019, durante los días que también los cívicos cruceños impulsaron otro paro de actividades, se produjeron daños estimados de $us 2 mil millones que afectaron a la economía boliviana en todos sus niveles.

“Todo paro genera, por supuesto, pérdidas en distintos sectores de la economía, cada paro que se genera a nivel nacional le implica una pérdida de más de 100 millones de dólares”, indicó.

“El año 2019, la pérdida registrada en nuestro Estado Plurinacional de Bolivia, ascendía a más de 2 mil millones de dólares”, añadió.

Explicó que esas pérdidas afectan en mayor o menor medida en la economía estatal, privada, social cooperativa y comunitaria.

Añadió que las más perjudicadas por un paro son las familias bolivianas de escasos recursos económicos.

“La mayor pérdida se la carga a las espaldas de las familias más humildes, las familias más pobres, que viven de su trabajo, que viven de lo que ganan al día, que cada día no trabajado significa no llevar ese día el pan para sus familias”, indicó.

El sábado, el presidente Luis Arce anunció la decisión de abrogar la Ley 1386, tal como solicitaron cívicos cruceños y otros sectores y envío el anteproyecto de norma a la Asamblea Legislativa Plurinacional.

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Rodolfo Mancilla, convocó este domingo a sus bases a realizar sus actividades de comercio con normalidad en todo el país, tras el anuncio de abrogación de la Ley 1386.

“Convocamos a los compañeros gremiales de todo el país a la normalidad; ahora, si después de esta (ley) hay otro (tipo de ley que se quiera hacer abrogar), ya es otro tema, ya es más político”, exhortó el dirigente. 

Advirtió que existen personas que dicen ser dirigentes de los gremiales del país; sin embargo, no representan a este sector porque persiguen intereses políticos. Aseguró que prueba de ello es que se dijeron mentiras sobre esa ley, para generar incertidumbre en este rubro y otros.  

“Seguramente, los que fracasaron los 11 meses del golpismo, quieren seguir dañando al Estado; entonces, tampoco eso vamos a permitir, si tenemos que defender desde las calles los gremiales lo vamos a hacer”, señaló.

Dijo que los gremiales están agradecidos con el Gobierno por la decisión de abrogar la ley de Estrategia Nacional de Lucha Contra la Legitimación de Ganancias Ilícitas y Financiamiento al Terrorismo, la cual —reconoció— no afecta a este sector y otros como los transportistas. 

“Queremos felicitar al presidente del Estado, Luis Arce, noble, por cierto, que comprende la realidad de varios de los artículos, incisos o disposiciones finales. Hubo susceptibilidades en los gremialistas”, acotó.

Lamentó que esas susceptibilidades hayan sido ocasionadas por gente del régimen de facto de Jeanine Áñez, que promovió una serie de mentiras mediante las redes sociales y otros medios, indicando que con esa norma se quitaría bienes como casas, autos.

“Hubo un montón de mentiras sobre la ley, hasta se han inventado la ley del inquilinato, que no existe. Nosotros somos serios como dirigentes y por responsabilidad ya está abrogada la norma”, mencionó.

El director ejecutivo de la Federación de Asociaciones Municipales de Bolivia (FAM-Bolivia), Rodrigo Puerta, informó este domingo que la pérdida económica por cinco días de paro en Santa Cruz alcanza a Bs 50 millones.

“Por día de paro (la pérdida) es de 10 millones de bolivianos y, en estos cinco días de paro, la afectación es de 50 millones de bolivianos”, dijo en entrevista en Bolivia TV.

Explicó que Santa Cruz es la región donde se genera mayor transacción económica. Dijo que con un día de paro el Gobierno municipal es afectado porque cobra impuestos, tasas, recursos propios y el ciudadano afectado por los paros no podrá cumplir con el pago.

“El perjuicio por un día de paro, de manera diaria, para los gobiernos municipales es de 50 millones de bolivianos, por ello apelamos siempre al diálogo y no a este tipo de medidas que afectan a la economía de la población”, aseveró.

Agregó que la prioridad para los gobiernos municipales, en la actual coyuntura, es la reconstrucción de la economía en el país y lucha contra la pandemia del COVID-19.

Mientras grupos con intereses políticos provocan violencia en el país, las empresas públicas continúan operando para sostener la economía del pueblo boliviano. Así lo dan a conocer autoridades y legisladores.

En declaraciones a la Agencia Boliviana de Información (ABI), el diputado cruceño del Movimiento Al Socialismo (MAS), Daniel Rojas, denunció que cívicos y el gobernador Fernando Camacho sostienen algunos bloqueos en Santa Cruz con mentiras y violencia, a través de la distribución de panfletos y amenazas de grupos agresivos que se dan a la tarea de obligar a acatar el paro.

El también diputado cruceño, Patricio Mendoza, denunció que Camacho y cívicos de oposición se dan la tarea de contratar a delincuentes para sostener sus bloqueos en la región de Santa Cruz.

“La oposición sigue financiando, no sabemos de dónde sacan la plata para petardos, movilidades y gente borracha. En diferentes paros y bloqueos, siempre hubo gente borracha. Son gente borracha que bloquea, eso no es un paro, cómo se puede llamar a dos o tres personas que no están ni siquiera en su razón, a esos está contratando Fernando Camacho”, lamentó.

El presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Wilson Zelaya, destacó los logros alcanzados en la estatal petrolera durante estos meses bajo su administración, tanto en la producción como industrialización de los hidrocarburos.

“Este año se lograron mejores ingresos, respecto al año pasado, gracias a la exportación de mayores volúmenes del hidrocarburo y con mejores precios. Además, se estima que la renta petrolera para este 2021 será superior a la del año pasado en un 20%”, resaltó.

“La Planta de Amoniaco y Urea (PAU) se consolida como un pilar importante en la reactivación económica del país con ingresos de hasta $us 22 millones al mes por la venta de urea y la generación de empleos directos e indirectos. La industrialización está en marcha”, destacó YPFB.

A eso se suman las declaraciones del ministro de Defensa, Edmundo Novillo, quien dijo anteriormente que, tras el desastre económico generado durante el régimen de facto de Jeanine Áñez y el paro de los 21 días impulsados por los cívicos cruceños en 2019, se desembocó en una crisis profunda de la economía.

“Tras la llegada de Luis Arce al Gobierno, mediante las urnas, se aplica una política económica que reactiva la economía y coloca al país entre los primeros en crecimiento económico de la región”, destacó.

Una de esas políticas es la reactivación de las empresas públicas, entre ellas YPFB y Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) para el procesamiento y comercialización de gas y el metal blando en los mercados nacional e internacional.

YPFB cuenta con las plantas separadoras de líquidos Gran Chaco y Río Grande además de la PAU; y YLB tiene plantas de Cloruro de Potasio, Carbonato de Litio y Baterías a escala piloto e industrial. Esas industrias están en los departamentos de Santa Cruz, Tarija y Cochabamba.

Por otra parte, el país cuenta con industrias como Yacana, Quipus, Cartonbol (Cartones de Bolivia), Papelbol (Papeles de Bolivia), Envibol (Envases de Vidrio de Bolivia), Eepaf (Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes), Ecebol (Cementos de Bolivia), BoA (Boliviana de Aviación), entre otras, que tras su reactivación reportaron importantes ingresos, según los datos oficiales.