Debido a las políticas asumidas por el Gobierno nacional para reactivar el sector hidrocarburífero, este año se logró incrementar la producción de gas natural de 43 millones de metros cúbicos día (MMmcd) a 47 MMmcd, informó el Ministerio de Hidrocarburos y Energías (MHE), en su informe Más Energía Para Salir Adelante, que hace referencia a los logros alcanzados en el primer año de gestión del presidente Luis Arce Catacora.

En la gestión 2020, producto de las malas decisiones e incapacidad del gobierno de facto, se dio una caída en toda la cadena de producción de hidrocarburos; en gas, de 45 MMmcd a 43 MMmcd y en líquidos de 45 miles de barriles día (Mbd) a 42 (Mbd), que provocó el desabastecimiento interno de gasolina, GLP, diésel oil, refiere el informe.

Otro aspecto de la pésima administración de Jeanine Añez fue la paralización de los distintos proyectos exploratorios de gas y petróleo, así como la paralización y daño a la Planta de Amoniaco y Urea, con un daño económico de más de $us 428 millones a agosto de 2021.

En lo que se refiere a la exportación de gas al Brasil, provocaron un daño económico al Estado de alrededor de $us 70 millones por año, al no incluir los costos de transporte de gas en la octava adenda firmada entre YPFB y Petrobras en marzo de 2020.

“Además, aceptaron la invocación de fuerza mayor interpuesta por Petrobras para disminuir los volúmenes de venta de gas natural al mínimo contractual, provocando una pérdida de ingresos para el Estado durante casi cinco meses”, apunta el reporte ministerial.

Una vez restablecida la democracia en el país, lo primero que se hizo fue garantizar el abastecimiento de combustibles, además de optimizar el uso de gas natural en el mercado interno y maximizar las exportaciones en el marco de los contratos con Brasil y Argentina, sostuvo el ministro de Hidrocarburos, Franklin Molina, citado en el informe.

Otra medida asumida por el actual Gobierno fue lograr la disminución del consumo de gas natural en las plantas termoeléctricas, lo que significa un logro que responde a la nueva política de diversificación de la matriz energética hacia la generación de energía con fuentes renovables, la optimización del uso del gas en el mercado interno y la valorización del precio de nuestro gas el mercado externo y no así (como mencionaron algunos medios que quieren desinformar a la población) por un supuesto desabastecimiento de gas.

Molina afirmó que la prioridad del sector se enfoca en la implementación del plan de reactivación del sector hidrocarburífero boliviano, el cual plantea la ejecución de estrategias a corto, mediano y largo plazo para el incremento de producción.

Adicionalmente, el plan en upstream contempla reactivar la actividad de exploración de hidrocarburos, incrementando la inversión en orden de los $us 400 millones, durante este año, el objetivo del plan es garantizar la sostenibilidad del ciclo de reservas, producción, comercialización de gas natural y productos derivados que permitan mantener la soberanía y seguridad energética y capitalizar las oportunidades de exportación de gas.

El ejecutivo de la Confederación de Gremiales de Bolivia, Juan Carlos García, manifestó este lunes que este sector rechaza el paro promovido por el Comité Cívico Pro Santa Cruz y convocó para el miércoles a una “gran marcha” en defensa del derecho al trabajo y a la libre circulación.

En contacto con Bolivia Tv, el dirigente señaló que el presidente Luis Arce abrogó el sábado la Ley 1386 porque gobierna escuchando al pueblo; sin embargo, hay sectores que promueven la confrontación entre bolivianos.

“Nosotros no vamos a permitir tal caso. Por eso, los mercados ‘Los Pozos’, ‘Mutualista’, ‘Abasto’, ‘La Ramada’, ‘Barrio Lindo’ y otros estamos aquí para convocar a una gran marcha el día miércoles, estaremos concentrados para exigir el derecho al trabajo y el derecho a la libre circulación”, dijo.

Indicó que las autoridades llamadas por ley deben tomar “inmediatamente cartas en el asunto” porque los gremialistas, viven del día; es decir, que cada jornada que comercializan sus productos, llevan el pan para sus familias.  

“Nosotros sí o sí vamos a empezar a trabajar y necesitamos garantías de las autoridades”, acotó.

Por su parte, una gremial expresó que este sector está cansado de la dictadura del Comité Cívico Pro Santa Cruz, por esa situación se movilizará para hacer respetar su derecho al trabajo y a la libre circulación.

“Nosotros necesitamos salir a trabajar y llevar el pan de cada día, tenemos que pagar al banco, no puede ser que unas cuántas personas, que se reúnen en un cuarto oscuro, puedan decidir la situación económica de Santa Cruz y de todos los gremiales”, manifestó.

“Ya nos ha perjudicado bastante el señor Rómulo Calvo con sus absurdas decisiones. No vamos a cerrar más los mercados, vamos a abrir (…). Las cuentas tenemos que pagarlas, nuestras familias están sufriendo. Ya basta, vamos a abrir a partir de ahora todos los días los mercados”, sostuvo otro gremial.

Pese al anuncio de la abrogación de la Ley 1386, el Comité Pro Santa Cruz continúa promoviendo el paro. Este lunes publicó un afiche en el que se lee: “Siempre libres cruceños seamos, el paro no para, abastecimiento los días martes y viernes, horarios de 5.00 a 11.00, anda a pie, día 8 paro multisectorial indefinido”.

Debido a la reactivación de los proyectos de generación de energía, el sector eléctrico está fuerte y robusto para impulsar la industrialización de los recursos naturales como el hierro y el litio, en Bolivia, informó el presidente ejecutivo de ENDE Corporación, Marco Escobar, a la Agencia Bolivia de Información (ABI).

El lunes anterior, el presidente Luis Arce informó que el año pasado la potencia instalada fue de 45 megavatios (MW), mientras que en 2021 se incrementó en 617 MW y se programó incrementar a 671 MW, para garantizar la estabilidad energética del país.

Al respecto, Escobar explicó que esta potencia fue incrementada gracias a la reactivación y conclusión de importantes proyectos de generación eólicos, solares, termoeléctricos, que fueron paralizados por el Gobierno de facto. 

Respecto a la generación de energías limpias, destacó que se concluyó los parques eólicos de Warnes de 14,4 MW, de San Julián de 39,6 MW y de Cabezas “El Dorado” de 54 MW, que en total aportan 108 MW al Sistema Interconectado Nacional (SIN).

Añadió que se inauguró la planta solar fotovoltaica más “alta del mundo” en Oruro con una potencia de 100 MW, además de la conclusión de las plantas termoeléctricas de ciclos combinados de Entre Ríos, Warnes y Del Sur, que incrementan una importante potencia al SIN.

Según el presidente de ENDE Corporación todos estos proyectos fueron concluidos con millonarias inversiones, que generan movimiento en la economía nacional, además de fuentes de empleo, directo e indirecto.

“Son inversiones que generan movimiento en la economía nacional y, como lo ha mencionado el presidente Lucho Arce, la inversión ejecutada en el sector hidrocarburos y energía se ha incrementado en más de 232 por ciento”, remarcó

Agregó que el “plan eléctrico 2025”, que se enmarca en los preceptos de la Constitución Política del Estado (CPE) y los 13 pilares de la Bolivia digna y soberana, considera proyectos a mediano y largo plazo, como la generación para cubrir la demanda interna y la industrialización además de la exportación.

En ese marco, ENDE y la Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) firmaron este año un convenio para el suministro de energía eléctrica al proyecto que industrializará el hierro para abastecer al mercado interno y las exportaciones. 

“También, el litio ha de demandar energía eléctrica; entonces, el sector eléctrico está fuerte, está robusto como para poder ya nomás impulsar la industrialización en el país”, destacó la máxima autoridad de ENDE.

Con las diferentes medidas económicas y sociales implementadas desde diciembre de 2020, Bolivia se recuperó de una crisis profunda y retomó la senda del crecimiento económico con un 9,4% al segundo trimestre de 2021, destacó el presidente del Estado Luis Arce.

Según el Jefe de Estado, las decisiones del Gobierno de facto de Jeanine Áñez y la pandemia del COVID-19 ocasionaron profundas afectaciones en los ámbitos económico y social.

“El viraje de la política económica hacia el retorno del neoliberalismo provocó un quiebre en la trayectoria del crecimiento sostenido del país, que, acompañado de políticas deficientes y ajenas a la realidad nacional, ocasionaron una crisis económica”, sostuvo el lunes durante su informe de primer año de gestión.

Según el mandatario, la cuarentena rígida por el COVID-19 cubrió, en materia económica, la incapacidad con la que se estaba manejando este sector del país desde noviembre de 2019.

“El quiebre en el orden constitucional por supuesto que trajo de la mano de la política neoliberal un quiebre estructural en la economía, y se cierra la gestión 2020 con una contracción del Producto Interno Bruto (PIB) de -8,8 por ciento, la más fuerte desde hace 67 años”, lamentó.

Explicó que, gracias a la recuperación de la democracia, en noviembre del año pasado, se llevaron adelante diversas medidas orientadas a reconstruir la economía, partiendo de un manejo adecuado de la pandemia, que permita retomar la senda del crecimiento.

“Las medidas implementadas respondieron favorablemente logrando retomar resultados positivos para nuestra economía, disminuyendo la profundidad de la crisis que en el segundo y tercer trimestre de 2020 tocaba fondo, con caídas pronunciadas acumuladas del producto de -12,9% y -12,6%, respectivamente”, enfatizó.

Indicó que desde que asumió el Gobierno, a partir del cuarto trimestre de 2020, se retornó de manera paulatina “hacia un horizonte positivo” reflejando los resultados de las medidas implementadas, por lo que, en el segundo trimestre de 2021, Bolivia registró un crecimiento acumulado PIB del orden del 9,4%.

“Entre las medidas adoptadas, apenas asumimos el Gobierno nacional, se restablece inmediatamente el Modelo Económico Social Comunitario Productivo (MESCP) a través de la orientación de una política económica que promueva el dinamismo de la demanda interna”, acotó.

Destacó que con la restitución del MESCP, que establece como pilar del dinamismo de la demanda interna a la inversión pública, se determinó como elemento central la reversión de la paralización de las obras en el país.

“Se alcanzaron registros alentadores en materia de inversión pública, que, en el período de noviembre de 2020 a septiembre de 2021, asciende a un monto de 2.342 millones de dólares, un incremento del 70% en relación a la ejecución registrada en el mismo período durante el gobierno de facto; evidencia clara del viraje en la política económica del país”, puntualizó.

Medidas orientadas a la reactivación económica

Una de las primeras medidas que el Gobierno de Arce implementó fue el Bono Contra el Hambre de Bs 1.000, para apoyar a las personas que se vieron afectadas por la paralización de la economía a causa de la pandemia del COVID-19.

Según los reportes oficiales, entre los meses de diciembre de 2020 y mayo de 2021, un total de 4.035.773 bolivianos, de 18 a 59 años que no perciben un salario público o privado, fueron beneficiados con la cancelación de este bono, con un monto de Bs 4.036 millones.

Al 20 de octubre del presente año, el crédito SIBOLIVIA benefició a 3.793 unidades productivas con Bs 436,4 millones desembolsados, con una tasa de interés anual fija de 0,5%, para la sustitución de importaciones.

Esta medida fue activada con un fideicomiso de más de Bs 911 millones, mediante el Decreto Supremo 4424 del 17 de diciembre de 2020, para reactivar el aparato productivo y económico del país.

Se promulgó la Ley 1357 del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), mediante la cual se logró recaudar Bs 240.208.432 de 204 contribuyentes de La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, Beni, Potosí, Chuquisaca, Oruro y Tarija, cuyo patrimonio supera los Bs 30 millones.

Según el Servicio de Impuestos Nacionales (SIN), este ingreso, recaudado de contribuyentes que cuentan con grandes fortunas contribuyó de gran de manera a reactivar la economía nacional.

A octubre, se devolvió Bs 20.667.818 a 58.974 beneficiarios del Régimen de Reintegro en Efectivo del Impuesto al Valor Agregado (Re-IVA), dispuesto para las personas naturales con un ingreso promedio mensual igual o menor de Bs 9.000 con la devolución del 5% del IVA.

El Gobierno nacional asumió el compromiso con la población boliviana de establecer de manera excepcional la devolución de aportes a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), para cubrir sus necesidades emergentes de la pandemia del COVID-19.

De este modo, las AFP devolvieron un monto de Bs 456 millones a 85.458 asegurados hasta el 3 de noviembre de este año, en el marco de la Ley 1392 del 8 de septiembre de 2021 que crea esta medida.

Asimismo, se constituyó el Fideicomiso de Apoyo a la Reactivación de la Inversión Pública (Farip) de Bs 2.000 millones para las entidades territoriales autónomas, entre ellas las gobernaciones, que sufrieron la caída de sus ingresos “producto del mal manejo de la política económica por parte del Gobierno de facto”.

Redujo el desempleo en el país

El analista económico Mike Gemio destacó que ahora Bolivia, tiene indicadores económicos positivos, respecto al año pasado, como, por ejemplo, la tasa de desocupación que redujo gracias a las políticas del actual Gobierno.

El presidente Arce, indicó que según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de desocupación urbana se incrementó de 4,3% en octubre de 2019 a 11,6% a julio de 2020, lo que implica que 253.000 bolivianos perdieron su fuente laboral durante ese período.

“(Pero) con la recuperación de la democracia en noviembre de 2020, se adoptaron medidas que permitieron a la población boliviana acceder a un empleo; por tanto, la tasa de desocupación urbana se vio disminuida al orden del 6,2% a septiembre de 2021”, resaltó.

Según la autoridad, con la reinstauración inmediata del Modelo Económico Social Comunitario Productivo y con la aplicación de las diferentes medidas, se trabaja en erradicar la pobreza extrema “en todas sus dimensiones”.

Este esfuerzo se vio truncado en 2020, puesto que se observó un retroceso en los resultados obtenidos en gestiones pasadas, incrementando el nivel de pobreza extrema a 13,7% y de pobreza moderada a 39%.

“Con la recuperación de la democracia, se espera que el bienestar de las bolivianas y los bolivianos mejore con el incremento de los ingresos laborales y no laborales, con lo cual la pobreza moderada y extrema se reduciría respecto del dato del año 2020”, señaló.

Las empresas públicas se reactivan y se fortalecen

Según datos del Jefe de Estado, tras ser paralizadas por el Gobierno de facto, las diferentes empresas públicas fueron reactivadas de manera paulatina y ahora fortalecen la producción y la oferta exportable de Bolivia. 

“Estas instalaciones industriales, además de fortalecer la articulación de la producción agropecuaria de las regiones, fortalecerán la oferta exportable con la apertura de nuevos productos”, dijo.

Indicó que, por ejemplo, la Empresa Azucarera San Buenaventura (Easba) —cuyos daños causados por la administración de facto fueron reparados con Bs 35,1 millones—, ahora tiene contratos firmados de ventas por Bs 40,2 millones, gracias a la reanudación de sus operaciones.

Añadió que también se reactivaron proyectos productivos a cargo de la Empresa Boliviana de Alimentos y Derivados (EBA), como las plantas liofilizadoras de frutas, inauguradas en Cochabamba y La Paz con una inversión de Bs 101,6 millones este año.

Resaltó que, con la reactivación de los complejos productivos, hasta septiembre de 2021 se procesaron 9,2 millones de litros de leche, 2,2 millones de litros de néctar de frutas, 460,2 toneladas (t) de miel, 950,1 t de productos derivados y 26,2 contenedores de almendra beneficiada, por lo que se generó Bs 226,3 millones de ingresos por ventas, además se benefició a 3.095 productores.

Por otra parte, gracias a reactivación de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), hasta octubre de la presente gestión, se acopió 247.963 t de granos (maíz, trigo y arroz), que significan un 45% de crecimiento en relación a la gestión 2020.

Fueron reactivadas las operaciones de las compañías, Yacana, Quipus, Cartonbol (Cartones de Bolivia), Papelbol (Papeles de Bolivia), Envibol (Envases de Vidrio de Bolivia), Eepaf (Empresa Estratégica de Producción de Abonos y Fertilizantes), Ecebol (Cementos de Bolivia), BoA (Boliviana de Aviación). 

Además de las corporaciones importantes como ENDE (Empresa Nacional de Electricidad), YPFB (Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos), YLB (Yacimientos de Litio Bolivianos), entre otros.

A esa lista de empresas reanudadas se suma la Planta de Amoniaco y Urea (PAU), construida en Bulo Bulo, Cochabamba, que sufrió un daño económico de más de $us 428 millones por la mala administración del Gobierno de facto.

El complejo petroquímico, una vez puesto en marcha, alcanzó una producción de 49.026 toneladas y se tiene previsto hasta diciembre de 2021, superar a las 201.442 toneladas para abastecer al mercado interno y las exportaciones.

Bonos sociales benefician a la población

Tras asumir el mandato del pueblo boliviano, el Gobierno dio continuidad a las medidas implementadas de política social, como el bono Juancito Pinto, la Renta Dignidad y el Bono Juana Azurduy, además del ya mencionado Bono Contra el Hambre.

De acuerdo con los datos de la Autoridad de Fiscalización y Control de Pensiones y Seguros (APS), al 30 de septiembre de 2021, cobraron la Renta Dignidad más de un millón de adultos mayores.

El mes pasado, el ministro de Educación, Adrián Quelca, informó que el Bono Juancito Pinto beneficiará a 2.370.037 estudiantes de todo el país de las unidades educativas fiscales y de convenio, con una inversión de Bs 486.163.000.

Los recursos para el pago de este bono y otros provienen de las utilidades de las empresas públicas, como por ejemplo YPFB, Emapa, la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (Entel), Ende, la Agencia Boliviana Espacial (ABE), entre otros.

Sector energético se potencia con Bs 5.634 millones

En la gestión del gobierno de facto, la inversión ejecutada en materia de hidrocarburos y energía alcanzó a Bs 1.696 millones; en cambio, para 2021, se triplicó a Bs 5.634 millones, con objeto de potenciar y robustecer el potencial energético del país, según datos del presidente Arce. 

“La producción de gas natural en la gestión 2020 fue de 43,5 millones de metros cúbicos día (MMmcd), en cambio en la gestión 2021 subió a 45,4 MMmcd, es decir se incrementó en un 4,4 por ciento. En cambio, la producción de hidrocarburos líquidos pasó de 41,6 miles de barriles día a 42,9 miles de barriles día, lo que representa un crecimiento de 3,1 por ciento”, destacó.

En materia de renta petrolera, afirmó que subió de $us 1.652 millones a $us.1.918 millones, incremento que representa un 13,9%; siendo un vital aporte que se destina a los tres niveles de gobierno en forma de regalías e IDH (Impuesto Directo de los Hidrocarburos), a las universidades públicas y al pago de la Renta Dignidad.

Asimismo, dijo que la comercialización de gas natural en el mercado interno alcanzó a 11,4 MMmcd, 15,7% más respecto a la gestión anterior.

“En este año de gobierno programamos superar las 89.000 conexiones internas de gas doméstico, en la gestión 2020 fueron de sólo 52.292, superando en 71 por ciento lo realizado en 2020, beneficiando a casi 90 mil familias”, destacó.

Respecto a conversión de vehículos a gas natural vehicular (GNV), informó que en el Gobierno de facto se hizo 2.501 conversiones, pero en lo que va de la gestión 2021 se realizaron 10.170 conversiones, 594% más respecto a la gestión anterior.

Sobre el sector de energía eléctrica, mencionó que en la gestión 2020 la potencia instalada fue de 45 Megavatios (MW), mientras que en 2021 se incrementó en 617 MW y se programó incrementar a 671 MW, garantizando de esa manera la estabilidad energética del país.

“En nuestro primer año, hemos logrado incrementar la potencia efectiva al Sistema Interconectado Nacional (SIN) en un 2.140,7 por ciento, llegando a una potencia de 578 megavatios”, enfatizó.

Avanza la industrialización de litio

De acuerdo con el Jefe de Estado, este año se logrará generar Bs 45,1 millones por la industrialización y venta de productos derivados del litio, como, por ejemplo, cloruro de potasio, carbonato de litio y baterías.

Ello será posible gracias a la reactivación de las operaciones de las plantas, a escala piloto e industrial, instaladas en pleno salar del municipio de Uyuni en el departamento de Potosí, señalan los datos oficiales.

Por su parte, el viceministro de Altas Tecnologías Energéticas, Álvaro Arnez, remarcó que la estatal YLB espera cerrar el año con ventas récord de productos como cloruro de potasio y carbonato de litio.

Según la autoridad, el mundo requiere litio, especialmente por el aumento de la industria de los vehículos eléctricos, por lo que “Bolivia ya no puede soportar un atraso más en el tema del metal blando, el siguiente año si o si se tiene que empezar con las plantas industriales”.

El Mutún, el principal logro en materia minera

El presidente Arce dijo que, al cumplir el primer año de Gobierno, el principal logro alcanzado en materia minera es la reactivación del proyecto “Planta Siderúrgica del Mutún”, en Santa Cruz, luego de una paralización de actividades tras el golpe de Estado.

Destacó que en su gestión se dio inicio a las operaciones productivas del Ingenio Lucianita de la Empresa Minera Huanuni (EMH), cuya capacidad de producción alcanza las 3.000 toneladas de estaño por día.

Además de la construcción de la Planta Concentradora de Minerales (estaño y zinc) de la Empresa Minera Colquiri (EMC), en La Paz, con una capacidad de tratamiento de 2.000 toneladas por día.

Otro compromiso cumplido, dijo el mandatario, es el inicio de las gestiones para impulsar el proyecto de la Planta Refinadora de Zinc en Oruro, en el marco la política de industrialización con sustitución de importaciones.