Paolo Mojica Gutiérrez, quien fue detenido ilegalmente por la Policía durante las jornadas de protesta en 2019, denunció que el gobierno golpista encabezado por Jeanine Áñez encarceló a su hermano durante 67 días en Palmasola, Santa Cruz, y que a consecuencia de este hecho falleció su madre por un infarto.

“Vivimos un calvario (porque) todo era amenazas, persecuciones a nuestra familia, maltrato a familias, hubo corrupción, buscaban cómo sacar dinero de una u otra manera, en eso se produjo la muerte de mi madre de tanta amenaza, quebraron vidrios de mi casa, muere mi madre por verle a su hijo en la cárcel”, manifestó Mojica al programa Somos Democracia que se emite por Bolivia Tv.

Explicó que su madre vivía preocupada, asustada, amenazada y amedrentada por el permanente hostigamiento de la Policía, los fiscales y la violencia de la Unión Juvenil Cruceñista que rompió los vidrios de su domicilio. Ahí sufre un primer infarto.

Al enterarse que su hijo sería trasladado a la ciudad de La Paz se produce otros dos infartos que terminan con su vida: “Nos dijeron que (mi hermano) iba a estar 30 años de cárcel, no solamente en Palmasola sino en La Paz, mi mamá empieza a deteriorarse, se pone mal en la noche la llevamos al hospital, le da dos infartos muere de preocupaciones porque su hijo estaba detenido, muere por pena de su hijo”.

Manifestó que la persecución alcanzó a toda su familia, entre ellos a su progenitora, hijos, hermanos y tíos de parte de los uniformados que les maltrataban, les golpeaban y entre risas le decían: “Pagarán todos los del MAS, ¿dónde está papá Evo?, todo hablaban en contra del proceso de cambio del MAS”.

Denunció que la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen (FELCC), en estrecha colaboración con los fiscales Adán Arteaga, Víctor Hugo Justiniano y otro de apellido Claros, armaron una causa judicial en contra de él y su hermano que fue a parar a la cárcel de Palmasola, acusado de delitos que no cometieron.

“Gracias a Dios pasó esta situación porque la gente vivía asustada y ahora estamos en libertad, pero a un año y medio no se olvida, en ese momento vivimos con temor, no pasó porque tienen miedo hasta de charlar con alguien, pero la vida sigue y hay que sobrellevar”, concluyó.

La jefa de prensa de la Agencia de Noticias Fides (ANF), Nancy Vacaflor Gonzales, recibió Bs 30.000 del gobierno de Jeanine Áñez por concepto de la “Consultoría de Sistematización Periodística de la Unidad de Proyectos Especiales”, trabajo que realizó en tiempo récord.

La red de televisión ATB informó la noche del martes que el contrato entre la comunicadora y el Ministerio de la Presidencia estaba protegido bajo el manto de confidencialidad para evitar que se conozca pormenores y el trabajo fue entregado en un tiempo de 10 días, después de la orden de proceder.

El gobierno de entonces se comprometió a facilitar el acceso a la documentación del trabajo realizado por la Unidad de Proyectos Especiales (UPRE), que ejecutó obras en todos los municipios del país.

Vacaflor entrega, según ATB, el informe final de 18 páginas y un anexo de las obras ejecutadas por el programa Bolivia Cambia, Evo Cumple, fotocopia del contrato de la embajada de la República Bolivariana de Venezuela, la empresa Peemex y el municipio de Pocona, Cochabamba, para la ejecución de un coliseo cerrado y una simple fotocopia firmada entre la UPRE y el Sindicato Mixto de Transporte Expreso Clisa para la construcción de su sede social.

El informe final fue entregado el 12 de febrero de 2020 y la carta está dirigida al entonces ministro de la Presidencia, Yerko Núñez. Una de las conclusiones a la que llegó Vacaflor fue: “Del análisis sobre la Unidad de Proyectos Especiales se concluye que esta entidad se creó para promover el liderazgo del expresidente Evo Morales y establecer una política cercana con gobiernos autónomos departamentales, municipales, regionales y organizaciones sociales”, sin embargo, en los hechos las obras ejecutadas en más de 12 años representaron un impacto económico y social, que se evidencia en el desarrollo regional.

De acuerdo con Vacaflor, el documento “se constituye en un buen insumo de inicio sobre los temas que todavía pueden ser objeto de investigación, referidos a empresas contratadas, obras que se volvieron ‘elefantes blancos’, mecanismos de fiscalización todavía incipientes, entre otros”.

El documento contiene antecedentes sobre la conformación de la UPRE, normativa de la institución, la “mano generosa de Venezuela” y las conclusiones, una de las cuales señala: “Educación fue el área que más inversión recibió en el periodo 2011-2019 con Bs 6.955.345.755 en 3.224 proyectos, de ese total el 57% (1.821) corresponde a la construcción de unidades educativas y aulas, sin embargo, en el conjunto de obras aparece la construcción de una significativa cantidad de tinglados en canchas, canchas polifuncionales, entre otros”.

Vacaflor trabajó en varios medios de comunicación como Educación Radiofónica de Bolivia (Erbol), Página Siete, Agencia de Noticias Fides y otros. La consultoría realizada para el anterior gobierno encendió un debate sobre la relación entre el periodismo y el poder y la compra de conciencias de parte del gobierno golpista.

El ministro de Salud y Deportes, Jeyson Auza, inició este miércoles el pago del Bono Juana Azurduy destinado a mujeres embarazadas y niños de hasta dos años de edad, con el fin de reducir la mortalidad materna infantil.

“Teníamos dificultades en la asignación de este bono, sin embargo, gracias al trabajo arduo realizado por todos aquellos que forman parte del programa Bono Juana Azurduy a nivel nacional, hoy podemos decir que vamos a cancelar (el beneficio)”, manifestó, en una conferencia de prensa.

La autoridad gubernamental destacó que se entregará un total de Bs 34.174.535 a las madres beneficiadas. “Tenemos una proyección de 176.044.450 bolivianos, este es un acto muy importante para el país”, dijo.

Asimismo, Auza resaltó que el beneficio es un factor importante para que las mujeres gestantes asistan a los centros de salud con el fin de que reciban la “mejor atención posible de manera gratuita”.

La concurrencia de las embarazadas a controles permanentes hace posible la reducción de los índices de la mortalidad materna y neonatal, recordó.

El titular de Salud manifestó que esa cartera de Estado no descuidará la cancelación del beneficio, porque tiene el compromiso de trabajar “día a día” por la salud y la vida del pueblo.

La coordinadora nacional del programa del “Bono Juana Azurduy”, Zulema Rodríguez, recordó que el beneficio fue puesto en vigencia con el Decreto Supremo 66 del 3 de abril de 2009, para mejorar la salud materna infantil.

“En el caso de los niños es un monto total de 1.500 bolivianos por cada control bimensual hasta sus dos años. En caso de mujer en estado de gestación, desde el principio del estado de gestación hasta el control post parto, un total de 320 bolivianos”, sostuvo.

La autoridad estatal dijo que la cancelación del bono tuvo más de 2,6 millones de beneficiarios desde 2009.

El Ministerio de Salud reportó este martes que hubo 1.072 nuevos casos de COVID-19 en el país; mientras que 1.467 pacientes se recuperaron en la jornada.

Según el reporte N°380 de esa cartera de Estado, el departamento más afectado es Santa Cruz, con 523 contagios.

Cochabamba presenta 109 nuevos casos; La Paz, 101; Beni, 97; Tarija, 90; Pando, 56; Oruro, 51; Chuquisaca, 33; y Potosí, 12.

Según el reporte de esa cartera de Estado, hay 1.198 pacientes sospechosos, 38.324 activos y 626.918 descartados.

Desde el inicio de la pandemia, en el país se registró un total de 271.419 casos de COVID-19, de los cuales 220.856 se recuperaron y hubo 12.239 decesos.